Ante el respaldo obtenido en las urnas por la coalición encabezada por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que le daría el control del Congreso, en México se ha desatado un intenso debate sobre la posibilidad de que sea aprobado un paquete de reformas propuesto por el oficialismo: el llamado “Plan C”.

Por una parte, los críticos del presidente Andrés López Obrador aseguran que, de aprobarse las reformas propuestas por el mandatario y que buscan aplicar cambios en seguridad y asuntos político electorales, judiciales, educativos y energéticos, entre otros, estas pondría en riesgos los contrapesos que existen en el país.

Por el otro lado, Morena y sus aliados, que obtuvieron un aplastante triunfo en las elecciones del 2 de junio, sostienen que los cambios son necesarios para combatir la corrupción y garantizar derechos, como el acceso a la justicia y a la educación.

Durante las campañas, Claudia Sheinbam, quien se convirtió en la primera mujer en ser elegida presidenta, reiteró en repetidas ocasiones su respaldo al denominado “Plan C” y que una de sus propuestas era preservar el “legado” de López Obrador.

Incluso, en su primer discurso tras obtener el triunfo, Sheinbaum, una aliada histórica de López Obrador, destacó que Morena y los integrantes de la coalición que la llevó a la presidencia, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), contarían con los votos para llevar su agenda legislativa.

Morena tendría los votos para aplicar cambios

De acuerdo con un análisis difundido por la Secretaría de Gobernación, tras los comicios, en conjunto, Morena y sus aliados habrían conseguido 365 de las 500 diputaciones que estaban en juego. En el Senado, los partidos se harían de 82 de los 128 escaños a partir del 1 de septiembre, cuando los legisladores electos asumirán sus cargos.

Con las diputaciones obtenidas, la coalición tendría las dos terceras partes de los votos en la Cámara Baja, lo que representa el requisito establecido en las leyes para reformar la Constitución. En el Senado requerirían de tres votos más para sumar los 85 votos necesarios y así concretar potenciales cambios.

En una conferencia de prensa reciente, el coordinador de la bancada de Morena saliente, Ignacio Mier, dijo que, en cuanto asuman sus espacios los nuevos legisladores buscarían aprobar el paquete de reformas, particularmente la relacionada con el Poder Judicial, que plantea la elección por voto ciudadano de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.

Analistas han cuestionado esa reforma al considerar que pone en riesgo la operación e independencia del Poder Judicial. El presidente ha dicho que el sistema judicial “está podrido”.

El anuncio de Mier generó una reacción adversa en los mercados, impactando incluso el tipo de cambio.

Tras las reacciones, Mier y otros legisladores matizaron sus declaraciones para asegurar que primero buscarán debatir las propuestas antes que aprobarlas haciendo uso de su recién ganada mayoría legislativa. “No habrá ningún tipo de reformas a rajatabla”, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena y quien asumirá como diputado federal en la siguiente Legislatura.

También Sheinbaum en una declaración a medios el jueves pasado dijo que su postura era la de “dialogar” las propuestas y “en su momento ya aprobarlas”.

López Obrador, por su parte insistió en que “la justicia está por encima de los mercados” y que por este motivo buscaría convencer a Sheinbaum de que la reforma en materia judicial sea aprobada antes de que concluya su administración, el 1 de octubre.

¿Qué propone AMLO en su “Plan C”?

Al presentar el paquete de reformas el 5 de febrero, durante el día del Aniversario de la Constitución mexicana y semanas antes del inicio de las campañas, López Obrador dijo que con los cambios busca “devolver el humanismo y su grandeza” a la Carta Magna.

“La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia”, dijo el mandatario al presentar su plan de reformas.

Esas potenciales modificaciones a la Constitución, dijo López Obrador, representan su “aportación a la historia y a las nuevas generaciones”.

Una de las propuestas incluidas en el paquete y que más controversia ha generado es la de cambiar la forma en que son designados los jueces, magistrados y ministros de la Corte.

Con las reformas, estos dejarían de ser designados por el presidente y ratificados por el Congreso, y serían electos por voto directo de los ciudadanos.

López Obrador ha sostenido que, con la reforma al Poder Judicial, se eliminaría la intervención de la clase política en el nombramiento de los juristas y, con ellos, se combatiría la corrupción en el sector.

Sus críticos afirman que esa reforma vulneraría la independencia del Poder Judicial y el ya de por sí endeble sistema de contrapesos en el país.

“Frente a esta narrativa (impulsada por López Obrador), y considerando el apoyo a la 4T, es muy probable que con esa intención vaya fortaleciendo la idea de elección de ministros y magistrados. Eso es un problema grave”, dijo a Univision Noticias José Fredman, coordinador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Monterrey (UDEM).

Otra de las reformas contempla la adhesión de la Guardia Nacional (GN), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que López Obrador ha sostenido busca prevenir la corrupción en la agencia, creada al inicio de su administración.

La oposición y organizaciones civiles han dicho que ese cambio incrementa el poder de las Fuerzas Armadas todavía más, que en el actual gobierno han asumido tareas como el control de aduanas, aeropuertos y la construcción de obras emblema de López Obrador como el Tren Maya.

López Obrador también propuso la eliminación de órganos autónomos que el mandatario ha calificado como “elitistas” y “onerosos”. En esta categoría caen, según el presidente, organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), que durante décadas ha sido reconocido por su eficacia en la organización de elecciones, y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI), encargado de garantizar el acceso a documentación en poder del gobierno.

López Obrador ha dicho que organismos como estos son producto del “periodo neoliberal”, en el cual él afirma fueron impulsados cambios que benefician solo a las élites. En contraste, sus críticos afirman que son precisamente esos organismos los que impulsaron los cambios necesarios para que un político de oposición, como lo fue él por décadas, llegara al poder. Su eliminación, han sostenido, implicaría un retroceso en la vida pública del país.

“Lo que se debe de hacer es reformar las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, no eliminarlas. Eso nos lleva al retroceso democrático”, agregó Fredman, también profesor e investigador en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM.

El presidente también ha propuesto la eliminación de los legisladores “plurinominales”, que reduciría de 500 a 300 el número de miembros en la Cámara Baja, y de 128 a 64 el de senadores. Quienes ocupan los puestos “plurinominales” no son electos por voto directo sino que se reparten entre los partidos, basándose en fórmulas establecidas por el INE, tomando en cuenta los porcentajes totales de votación que obtuvieron.

Él ha dicho que la medida busca reducir el “costo de la democracia” y eliminar que lleguen al poder políticos que no tienen el respaldo de la ciudadanía. Quienes sostienen la visión contraria afirman que las posiciones “plurinominales” son la única vía para garantizar la presencia de las minorías y que, de otra forma, no tendrían acceso al Poder Legislativo.

“Se trata de un intento nítido por sobrerrepresentar a la mayoría y subrrepresentar a las minorías”, escribió en un artículo difundido por el diario El País José Woldenberg, extitular del Instituto Federal Electoral (IFE), hoy llamado INE.

¿Qué ha dicho Sheinbaum sobre las reformas?

En sus actos públicos como candidata, Sheinbaum reiteró su respaldo a las propuestas incluidas en el “Plan C”, como la elección por voto ciudadano de los integrantes del Poder Judicial.

En un mitin el 6 de marzo en el estado de San Luis Potosí, a unos días del arranque de las campañas, repitió la acusación que ha hecho López Obrador de “corrupción” en ese poder, para pedir votos no solo para ella, sino para los candidatos al Poder Legislativo.

“Los jueces hoy están secuestrados por un pequeño grupo. Hay amparos y amparos para que salgan delincuentes, ¿o a poco los jueces están al servicio del pueblo? Al revés, el pueblo difícilmente tiene justicia por cualquier tema”, dijo. “¿Qué queremos? Que todos los jueces sean electos por el pueblo de México y que todos los ministros de la Suprema Corte sean electos por el pueblo de México”, dijo Sheinbaum.

Incluso, en el tercer debate presidencial el 20 de mayo, Sheinbaum reiteró la propuesta de eliminar los legisladores “plurinominales” del Congreso.

“Eliminación total de los plurinominales. 300 diputados y que no haya lista en el Senado”, planteó durante el encuentro televisado. “Por supuesto, se puede discutir la representación de las minorías, pero lo que no puede ser es este uso de los recursos públicos para los partidos políticos, para las burocracias, para más diputados, que haya una representación directa”, esgrimió.

¿Qué pasó con el “Plan A” y el “Plan B”?

Al “Plan C” le anteceden dos intentos previos por parte del oficialismo para concretar las reformas en las que insiste el presidente.

El “Plan B”, por ejemplo, consistió en una serie de reformas propuestas a finales de 2022 por López Obrador que no eran de carácter constitucional, ya que Morena y sus aliados no tenían los votos suficientes en el Congreso para ello.

Las reformas modificaron, entre otras cosas, la estructura del INE, lo que fue calificado desde entonces por críticos como una vulneración al sistema democrático. Pero los cambios fueron frenados por la Suprema Corte luego de varias quejas interpuestas ante el máximo órgano judicial. La decisión de la Corte desató una ola de críticas de López Obrador y sus aliados a los ministros que votaron a favor de revertir las reformas.

Antes de ese intento, el “Plan A”, enviado al Congreso por el presidente en abril de 2022, consistía en reformar la Constitución para reestructurar al INE, cambiando su nombre y el número de integrantes de su consejo general.

También proponía reducir drásticamente el financiamiento a los partidos políticos y la eliminación de legisladores “plurinominales”. Sin embargo, la falta de los votos necesarios en ambas Cámaras del Congreso derivaron en el estancamiento de las propuestas.

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