Un análisis lineal de la reacción negativa de los mercados y de la caída de la confianza en el país remite de forma automática a la aprobación (por abrumadora mayoría) de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, aún sin haber superado el estatus de proyecto para convertirse en ley. Una simplificación que no impide advertir problemas más graves.

Lo más inquietante de esa media sanción no es lo que surge a primera vista: el costo de casi medio punto del PBI que, de sancionarse, podría implicar la actualización de las jubilaciones con la consecuente amenaza para el equilibrio fiscal y la estabilización de las variables. Aunque sean dos indicadores que, además de ser metas centrales, son también los logros que esgrime el Gobierno en el balance de sus primeros seis meses de gestión frente a las críticas que recibe por diferentes razones. No solo de índole política o ideológica, sino de resultados.

Lo que de verdad resulta alarmante para inversores, economistas, analistas y aliados políticos (también debería serlo para el Gobierno) es que la reforma previsional sirvió para unir (al menos circunstancialmente) y empoderar a una oposición fragmentada, que parecía destinada a permanecer a la defensiva y limitada, cuanto mucho, a obstruir. El avance de anteayer refuerza las limitaciones del Gobierno para convertir en hechos sus planes de reforma radical. Y ni hablar de lograr que sean sustentables. Vencer sin convencer puede durar muy poco.

El Fondo Monetario Internacional, que monitorea la situación nacional mucho más allá del plano económico-financiero, subrayó la relevancia de esa fragilidad, al manifestar, a través de su vocera Julie Kozack (experta en el caso argentino), que “sigue siendo fundamental trabajar para ampliar el apoyo político a la estabilización y reforma macroeconómica”. Después de otra prueba reprobada, el subtexto del mensaje escrito por el FMI en el boletín de calificaciones de Milei dice: “Debes mejorar”.

Tanto para los dirigentes políticos como para los inversores tienen mucha lógica. “Cuando se junta la oposición en el Congreso y mucho más si alcanza los dos tercios, cualquier gobierno tiene un problema grave, porque hasta se le restringe la capacidad de vetar. Por eso, el Presidente ahora tiene que preocuparse de verdad y ocuparse de construir un apoyo sólido de más de un tercio de los diputados para que no se le limite hasta ese atributo de última instancia”, advierte una experimentada diputada de la oposición dialoguista, que tuvo la experiencia de ser gobierno en minoría en el Congreso.

Pasar del sueño de reunir mayorías para sacar leyes reformistas a la dura realidad de necesitar una minoría mínima para evitar la entrada en vigor de normas en sentido opuesto puede resultar pesadillesco. Tal vez, sea el momento de admitir que en algunos ámbitos, como el Congreso, manda más el número que la fe de “las fuerzas del cielo”.

La avanzada conjunta de 160 diputados de bancadas que hasta hace nada hacían todo lo posible por diferenciarse y la defección de casi una veintena de opositores dialoguistas expresa un cambio sustancial de la dinámica política vigente desde que Javier Miler llegó a la Presidencia. De la dificultad para sacar al menos una sola ley propia el Gobierno pasó a enfrentar la muy probable sanción de una ley impuesta por los opositores. Una novedad que no terminaría donde empezó.

Para sumar complejidades, en estas horas los oficialistas (pocos) que entienden de política empiezan a preguntarse si será conveniente seguir agitando el fantasma del veto, cuando corren el riesgo cierto de que la Cámara de Diputados vuelva a reunir dos tercios para insistir con la ley. De un problema fiscal se estaría yendo a un choque institucional. De allí a un riesgo para la gobernabilidad habría un suspiro.

Como bien señala el sociólogo y consultor Luis Costa, “el secreto del poder es evitar su uso efectivo. Esto significa lograr que la amenaza influya en la acción de los demás. El uso del poder real, es decir, de la fuerza, es el fracaso del objetivo de que otros hagan lo que uno pretende. Milei parece más cómodo en el uso de la fuerza que en la amenaza, y eso tiene consecuencias administrativas porque ya nadie acciona”. Si al fantasma le sacan la sábana y solo aparece un niño gruñón se acaba el miedo.

El tabú vencido

Bajo esa perspectiva adquiere más relevancia lo ocurrido con la reforma previsional en la Cámara de Diputados. “El radicalismo ya venció el tabú a que se lo vea votando al lado del kirchnerismo y el kirchnerismo bajó la pretensión de imponer sus proyectos maximalistas y demostró que está dispuesto a ceder para conseguir resultados. No es un buen escenario. Más cuando está pendiente el tratamiento de la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y la ley de financiamiento universitario, que podrían imponer con esta unión transitoria. Si eso ocurriera, el Gobierno vería esfumarse el recorte del gasto que hizo hasta acá”, advierte con extrema preocupación una de las figuras de Pro en Diputados.

No es la única luz amarilla tirando a naranja. El diputado subraya que su partido y su bloque (que anteayer por primera vez tuvo ausencias notorias) están decididos “a bancar lo necesario para que el Gobierno tenga éxito en lo económico”, aunque advierte que no falta mucho para que el macrismo empiece a plantear cuestionamientos en otros rubros de la (no) gestión mileísta.

Para eso esperan que se sancione la Ley de Bases que el Senado tiene previsto aprobar en general y modificar en particular la semana próxima. Aunque todas las previsiones dejaron de ser certezas después de lo ocurrido anteayer. Algunos no descartan la posibilidad de que antes de esa crucial iniciativa oficial los senadores sancionen la actualización de las jubilaciones aprobada en Diputados. Sería una doble derrota.

En política no dominan las casualidades (aunque nunca faltan). Los hechos de estos días exponen una suma de causalidades. Difícilmente los opositores derrotados se hubieran animado a enfrentarse a un gobierno y un presidente que, según la mayoría de las encuestas, mantenía el apoyo de algo más de la mitad de los argentinos, si no hubieran encontrado causas aparentemente nobles, justificaciones atendibles y una ventana de oportunidad abierta por errores no forzados del oficialismo.

La defensa de los ingresos de los jubilados siempre resulta un motivo noble para ser defendido hasta por los mismos que cuando fueron gobierno licuaron catastróficamente sus ingresos, como lo hizo la cuarta administración kirchnerista. Pero mucho más viable es esa defensa cuando asoma el argumento incontrastable de que más de un tercio del ajuste del que se jacta el Gobierno no lo haya pagado la casta, como prometía, sino que lo solventaron los por todos bienqueridos y siempre maltratados “abuelos”. Todos pueden esperar, pero menos los que tienen pocos años por delante, que desde hace años son obligados a ejercer la paciencia eterna. Toda causa necesita hechos que la sustenten.

Aún así, difícilmente hubieran encontrado los opositores un terreno tan allanado sino hubiera sucedido el escándalo de las cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir, que con el paso de los días en lugar de esclarecerse no dejó de complicarse, de sumar tropiezos y de revelar escándalos hasta caer en un pozo oscuro cuyo fondo resulta insondable.

Un claro ejemplo es la salida de funcionarios de alto rango del megaministerio de Capital Humano, que conduce la ahora miniaturizada ministra Sandra Pettovello, de la que el Presidente se ve obligado a convertirse en su escudero, a causa de los daños autoinflingidos, los dardos externos y el fuego amigo que sale de la cima del poder mismo.

Los despedidos no se fueron sólo por no haber gestionado bien, sino que se fueron acusados por los propios de cometer irregularidades, como cobrar sobresueldos por contratos con organismo multilaterales y entes cooperativos, que luego se comprobó no eran casos aislados.

Por el contrario, ya se sabe que ese viejísimo modus operandi para eludir restricciones administrativas y pagar mejores salarios, subsistió avalado desde lo alto de un gobierno cuyos funcionarios venían por el bronce (no por la plata) a terminar con privilegios y opacidades.

Lo interesante es que, según fuentes oficialistas, en algunos casos no se pagaron sobresueldos sino que esa fue la vía rápida para que funcionarios de áreas claves tuvieran ingresos, dado que su nombramiento no había sido efectivizado por demoras en la gestión. El recuerdo del exjefe de Gabinete Nicolás Posse es imborrable. Su sucesor, Guillermo Francos, se quejaba hace 72 horas de que había pasado buena parte del día firmando designaciones atrasadas.

Así, sin solución de continuidad, se pasó del indignante no reparto y no compra de comida (mientras había aumentado la pobreza y la indigencia por la inflación y la recesión) a la instalación de sospechas de corrupción en el ministerio que debe ocuparse de los más necesitados y sobre el cual el propio Milei ha dicho que no rige la máxima de su gobierno: “No hay plata”.

A quienes siguen de cerca la gestión mileísta no les resultó extraño (tanto que pasó casi inadvertido) que los responsables del scouting para encontrar reemplazante al desplazado y silente (por ahora) exsecretario de Niñez, Infancia y Familia Pablo de la Torre, hayan recibido tantos rechazos. Si a la administración le faltaban recursos en cantidad y calidad desde el comienzo, el paso del tiempo solo profundiza la escasez. A los malostratos, la falta de respaldo y orientación clara y la ausencia de recursos se le acaban de agregar acusaciones y denuncia penales. Los incentivos laborales brillan por su ausencia. Los estímulos para no subirse o bajarse crecen.

Para peor, el escándalo de los alimentos se produjo en los días previos de la colecta anual de Cáritas, el respetado brazo asistencial de la Iglesia Católica, cuyos directivos han estado en todos los medios para solicitar colaboración.

“Tuvimos que aumentar el pedido de donación de alimentos, porque sin la ayuda de privados no alcanza”, expresó la directora de Cáritas, Sofía Zadaro. Peor aún, para obtener el insuficiente aporte estatal debieron hacer reiterados reclamos al Gobierno porque las respuestas se demoraban, como lo admitió el obispo auxiliar de Buenos Aires, Gustavo Carrara.

Está claro que los problemas de gestión se suman a una relación conflictiva con la iglesia que se referencia en el papa Bergoglio. La colecta, que se hará entre mañana y pasado en todo el país, fue lanzada bajo el lema “Tu solidaridad es esperanza”, en una continuidad de la premisa papal “Nadie se salva solo”. Nada más antagónico del credo mileísta que reza “el individualismo es el camino”. El Gobierno sigue sumando oposiciones.

En este contexto a nadie puede extrañar que los mercados hayan reaccionado negativamente. Sin haber llegado a ser ley, la media sanción de la reforma jubilatoria implicó mucho más que un tiro al tan deseado y demandado equilibrio fiscal. Otro rayón al plan maestro del Gobierno.

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