Con un toque de ironía, el juez Juan Carlos Peinado se defendió de las críticas en su contra por haber comunicado, a escasos días de las elecciones europeas, que interrogará como investigada a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

En una providencia fechada este jueves, Peinado alegó que ni la Junta Electoral de Zona ni la Junta Electoral Provincial le han comunicado que testigo alguno o imputado en este caso sean candidatos a los comicios del 9-J. Porque, efectivamente, Begoña Gómez no es candidata.

Pese a ello, desde el Gobierno y desde el PSOE han señalado duramente al magistrado, al que acusan de haber tratado de interferir en el proceso electoral.

En respuesta, la última resolución que ha dictado Peinado en el llamado caso Begoña señala que ni la Constitución, ni la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), ni la Ley Electoral (LOREG) ni la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni, en definitiva, ningún precepto jurídico le impide continuar con su instrucción en periodo electoral. Y, menos aún, cuando Gómez no es candidata.

Asimismo, el magistrado avanza que interrogará, como testigo, a Carlos Barrabés en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, en el que este empresario se encuentra ingresado por una grave enfermedad. En su resolución, desvela también que ya ha interrogado al médico que le trata y prevé visitar al paciente entre los días 17 y 23 de junio.

Barrabés es el emprendedor que presentó en un proceso de adjudicación al menos dos cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, que avalaban el buen hacer de una de sus empresas, que, finalmente, se llevó contratos públicos por valor de 10 millones de euros. Los concedió la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Hacienda. Ése el motivo por el cual la primera dama está siendo investigada por un posible delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios.

A su vez, Barrabés forma parte del claustro de profesores del Máster en Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

De esta forma, Peinado ha reaccionado a las críticas de varios políticos, que cuestionaron por qué había anunciado la citación como investigada de Gómez a pocos días de las europeas. Especialmente, debido a que Begoña no será interrogada hasta el 5 de julio.

En una carta publicada en su Twitter, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó que el juez tenía intención de inferir en la campaña con este movimiento. También se han pronunciado así otros miembros del PSOE y del Ejecutivo, como la ministra Pilar Alegría.

Begoña, citada a declarar

Este martes por la mañana se hacía público que Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, interrogará a la esposa de Sánchez dentro de un mes.

Unas horas después, pasadas las siete de la tarde, el presidente del Gobierno publicaba en sus redes sociales una misiva —la segunda en poco tiempo, después de aquella en la que amagó con dimitir— para defender la honorabilidad de su mujer.

En la carta criticaba que el juez hubiese hecho pública la citación en ese momento. “Sólo cinco días antes de que se celebren las elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño”, lamentaba. “Dejo al lector extraer sus propias conclusiones”, deslizaba Sánchez, tras mencionar que Peinado incumple la “regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el normal funcionamiento de las campañas electorales”.

Tal y como ha informado EL ESPAÑOL, altos tribunales, como el Constitucional o el Supremo, han respetado esta costumbre con el objetivo de no proporcionar, con sus resoluciones, artillería política y evitar cualquier influencia de sus decisiones en las campañas electorales.

También sucede así en otros procedimientos que tengan aroma político. Así ha ocurrido, por ejemplo, a la hora de dictar la sentencia por el supuesto acoso que sufrieron en su chalé de Galapagar Pablo Iglesias e Irene Montero, que se querellaron contra un youtuber ultraderechista que participó en varias concentraciones frente a la vivienda.

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL confirman que la magistrada que presidió el juicio no publicará su fallo hasta pasado el 9-J. En este caso, sucede que Irene Montero, además haber sido ministra de Igualdad, es la candidata de Podemos al Parlamento Europeo.

Peinado no ha seguido este mismo criterio, ya que, como alega, ni Begoña ni Barrabés ni ningún otro testigo se presentan a las elecciones. En la citada resolución, fechada este jueves, se justifica. Recalca que la costumbre “es una fuente supletoria del derecho”. Debe seguirse adelante, por tanto, cuando no exista una ley que regule un asunto. “Este instructor no conoce precepto alguno de la Constitución, la LOPJ ni de la LECrim ni de la LOREG ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”, exponía, también con cierta ironía.

Las principales asociaciones de jueces afean a Sánchez los términos de su última carta pública y el señalamiento de Peinado.

“Es un claro ataque a la independencia judicial”, señaló en conversación con este periódico María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, compuesta por unos 1.400 asociados y la considerada conservadora. 

“A los jueces nos vinculan las leyes escritas y publicadas”, reiteraba Del Barco a este diario. “Imagínate que hubiese sido al revés: que lo que hubiese dictado fuese un sobreseimiento libre. ¿Hubiera tenido que esperar a publicarlo o eso sólo debe afectar a las resoluciones que no interesan?”, planteó la portavoz de la APM en charla con este periódico.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado, aunque sin mencionar explícitamente a Sánchez, que se reunirá, de forma extraordinaria, el próximo lunes para pronunciarse sobre las “últimas manifestaciones públicas” que “pueden afectar a la independencia judicial”.