La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por las “afectaciones sucesivas al sistema de pesos y contrapesos que pueden resultar en el debilitamiento del Estado de derecho” en el Perú.

Ello, luego de que la Comisión de Constitución del Congreso aprobara el dictamen que pretende eliminar la Junta Nacional de Justicia y crear la Escuela Nacional de la Magistratura. 

A ello se le suma las inhabilitaciones contra los exmagistrados de la JNJ Aldo Vásquez e Inés Tello y las más de 10 denuncias constitucionales presentadas contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas.

Asimismo, la CIDH se mostró preocupada por las denuncias constitucionales contra la fiscal suprema Delia Espinoza tras la investigación contra Patricia Benavides por ser la presunta líder de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público.

“Los procedimientos sancionatorios impulsados por el Congreso, tales como denuncias constitucionales, han llevado a la inhabilitación de personas a cargo de casos de corrupción cuya labor, con frecuencia, involucra a congresistas y personas con liderazgo político”, señala la CIDH.

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CIDH observó “deterioro de la democracia en Perú”

En otro momento, la CIDH advirtió que la democracia de nuestro país se encuentra deteriorada, por lo que pidió a las autoridades tomar las medidas necesarias para su restablecimiento.

“Resulta necesario que la actuación estatal garantice la vigencia de la democracia y de los derechos humanos. Por esta razón, la Comisión insta al respeto de la independencia del Poder Judicial y del sistema electoral y de los derechos humanos, los cuales fortalecen la democracia”, se puede leer en el comunicado.

“Durante los últimos años, la CIDH ha observado y alertado acerca del deterioro de la democracia en Perú. El uso de las facultades de control del Congreso de la República de Perú, en la forma en que han venido sido ejercidas, tienen el potencial de poner al Estado de derecho en un riesgo crítico. El ejercicio del poder ha afectado instituciones autónomas, que cuentan con un rol trascendental en la vida democrática del Estado, lo que, paralelamente, amenaza la situación de los derechos humanos”, continúa.

“En este contexto, es apremiante tomar medidas de carácter inmediato que aseguren el principio de separación e independencia de los poderes públicos, reconocido constitucionalmente”., culmina.

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