José Ramón Navarro-Pareja

Madrid

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07/06/2024


Actualizado 08/06/2024 a las 00:21h.

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Diez días para ratificarse o retractarse de su posición contraria a la Iglesia católica, dos días hábiles (hasta el próximo martes) para entregar una copia de las llaves del monasterio que facilite el acceso al nuevo representante legal, y la notificación del nuevo apoderado al que le corresponde la administración del monasterios, entre la que se encuentra el control de las cuentas corrientes (a las que ya no tienen acceso las monjas). Ese es el contenido de las comunicaciones que en la tarde del pasado jueves llevó hasta el monasterio de Belorado una representación del arzobispado de Burgos y de las que una notaria hizo entrega fehaciente, según ha podido conocer ABC.

Los pasos del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio están siendo claros y firmes, por lo que a nivel eclesial, el conflicto podría estar resuelto en las próximas semanas. Otra cuestión será la problemática legal, ya que de persistir las monjas en su intención de abandonar la Iglesia, y consumarse así su excomunión, el procedimiento para el desahucio puede ser más lento. Al igual ocurre con el obispo excomulgado, Pablo Rojas, y el sacerdote coctelero, José Ceacero, que ya han recibido el burofax con la prohibición de permanecer en el convento, aunque no parece que estén dispuestos a acatarla.

Así, las religiosas fueron notificadas este jueves «de la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia católica». El escrito le da diez días a las monjas para que presente alegaciones o se retracten de su decisión. «Lo mejor sería que pudieran testificar, pero si responden de alguna otra manera será bienvenido, dado que no hemos recibido ninguna respuesta suya en estos días», explican fuentes del arzobispado de Burgos a este diario.

A última hora de la tarde, las religiosas se han hecho presentes en el debate a través del medio que han utilizado habitualmente para sus intervenciones: una publicación en Instagram con los comentarios deshabilitados. En la publicación -que va acompañada por la carta recibida por una religiosa, sor Sión, la más activa en redes sociales-, acusan a Iceta de «usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado».

En la práctica, si el apoderado del comisario pontificio ha podido acceder al monasterio, e incluso cambiar el titular de las cuentas es porque el nombramiento de la Santa Sede le acredita para ello, y así lo han reconocido tanto el Ministerio de Justicia al reconocerle como representante legal y los bancos, al asumir esta representación para el cambio de titular.

También dan su versión de la visita de la comisión del arzobispado de este jueves 6, que según ellas acudieron al monasterio para «exigir la entrega de las llaves y la documentación del monasterio, incluyendo hasta las nóminas, así como para citarnos a declarar ante el Tribunal eclesiástico del arzobispado de Burgos, para defendernos por un delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo». Señalan que quienes ellas identifican como «el secretario de D. Mario Iceta, la secretaria Federal, y el apoderado de D. Mario», irrumpieron en el monasterio aprovechando que recibían a una visita autorizada en el locutorio y que realizaron la reclamación «de viva voz y sin documento alguno que lo avale».

Según su versión, les ofrecieron «una ayuda económica, puesto que han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo, y donados por nuestros benefactores». Además, indican que «previa a la entrada al locutorio, ya habían sobrepasado la prohibición de entrar en propiedad privada que figura a la entrada del perímetro del monasterio» y explican que «ante tales hechos, se conminó a los »visitantes« inesperados a abandonar las dependencias. En el caso del apoderado de D. Mario, fue necesaria la presencia de la Guardia Civil para conseguirlo».

Una versión que difiere sustancialmente de la planteada en la nota del prensa del arzobispado, que explica que ante las palabras de la exabadesa de que «no eran bien recibidos» en el monasterio, prefirieron evitar problemas y esperar fuera la llegada de la Guardia Civil, mientras que Rodrigo Sáiz, el apoderado, aguardó en el interior «a la llegada de la patrulla de la Guardia Civil, haciendo valer el derecho que le asiste como apoderado del comisario pontificio».

Las monjas tienen un curioso planteamiento jurídico, que parece haber regido sus decisiones en todo este tiempo. Según ellas su «Manifiesto Católico [el documento en el que plantean su ruptura doctrinal con la Iglesia católica] y nuestras declaraciones posteriores son claras, y deberían haber tenido como consecuencia automática nuestra exclusión del ámbito de aplicación del derecho canónico». Pero la expresión, a la par que plantea una pueril interpretación del derecho, demuestra cuáles han sido sus intenciones desde el primer momento: tomar cualquier decisión sobre el monasterio y sus propiedades sin las restricciones que plantea la normativa eclesiástica.

Su manifestación pública en realidad las sitúa, individualmente, fuera de la Iglesia católica, pero no las aparta del alcance de la aplicación del derecho canónico que sigue rigiendo para la institución que forman -la comunidad de clarisas-, para sus propiedades e incluso para su proceso de salida de la Iglesia, Es precisamente el derecho canónico el que arbitra el procedimiento que se debe regir para una excomunión, y sobre el que se fundamentan todos las razones que por las que ellas se atribuyen la propiedad del monasterio, como los sacramentos que las hecho católicas, sus votos como religiosas y su pertenencia a la comunidad de clarisas, la figura jurídica propietaria del monasterio.

En la práctica, las monjas han incurrido en excomunión ‘latae sententiae’ -sin necesidad de sentencia-, al anunciar su cisma con la Iglesia católica y negar la autoridad del Papa, a quien consideran un «usurpador». En ese sentido, si no se retractaran, el arzobispo Iceta lo único que haría sería firmar el decreto que certifica que la excomunión es firme, por lo que a partir de ese momento perdería el estado de vida monástico y no serían consideradas como miembros de la comunidad de clarisas. Desde la diócesis de Burgos a pesar de los «gestos de hostilidad» mostrados por las religiosas, siguen confiando en «alcanzar una solución», sin llegar a esos extremos.

Sin embargo, las religiosas, según José Ceacero, erigido como su portavoz, no tienen intención de «acudir, no sé si en estos días cambiarán de opinión, pero dicen que no tienen nada que hablar». E incluso ironizaba con que una de ellas decía «que si alguien va a Burgos a recoger el decreto de excomunión, que por favor traiga yogur líquido, que les hacía falta».

Antes del comunicado de las monjas, Ceacero ya había recriminado a Iceta que «tanto que habla de ese talante, de esa misericordia, de que quiere hablar con las monjas, en ningún momento se ha puesto en contacto con ellas, y no solo no se ha puesto, sino que les ha bloqueado las cuentas, ahogándoles y asfixiándoles económicamente». Además, «lo único que hicieron fue venir traer el decreto para citarlas dentro de un tribunal canónico para excomulgarlas».

Sin embargo, el cura coctelero ya no se ha mostrado tan convencido de que «el derecho civil está sobre el canónico», como en ocasiones anteriores y ha incidido en que «el señor Iceta tiene mucha prisa en intentar disolver las comunidades jurídicas, excomulgando a los miembros de las mismas para poder así quedarse con los tres inmuebles». Una declaración que supone un reconocimiento implícito de que con la excomunión de las religiosas perderían cualquier derecho sobre los monasterios.

Por lo que respecta a la situación de José Ceacero y Pablo Rojas, a quienes el comisario pontificio ha prohibido que permanezcan en el monasterio de Belorado o en cualquier otro de las clarisas, el propio obispo excomulgado ha confirmado a ABC que la decisión les ha sido notificada a través de sendos burofaxes. Desde el arzobispado también han confirmado a este diario que esta semana les han notificado los acuses de recibo.

Sobre el tema, en unas palabras a diversos medios de comunicación, en la puerta del monasterio, Ceacero ha afirmado en la mañana de este viernes que ”nos llegó un burofax al señor obispo y a mí diciéndonos que nos vayamos, pero bueno, es como si voy al palacio de la Zarzuela y le digo que se vaya de allí al habitante de la Zarzuela y que me de las llaves en dos días».

Ninguno de los dos estaba en el monasterio de Belorado cuando a las 14 horas de este jueves se personó la representación del arzobispado, pero a pesar de ello no parecen dispuestos a acatar la prohibición de entrar en él. De hecho, Ceacero, que estaba en la casa que la Pía Unión tiene en Alar del Rey (Palencia), ha vuelto este viernes a Belorado para oficiar la misa a las religiosas. Por su parte, el obispo Rojas, en una conversación telefónica con ABC, ha manifestado que se encontraba en Bilbao y que «volvería al monasterio este sábado».