La vicepresidenta Victoria Villarruel convocó para el próximo miércoles a las 10 de la mañana a la sesión para que el Senado trate la Ley Bases y el paquete fiscal, ambas iniciativas que cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Pero el tratamiento en la Cámara alta sufrirá modificaciones y volverá a Diputados en caso de que sea aprobada.

El Gobierno reclama la Ley Bases para desregular la economía y atraer inversiones, introducir cambios en las normas laborales y poner en venta algunas empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y Correo Argentino, entre otros.

El oficialismo se muestra confiado de que la norma será aprobada por el cuerpo que dirige Villarruel. Gabriel Bornorni, jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja, afirmó este jueves en LN+ que el Senado no rechazará los proyectos. En el mismo sentido se manifestó Guillermo Francos, jefe de Gabinete, en declaraciones que realizó a lo largo de la semana.

José Mayans, titular del uno de los dos bloques de Unión por la Patria (UxP) en la Cámara alta, planteó sus dudas de que la ley sea aprobada. Y le envió un contundente mensaje a los legisladores peronistas que no están en el bloque de UxP, como el correntino Carlos “Camau” Espínola o el entrerriano Edgardo Kueider, al afirmar que “ninguna persona que se dice peronista puede votar la ley”.

Estos son algunos de los puntos más relevantes de la Ley Bases que llega con media sanción de Diputados:

• Facultades delegadas. Son cuatro: el Ejecutivo la pide para legislar en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
• Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Sectores de la oposición dialoguista pretenden que también las PyME puedan ingresar en este régimen con un monto de inversión menor.
• Moratoria previsional. Los legisladores amigos colaron un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de los 30 años de aporte. Fue una demanda opositora ante la decisión del oficialismo de eliminar las moratorias previsionales.

Por otro lado, entre los puntos más importantes del paquete fiscal figuran:

• Impuesto a las ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual pero, ante la presión opositora en la Cámara baja, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
• Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$ 100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
• Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $11 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 millones a $350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de 5 años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.

LA NACION

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