La fiscalía nacional informó esta mañana que se inició una investigación penal en contra del asistente de la fiscalía de Los Vilos, Luis Soto Muñoz, a cargo de la cual el fiscal nacional, Angel Valencia, designó al fiscal regional de Atacama, Alex Rogat.

Por medio de un comunicado, se explicó que “la investigación se da inicio por una denuncia interpuesta por el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Los Vilos, Patricio Jory, en contra del abogado asistente de esa fiscalía, Luis Alejandro Soto Pérez, por hechos eventualmente constitutivos de delito ocurridos en la audiencia desarrollada el 3 de junio pasado en el Juzgado de Garantía de Los Vilos”. El documento de la fiscalía nacional indica que “en este contexto se designó al Fiscal Regional de Atacama para que dirija la investigación penal y otorgue protección a víctimas y testigos si fuese necesario”.

El caso se originó en la audiencia de revisión de medidas cautelares en la cual el asistente de fiscal evidenció no tener los antecedentes necesarios para oponerse a los argumentos de los defensores de cinco miembros del Tren de Aragua que están acusados de secuestro, asociación ilícita y robo con intimidación.

Ello fue exasperando a la jueza de garantía, Daniella Pinto, quien representó la situación varias veces, anunciando que informaría de ello al fiscal jefe de los Vilos, calificando la situación de “impresentable” y haciendo presente al asistente de fiscal que se trataba de la causa más relevante de la ciudad.

Tras ello, la magistrada acogió los planteamientos de las cinco defensas, que pedían levantar la prisión preventiva de sus representados, otorgando medidas cautelares de menor intensidad, a cambio de una fianza de cinco millones de pesos, que cuatro de los imputados pagaron en efectivo, por lo cual quedaron en libertad.

Luego de ello, la corte de La Serena revocó la decisión de primera instancia respecto de cuatro de ellos, ordenando la recaptura de los imputados. De ellos, dos ya se entregaron (el último lo hizo en Santiago, esta madrugada).

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¿Víctima o imputado?

Según el comunicado, Soto es el imputado en la causa a cargo de Rogat, sin que se especificara desde la Fiscalía Nacional qué delitos se le imputan. Al respecto, Angel Valencia dijo esta mañana, en conversación con Radio Agricultura, que no había que prejuzgar y que el asistente “puede haber sido víctima de amenazas para actuar de esa manera“, deslizando también críticas al tribunal, argumentando que este podría haber resuelto de un modo distinto.

Sin embargo, fuentes de la misma institución dijeron a El Mostrador que la tesis de que Soto hubiera sido amenazado es de algún modo contradictoria con el hecho de que, antes de titularse como abogado en la Universidad Central, Soto fue suboficial de Carabineros y prácticamente toda su carrera la desarrolló al interior del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), por lo cual, como dijo una de esas fuentes, “es alguien que, sin duda, sabe defenderse y está habituado a tratar con delincuentes de alta peligrosidad“.

Soto ingresó al Ministerio Público el 29 de diciembre del año pasado, como asistente de fiscal grado 11, lo que significa un sueldo de 2.3 millones brutos. Según su declaración de intereses, posee dos propiedades (una en Talca y otra en Santiago). Según lo que se alcanza a ver en su cuenta de Linkedin (que hoy fue borrada) trabajó en derecho de familia, en derecho penal y como “docente de derechos humanos“.

Funcionarios del MP relevan abuso de abogados asistentes

En conversación con El Mostrador, el presidente de la Federación Nacional del Ministerio Público, Manuel Muñoz, señaló que, en un caso de esta importancia, como el de Los Vilos “no se puede delegar la responsabilidad en un abogado asistente que lleva cinco meses en la institución y que, según lo que él mismo señala en la audiencia de revisión de cautelares, la carpeta fue entregada el mismo día, un par de horas antes, considerando que es probable que esta sea la causa más importante que tenga la Fiscalía Regional de Coquimbo e inclusive a nivel país sea una de las causas más importantes“.

Respecto de la investigación administrativa que se inició ayer, indicó que les gustaría que ella “pudiera arrojar cuáles son los motivos por los cuales el fiscal no pudo asistir a dicha audiencia”, y que teniendo presente que en Los Vilos solo hay un fiscal y dos asistentes, “habría que determinar cuál es la experiencia y años de servicio que tenía el otro abogado asistente y por qué no fue entregada la causa a este o, en su defecto, por qué dentro de la misma región la fiscalía regional no coordinó con otros fiscales la asistencia a esa audiencia. Entendemos que también los fiscales pueden tener un problema de fuerza mayor y hay que determinar si el fiscal estaba con licencia médica, si tuvo un problema familiar o algo que le haya impedido asistir, pero en esa situación, ¿qué es lo que debe hacer la fiscalía? Coordinar con otro fiscal o, en su defecto, con el abogado asistente que tuviera mayor experiencia”.

Asimismo, indicó que “como gremios, hemos solicitado la creación de un reglamento del abogado asistente, que regule la subrogancia, suplencia y delegación, para que se regule en este tipo de situaciones, cuando el abogado asistente deba acudir a audiencia, en qué calidadvy que no exista un abuso. Ojalá que no sea el caso, pero nosotros no sabemos cuáles son los motivos reales por los que no se asistió a esta audiencia por un fiscal y hay mucha prensa que inclusive desliza la teoría de que a lo mejor los fiscales hoy en día no quieren verse expuestos a este tipo de audiencias por la peligrosidad o quizá inclusive pudieran estar amenazados por esta banda de crimen organizado. Entonces, para que ese tipo de situaciones no ocurran, debe estar todo muy bien regulado y establecido en un reglamento de abogado asistente”.

En el mismo sentido, hizo que presente muchas veces los asistentes deben asumir “audiencias que son bastante complejas, que tienen que estudiar y tienen que dedicar más tiempo a esas funciones, y se les va acumulando el trabajo de abogado asistente. Y una vez que terminan de hacer su labor de fiscal, deben retornar a su puesto a terminar el trabajo de abogado asistente para el cual fueron contratados“.

El problema de dotación

Según Muñoz, lo ocurrido revela, además, el problema de dotación del Ministerio Público, por lo cual explicó que el proyecto de ley que busca aumentar las plazas “es sumamente importante”, explicando que “nos gustaría que fuera más amplio el número de funcionarios que lleguen a la fiscalía, pero lamentablemente también hay un tema de disposición de recursos”.

Pese a ello, puntualiza que “hay una demanda histórica de los gremios en lo que dice relación con este plan de fortalecimiento, que tiene que ver con la asignación profesional. Somos una de las instituciones y servicios públicos que no tienen asignación profesional para el estamento auxiliar y administrativo”.