En la ciudad costera de Huelva (España), un colombiano conocido con el alias de ‘H-1’ empezó a ser vigilado por agentes antinarcóticos después de que un ‘soplón’ lo vinculó con la producción, transporte, almacenamiento y salida de estupefacientes a destinos internacionales.
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En Rionegro, Antioquia, sin embargo, lo conocían como don Julio Andrés Murillo Figueroa, el próspero empresario de restaurantes de comida de mar que se expandió rápidamente después de tener un pequeño local conocido como Frutty di Mare.
La Torre Menta y la narcofortuna
“Figueroa estaba siendo seguido desde hacía meses. Se habían identificado una serie de veleros en los que movía la droga para luego trasbordarla a barcos que llegaban a Huelva. Para ese momento ya tenía circular roja de Interpol. Pero en el organigrama hay otros dos encima de él“, le dijo a EL TIEMPO un agente antimafia enterado del caso.
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Los traspasos
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Sin embargo, conservó un lujoso Penthouse en la Torre Menta de la Ciudadela Riovivo, en Rionegro (Antioquia); un megalote conocido como ‘La Esperanza, en ese mismo municipio; Una lujosa casa en el conjunto residencial San Francisco, de Medellín, y un apartamento en Ríonegro.
De hecho, el pasado 9 de abril fue capturado en su mansión en Rionegro, cuando vino a visitar a su familia y a allegados a los que les habría trasladado parte de su fortuna.
El ‘narcogangazo’
Según documentos a los que EL TIEMPO tuvo acceso, Julio Andrés Murillo Figueroa, como representante de Frutty di Mare SAS, le transfirió ese día a título de compraventa el derecho real de dominio de su participación en la cadena de restaurante a Jorge Enrique Arcila Agudelo.
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Además de cuñado, este último figura como socio fundador y representante de la empresa Distrito Oriental SAS.
La transacción cobijaba a los locales Sushi Market Laureles, en la circular 76 #39-09;
Sushi Market Palmagrande, en la Cra 38 #18-101 Lc 170 y Sushi Market Truck, en la Cra 39 #7-100.
En total, la transacción ascendió a 30 millones de pesos.
¿Terceros de buena fe?
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En total, actualmente funcionan 16 establecimientos, avaluados en 14 mil millones de pesos, en Bello, Envigado, Rionegro, Medellín, Pereira, Cali y Bogotá. Además, se embargaron 20 bienes y cuatro sociedades.
Allegados al caso le dijeron a ELTIEMPO que nadie conocía las actividades de ‘H-1’ y que los socios de los restaurantes son terceros de buena fe. Pero el rastro mafioso del accionista fundador data de 2001.
Ahora van por sus cómplices en España.
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