El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, hizo oficial la conformación del Comité Especial a cargo del concurso público para elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuyo mandato vencerá a inicios de 2025.

A través de una resolución publicada en El Peruano, Gutiérrez, quien presidirá dicha comisión especial, oficializó a los otros integrantes. Estos son:

• Javier Arévalo Vela, presidente del Poder Judicial
• Juan Carlos Villena Campana, fiscal de la Nación interino
• Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional
• Nelson Eduardo Shack Yalta, contralor general de la República
• Jeri Gloria Ramón Ruffner de Vega, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Segundo Félix Romero Revilla, rector de la Universidad Ricardo Palma

En los casos de Juan Carlos Villena y Nelson Shack, la permanencia de ambos en la comisión especial podría cambiar.

Respecto al fiscal de la Nación interino, la Junta de Fiscales Supremos deberá elegir a un nuevo titular del Ministerio Público una vez que la JNJ resuelva la reconsideración de Patricia Benavides contra su destitución. Existe la posibilidad de que Villena sea ratificado.

En tanto, sobre Shack, su mandato oficialmente concluye en julio de este año, aunque el Congreso aprobó una ley para que pueda permanecer en el puesto hasta que se designe a quien lo reemplazará. La autógrafa de la norma ya está en manos del Poder Ejecutivo, que en un plazo de 15 días hábiles deberá promulgarla u observarla.

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte había presentado la candidatura al juez supremo provisional Pedro Cartolín al Congreso; sin embargo, la Comisión Permanente no aprobó la propuesta. A la fecha, el Ejecutivo no ha presentado una nueva postulación.

El mandato de los actuales miembros de la JNJ vencerá a inicios de 2025, algunos en enero y otros en febrero. En esos meses ingresarán los nuevos miembros que elegirá la comisión especial.

De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución Política del Perú, la comisión especial deberá instalarse seis meses antes de que acabe el mandato de los consejeros. Es decir, deberá empezar a sesionar aproximadamente entre finales de junio e inicios de julio.

Sin embargo, cabe mencionar que en el Congreso se promueva un proyecto de ley para eliminar a la JNJ y crear una escuela nacional de la magistratura. Una de las disposiciones de dicha iniciativa estipula que los actuales consejeros son cesados una vez es publicada la norma en El Peruano.

Dicha iniciativa también implica que la facultad de elegir a los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) esté en manos del Senado. Las entidades del sistema electoral han manifestado su rechazo a estas modificaciones ya que sometería los entes electorales al poder político, lo que afectaría su independencia y autonomía.

Pese a los cuestionamientos, la Comisión de Constitución, en una sesión extraordinaria, aprobó el dictamen, por lo que este será elevado al Pleno del Congreso. Al tratarse de una reforma constitucional deberá ser aprobada en dos legislaturas con más de 87 votos o aprobada en una legislatura con mayoría simple y ratificada vía referéndum.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por las continuas intervenciones del Congreso peruano en el funcionamiento de otros organismos del Estado, incluyendo la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La CIDH instó al Estado peruano a respetar la independencia del sistema de justicia, el sistema electoral y los derechos humanos, fundamentales para el fortalecimiento de la democracia.

Entre los casos mencionados por la CIDH figuran las inhabilitaciones de Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros de la JNJ; la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos; y múltiples denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, señaladas por presuntas motivaciones políticas. Además, la Comisión denunció las acciones contra la fiscal suprema Delia Espinoza, quien investiga una supuesta organización criminal liderada por Patricia Benavides.

La CIDH enfatiza la necesidad urgente de que el Estado peruano demuestre su compromiso con los principios de la Carta Democrática Interamericana y sus obligaciones de derechos humanos. Recomienda adoptar medidas urgentes para fortalecer el Estado de derecho, insistiendo en la importancia de combatir la corrupción y garantizar la independencia de los operadores de justicia.

El organismo también hace un llamado al Congreso para que abandone el uso discrecional de su poder sancionatorio y fiscalizador, específicamente en lo referente a las acusaciones constitucionales e inhabilitaciones sin fundamentos sólidos. Asimismo, exhorta al Poder Legislativo a no aprobar reformas constitucionales que puedan poner en riesgo la autonomía de otros órganos estatales, mencionando el proyecto que propone la eliminación de la JNJ y la delegación al Senado de la facultad de elegir a los jefes de la ONPE y del Reniec.