Click to expand Image

(Washington, DC, 5 de junio de 2024) – Una orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 4 de junio de 2024, que bloquearía de facto el acceso al asilo para las personas que ingresan a la frontera entre Estados Unidos y México bajo ciertas condiciones, podría exponer a miles de personas a sufrir daños, señaló hoy Human Rights Watch. La orden es ilegal en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados.

La medida permite a los agentes fronterizos expulsar de manera inmediata y sin audiencia a las personas que llegan a EE.UU. cuando las aprehensiones en la frontera han superado un promedio de 2.500 personas en 7 días. De este modo, se cerraría la frontera a los solicitantes de asilo. Las autoridades no reabrirían la frontera hasta que el número de aprehensiones diarias disminuya por debajo de un promedio  de 1.500 personas en 7 días concurrentes.

La orden ejecutiva se basa en la premisa confusa de que “los no ciudadanos que crucen la frontera sur de manera irregular o sin autorización generalmente no podrán optar al asilo”. El artículo 31 de la Convención sobre los Refugiados deja claro que es legal llegar como refugiado en busca de protección, pero al cerrar la frontera a todas las llegadas, la orden convierte la búsqueda de asilo en algo ilícito.

“Centrarse en cifras arbitrarias en lugar de hacerlo en los seres humanos que solicitan asilo en la frontera de EE.UU. ignora el daño potencial a las personas, familias y niños que podrían ser devueltos por la fuerza al peligro”, dijo Vicki B. Gaubeca, directora asociada de inmigración y política fronteriza de EE.UU. en Human Rights Watch. “Esta política reproduce algunas de las medidas antiinmigrantes más duras de la administración anterior, aparentemente atendiendo al alarmismo contra los inmigrantes e impulsada por el deseo de parecer ‘duros en la frontera’ “.

La administración afirma que la nueva autoridad de “cierre” se basa en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite al presidente prohibir la entrada de grupos enteros de no ciudadanos considerados “perjudiciales para los intereses de Estados Unidos”. Sin embargo, las personas que ya están en suelo estadounidense y solicitan asilo o piden protección están protegidas no sólo por la sección 208 de la INA, sino también por el derecho internacional, con el que la sección 212(f) debe ser coherente, señaló Human Rights Watch.

Esta no es la primera restricción de la administración Biden al acceso al asilo. En mayo de 2023, la administración anunció la regla de elusión de vías legales. Esta norma prohíbe a las personas solicitar asilo en Estados Unidos si cruzan entre puertos de entrada, si no utilizan la aplicación telefónica CBP One, que obliga a las personas a esperar durante meses en México para obtener una cita, o si no solicitaron asilo en un país de tránsito. Estas políticas han dado lugar a abusos generalizados, como ha documentado Human Rights Watch.

Por otra parte, la administración Biden tiene previsto aumentar los procesamientos relacionados con la inmigración mediante el aumento de “fiscales y personal de apoyo” adicional y el aumento de la colaboración entre los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia. Human Rights Watch lleva mucho tiempo documentando que los procesamientos por entrada o reentrada ilegal violan los derechos de los solicitantes de asilo y los derechos de todos los inmigrantes a la unidad familiar.

“En lugar de contribuir al teatro político que suele ser el telón de fondo del ciclo de elecciones presidenciales de EE.UU., el gobierno de Biden debería centrarse en crear un enfoque equilibrado y respetuoso con los derechos para gestionar la frontera entre EE.UU. y México”, afirmó Gaubeca.