En un operativo coordinado por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) logró la detención en Nacimiento, región del Bío-Bío, del exfiscal jefe de Puerto Natales, Cristián Muñoz Pérez, imputado por hechos de corrupción mientras fue titular del Ministerio Público.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas, tras una apelación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén, decretó la prisión preventiva de Muñoz Pérez por los delitos de cohecho y revelación de secretos en el marco de la ley de drogas. El exfiscal fue destituido del Ministerio Público en septiembre de 2023, luego de un sumario interno.

El Tribunal de Alzada, en un fallo unánime, ordenó la prisión preventiva, considerando que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, dada la gravedad de los delitos, la forma en que fueron cometidos y su naturaleza.

Anteriormente, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas había decretado arraigo nacional y arresto domiciliario total, pese a acreditar los delitos y la participación de Muñoz Pérez.

Los delitos

En la audiencia de formalización, el fiscal Carlos Palma expuso que el 12 de febrero de 2022, en un domicilio de Punta Arenas, en su calidad de fiscal jefe de Puerto Natales, Muñoz Pérez se reunió con el denunciante y otras personas, ofreciendo sus gestiones para cobrar un pagaré de $20 millones a favor del denunciante.

Además, ofreció ayuda en la recuperación de dinero por una retroexcavadora y gestionar una causa relativa al robo de un camión ocurrido en 2018 en Santiago, a cambio de $7 millones. El 14 de febrero de 2022, al no poder el denunciante pagar los honorarios, ofreció un automóvil Suzuki año 2015, el cual fue aceptado por Muñoz Pérez.

Respecto al delito de revelación de secretos, desde octubre de 2022, se investigaba el tráfico de drogas en la zona, donde un imputado era socio de una botillería. El 5 de diciembre de 2022, a las 21:06 horas, Muñoz Pérez informó vía WhatsApp al socio del imputado y arrendador del fiscal sobre la presencia de funcionarios antinarcóticos de la PDI, divulgando así información de una investigación secreta.

Las diligencias investigativas fueron solicitadas por la Fiscalía de Aysén a la BIPE Metropolitana de la PDI. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas fijó un plazo de 90 días para el término de esta investigación.

Mientras tanto, el exfiscal deberá ser trasladado desde la región del Bío Bío hasta a la zona para que cumpla la prisión preventiva.