12:05 AM
En momentos convulsos para el país en materia de orden público, inseguridad ciudadana, con líderes sociales y directores de cárceles amenazados, los reflectores están sobre las autoridades encargadas de la seguridad. Es el caso de la Unidad Nacional de Protección (UNP), institución adscrita al Ministerio del Interior, que evalúa y asigna medidas de protección a personas en riesgo. Hace un par de semanas, EL COLOMBIANO publicó una investigación con presuntas irregularidades en la asignación de esquemas de seguridad, denuncias de acoso sexual y gasto de recursos a proyectos cuestionados en la entidad, dirigida por Augusto Rodríguez, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro.
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En esta segunda entrega, este diario encontró que el 16 de agosto de 2023 la UNP adjudicó un millonario contrato para la compra de 54 camionetas cuyo objeto es: “adquirir vehículos blindados para ser utilizados como medidas de protección de la población objeto del programa de prevención y protección de la unidad nacional de protección a nivel nacional, de conformidad con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas”. El valor de cada camioneta fue de cuatrocientos treinta y ocho millones seiscientos veintinueve mil pesos ($438.629.000,00). El valor total del contrato fue de veintitrés mil millones seiscientos ochenta y cinco mil novecientos sesenta y seis pesos ($23.685.966.000,00).
La presunta irregularidad tiene que ver con que de esas 54 camionetas, por lo menos 9 no contarían con póliza de seguro todo riesgo y por ese motivo se encuentran parqueadas en las instalaciones de la entidad desde principio de año sin que se haya definido uso o destinación específica. Otras 11 sí cuentan con la póliza, pero no habrían sido asignadas a ningún esquema de protección en espera de que se presenten emergencias para movilizarlas. El restante, 28 camionetas, estarían en distintas ciudades del país y sirven como refuerzo a los esquemas de seguridad de Presidencia en las regiones, por lo que tienen poco uso durante el mes.
Este diario tuvo acceso a videos y fotografías de las camionetas, que se abstiene de publicar por tratarse de carros oficiales adquiridos para esquemas de protección. Pero para efectos de verificación, las nueve camionetas sin póliza –cuyo valor total asciende a los $3.947.661.000 –no aparecen en el Registro Único de Seguros (RUS) como tampoco en bases de datos de aseguradoras, incluyendo la empresa donde fueron compradas las pólizas de las camionetas que sí cuentan con el seguro vigente hasta principios de julio de 2024.
“No prenden, ¿qué hacemos?”
Este diario conoció por funcionarios de la UNP, quienes no pertenecen a ningún sindicato, que en los primeros meses de 2024 la entidad tuvo que llamar al concesionario donde se compraron los vehículos porque algunas baterías estaban presentando fallas. “Pero nos dijeron que era por el poco uso, que teníamos que moverlas porque estaban quietas y que con prenderlas una vez a la semana era suficiente. Y efectivamente”. Esta versión fue confirmada por una de las personas que acudieron a prestar el servicio técnico a las camionetas, quien prefiere no revelar su identidad.
La empresa que ganó el proceso licitatorio, cumpliendo todos los requisitos como único proponente, fue “Unión Temporal Blindados UNP 2023-Toyonorte-Armor”. ‘Toyonorte-Armor’, como es conocida en el sector, fue salpicada en medio de dos investigaciones en la Fiscalía y la Procuraduría que a la fecha no han avanzado por razones distintas. En el caso de la Fiscalía, en 2022 la fiscal Angélica Monsalve expuso en medios de comunicación un presunto multimillonario carrusel de contratación para la compra, alquiler y mantenimiento de carros blindados a entidades gubernamentales. De acuerdo con la investigación, que incluye seguimientos e interceptación de comunicaciones, una larga lista de empresas, incluyendo ‘Toyonorte-Armor’, habrían recibido información anticipada sobre licitaciones, pliegos y presuntamente manejaron unificadamente precios para eliminar cualquier competencia. Sin embargo, la fiscal Monsalve fue recusada por presuntamente haber recibido un soborno y fue apartada e imputada en el caso antes de hacer la acusación a los representantes de ‘Toyonorte-Armor’.
EL COLOMBIANO accedió a los detalles del proceso en la Fiscalía que desde septiembre de 2022 no ha tenido prácticamente ningún avance. En comunicación con este periódico, los directivos de ‘Toyonorte-Armor’ alegan que, en efecto, no hubo avances del proceso porque no fueron imputados y que ese escándalo ha dañado su reputación. Además, explican que en el sector de carros blindados es “normal” que en algunas licitaciones solo haya uno o dos proponentes, como sucedió en el contrato con la UNP.
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La otra investigación en la que ‘Toyonorte-Armor’ está involucrada reposa en la Procuraduría desde mediados de 2021. El Ministerio Público puso la lupa sobre presuntas irregularidades en el proceso de adquisición de 50 vehículos destinados a los esquemas de seguridad y el transporte de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia. Fueron comprados a ‘Unión Temporal Toyonorte LTDA’ y otras dos empresas. Allí también se investigó por supuestos sobrecostos en accesorios y el blindaje.
¿Detrimento patrimonial?
En este caso, al no haber previsto la compra de póliza de seguro de todos los vehículos comprados, que además están expuestos a altos niveles de riesgos ya no solo viales sino de seguridad, también se estaría cometiendo una violación al principio de previsión y provisión presupuestal, en tanto no estarían siendo utilizadas para ninguna labor. El objeto por el cual fueron adquiridos los vehículos era explícito en definir que serían asignados para esquemas de seguridad. Pero al estar detenidos desde hace varios meses, la UNP estaría en contravía de la definición de dicho principio: “El respeto al presupuesto público o principio de previsión y provisión presupuestal en la ley, ordenanza o acuerdo para la suscripción del o los acuerdos colectivos con incidencia económica presupuestal, teniendo en cuenta el marco de gasto de mediano plazo, la política macroeconómica del Estado y su sostenibilidad y estabilidad fiscal”, dice la norma.
En plata blanca, esto significa que la Unidad realizó un contrato para la adquisición de camionetas que pudieran ser implementadas de manera urgente a amenazados en el país, con el fin de preservar su integridad. La decisión se dio en un momento en el que, de acuerdo con los hechos y las cifras de las autoridades en varias regiones, -dos ejemplos concretos son Bogotá y Cúcuta- el sicariato se ha disparado de manera preocupante. Pero por la falta de de certeza en los trámites administrativos, al menos nueve de estas no han podido ser usadas en su totalidad, a pesar de que fueron adquiridas en agosto de 2023 y a la Unidad se las entregaron en diciembre del mismo año, fecha desde la cuál están en los parqueaderos de sus edificios acumulando polvo y expuestas al sol.
Directora de La Modelo
Esta revelación coincide con una difícil situación para funcionarios, líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados que, en muchos casos, no cuentan con medidas de protección adecuadas por parte del Estado. Es el caso de la directora encargada de la cárcel La Modelo, mayor Nancy del Socorro Pérez, quien hace pocos días recibió panfletos en los que amenazan contra su vida. El panfleto le da 72 horas a la directora para que saque a alias “Viloria” y alias “Tolima” del patio 4A de esa cárcel, privados de la libertad que estarían en el pasillo 8. “Si en 72 horas estas personas están, no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas (sic)”, decía el papel en el que declaraba a Pérez como “objetivo militar”. Quien lanzó esos papeles, un habitante de calle, fue capturado y dijo haber recibido $10.000 pesos por esa tarea.
La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que la directora Pérez “que acaba de ser amenazada de muerte no tiene esquema de protección decente ni carro blindado (…) “¿Cuántas directoras de cárceles tienen que matar para que @MinjusticiaCo se tome esto en serio?”, cuestionó la congresista. En efecto, la mayor Pérez no contaba con carro blindado, pero según el INPEC tenía un esquema de protección con un carro convencional. Como el que tenía el coronel Élmer Fernández Velasco, antecesor de Pérez en La Modelo, quien fue asesinado el pasado 17 de mayo tras movilizarse, precisamente, en carro convencional con un conductor. Fernández también había recibido panfletos amenazantes en días anteriores a su asesinato.
En su momento, la pelota sobre quién era el responsable de la seguridad del director de la cárcel se la pasaron entre el INPEC, la UNP y el Ministerio de Justicia. Finalmente, el 24 de mayo, la Unidad Nacional de Protección anunció que asignaría esquemas de seguridad a 20 directores de cárceles del país bajo la facultad de esquemas de emergencia que tiene esa entidad. Pero la mayor Pérez recibió primero panfletos amenazantes antes que un vehículo blindado. En cambio, como lo denunció este diario, 11 funcionarios cercanos al director Rodríguez recibieron y fortalecieron esquemas de protección a principios de 2023 a la mayor brevedad. Distintas fuentes de sindicatos de la entidad cuestionan por qué en casos como el de la mayor Pérez no operó la misma eficacia –como con tantos otros líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país– con el agravante de que tienen vehículos nuevos en las instalaciones de la Unidad.
Respuesta de la UNP
EL COLOMBIANO le envió un cuestionario al director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, para conocer la versión de la entidad sobre esta investigación. Frente a las nueve camionetas que no tienen póliza todo riesgo individual, como sí tienen las otras parqueadas en la entidad y que corroboró este diario, argumentan que “se adelantó el proceso de contratación de una póliza de tipo colectivo a través del Acuerdo Marco de Precios CCE- 877-1-AMP-2019 Seguro de Vehículo ofertado por Colombia Compra Eficiente. Además, la Unidad Nacional de Protección cuenta con la cobertura de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales, que ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de la entidad, bajo su responsabilidad, tenencia y/o control por los que tenga algún interés asegurable, lo cual incluye a los vehículos del parque automotor que se encuentra en los predios de esta entidad como tomador y beneficiario del seguro. La entidad también cuenta con la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, que ampara el uso de los vehículos propios”.
Sin embargo, la póliza de tipo colectivo no operaría igual para que esos nueve vehículos puedan movilizarse fuera de los predios de la institución, de acuerdo con expertos consultados en el sector. Y por eso, en efecto, estarían parqueadas sin uso desde principio de año. Además, en la búsqueda de bases de datos de las aseguradoras, las placas de esas nueve camionetas, consultadas el viernes 7 de junio, no cuentan con ningún tipo de póliza de seguro, como sí tienen otras camionetas parqueadas, compradas bajo el mismo contrato, que cuenta con póliza en una aseguradora.
La UNP confirma que en la entidad hay 20 vehículos nuevos “que hacen parte de los 48 disponibles para atender los servicios de apoyo y garantizar la continuidad del servicio a los protegidos que llegan a esta ciudad, reforzar aquellas zonas del país en las que la disponibilidad resulte insuficiente en algunos eventos, suplir de manera temporal en aquellos casos en los cuales las rentadoras no alcanzan a presentar de manera oportuna los automotores para ser implementados, en cumplimiento a las acciones de tutela, y demás órdenes judiciales. Así como en la asignación de medidas de emergencia, en los casos que presentan excepcionalidad e inminencia (…) Es importante señalar que con esta compra de 54 vehículos es la primera vez que la UNP adquiere automotores blindados para la protección”, agregan. Asignación de emergencia que tardó tanto con el coronel asesinado Élmer Fernández y que llegó después de panfletos amenazantes a la mayor Nancy del Socorro Pérez.
Sobre este tema, la entidad se defiende diciendo que “a pesar de que hasta el día 5 de junio recibimos respuesta por parte del INPEC de no poseer los recursos para la suscripción del respectivo convenio, solicitud que había sido elevada desde 22 de mayo con reiteración el mismo 5 de junio, simultáneamente se realizó la implementación de las medidas de protección”. Y dicen que la mayor Pérez cuenta con protección desde 2016, pero no dicen que con vehículo convencional y por eso el cambio de carro blindado tras las amenazas. Lo cierto es que, como lo había dicho ya EL COLOMBIANO, el director Rodríguez está en la capacidad de ordenar esquemas de seguridad de implementación inmediata sin estudios previos de seguridad; así lo hizo con 11 de sus directivos de la oficina central. Sin embargo, para la directora encargada de la cárcel no hubo esa misma agilidad sin tener en cuenta el contexto del asesinato previo a su antecesor y el nivel de riesgo evidente al asumir su cargo.
Por ahora, es incierto lo que vaya a ocurrir con las nueve camionetas que están parqueadas, sin póliza de seguro individual y sin ser tener asignación definida.
A continuación, EL COLOMBIANO reproduce la respuesta completa de la UNP al cuestionario:
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