Según Leal Angarita, lo reportado por cada uno de los agentes interventores
robustece “las decisiones tomadas por parte de la Superintendencia Nacional de
Salud, respecto a cada una de las EPS aludidas”.

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En el caso de Sanitas, el interventor encontró gastos al cierre de la vigencia 2023 por 104.226 millones de pesos en operación de centros médicos. Al respecto, el Supersalud explicó que ese tipo de inversiones las debe hacer la misma institución prestadora de servicios de salud (IPS) y no la EPS. 

“Mucho menos cuando esos centros médicos pertenecen al mismo conglomerado o grupo. Esto, es lo que se conoce como integración vertical, puesto que se estaban asumiendo gastos que no corresponden a las IPS a las cuales ya se les estaba pagando por la atención de pacientes”, señaló Leal.

El informe del interventor detalla también la firma de múltiples contratos sin una finalidad específica o algún tipo de beneficio para Sanitas.
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​Por otro lado, Leal asegura que no se detalla la distribución de la población afiliada en la red de servicios de salud de Sanitas, la oferta actual de servicios, la capacidad instalada de los prestadores, ni las brechas en la oferta de servicios. 

“Además, falta el análisis de las condiciones sociales, económicas y de calidad de vida, la
descripción de patologías de alto costo, los programas de intervención y la
implementación de criterios para la priorización”, dijo. 

Según la entidad de vigilancia y control esta situación no es menor, puesto que puede afectar la capacidad de la EPS para responder adecuadamente a las necesidades de sus afiliados y mejorar la calidad y eficacia de la atención en salud.

Asimismo, el interventor informó que Sanitas EPS firmó un contrato con una cláusula de
exclusividad en favor de la contratista que impide a la EPS el suministro, dispensación o abastecimiento de medicamentos a sus afiliados directamente o mediante otros proveedores, salvo que la contratista lo permitiera de forma transitoria. 

No obstante, en el mismo contrato se definió la posibilidad de subcontratar con otros operadores. “La operación del contrato, incluyendo la cesión del recaudo de copagos y cuotas moderadoras. Lo anterior conlleva a que la EPS Sanitas se encuentra limitada en su capacidad de operar y gestionar la distribución de medicamentos e insumos médicos”, resaltó Leal Angarita.

De acuerdo con la Supersalud al momento de la toma de posesión de la EPS, se hallaron
12’645.762 registros de facturas radicadas en proceso de auditoría por valor de más
de 4.4 billones de pesos, estas obligaciones no fueron incluidas en los estados
financieros que acumulan un valor de 5.7 billones de acuerdo con lo encontrado por
la firma contralora. Según la entidad de vigilancia y control, la aparición de estos registros multiplica la deuda de esta EPS.

El interventor indicó que la EPS hacía pagos a los prestadores de servicios de salud;
sin embargo, desconocía si estos estaban o no prestando verdaderamente la atención, puesto que no pedía reportes, especialmente en lo concerniente a la promoción y prevención en materia de salud.

La información, que se dio a conocer días atrás, ha generado todo tipo de polémicas. En entrevista con EL TIEMPO, Leal Angarita explicó lo siguiente:  “En cuanto a Nueva EPS vemos con preocupación que durante años atrás se escondieron muchas facturas que no se reportaron al sistema de salud y el pasivo del que tenía conocimiento la Supersalud antes de la intervención que era de 500.000 millones de pesos. Era una cuantía mínima con respecto al pasivo real de muchas facturas que no estaban presentadas”. 

En respuesta, Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la Junta Directiva de Nueva EPS, respondió que tales afirmaciones eran falsas. Según él,  no se ocultaron deudas de ningún tipo, ni se realizaron gastos ilegales, innecesarios, suntuarios o exorbitantes.
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(Lea también: Enrique Vargas Lleras, exmiembro de la Junta Directiva de Nueva EPS, asegura que la entidad nunca ocultó deudas de ningún tipo) 

 “Toda la información financiera, los actos y las operaciones realizadas durante mi permanencia como integrante de la Junta Directiva, se desarrollaron de acuerdo con las normas legales y con la debida transparencia y pulcritud que dicha dignidad impone. De todo lo cual han dejado constancia, tanto el contador como los revisores fiscales, prestigiosas firmas internacionales Deloitte and Touche y KPMG”, afirmó Vargas Lleras.

Así mismo, aclaró que su participación en la Nueva EPS fue únicamente como miembro de la junta en representación de la Caja de Compensación Familiar Cafam.

“La junta nunca tuvo conocimiento de información sobre un supuesto ocultamiento de $5,5 billones en facturas. Sobre esta situación, quienes estuvieron al frente de la administración deberán dar las explicaciones correspondientes”, aseveró.

En medio de este panorama, Vargas Lleras aseguró que los ataques del gobierno son consecuencia de su posición frente a la reforma a la salud, ya que se opuso radicalmente a dicha iniciativa. “En menos de tres meses el gobierno se tomó la Nueva EPS: han pasado dos gerentes diferentes y actualmente se encuentra en un curioso proceso de intervención”, señaló.

Por otro lado, la Supersalud destaca que en el primer trimestre de 2024 la suficiencia de la red fue del 87.7% con brechas del 12.3%, según cifras del informe entregado por el agente interventor de Nueva EPS. Este comportamiento obedece a la baja capacidad resolutiva, falta de oportunidad en la prestación o bien a problemas de accesibilidad.

Además, de acuerdo con el informe de accesibilidad de tutelas y PQR el interventor expuso que los departamentos con mayor dificultad en la prestación son: Cundinamarca y Distrito Capital, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Huila.

“Pese a que existe contratación del 100% de las atenciones de la ruta de promoción
y mantenimiento de la salud, se evidencian para la vigencia 2023 las más bajas
coberturas en varios programas”, aseguró Leal Angarita.

En este sentido, el informe destaca que la cobertura de toma de tamizaje para cáncer
colorrectal fue solo del 23.2%, el porcentaje de mujeres con uso de método anticonceptivo fue de 28.5%, el cumplimiento de consulta de planificación familiar se ubicó en el 26.8%, la cobertura de toma de tamizaje para cáncer de próstata está en el 32.4% y la obertura de toma de tamizaje para cáncer de mama en el 37.8%.

Por otro lado, entre las vigencias 2022 y 2023 el gasto médico dentro de la Nueva EPS se incrementó en un 58 % producto de los ajustes realizados a las reservas técnicas; lo que generó un indicador de siniestralidad del 118,93%. De acuerdo con lo que revela el mismo informe, los resultados en esta EPS son cada vez peores.
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Finalmente, la Contralora designada para el seguimiento de la intervención también informó sobre inconsistencias en el registro de los anticipos otorgados a prestadores y
proveedores de la EPS, En el mes de marzo de 2024 se reportaron para legalización
facturas de anticipos otorgados desde 2008 hasta la fecha.

Según el informe de la Supersalud, una de las observaciones más significativas por parte del agente interventor de la EPS S.O.S tendría relación con el riesgo de la EPS en la concentración del nivel primario en cabeza de un prestador (Comfandi) que además tiene la condición de vinculado, lo que hace y hará más difícil su evaluación de eficiencia.
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“Para los contratos PGP suscritos con la prestadora Comfandi, se determinó una baja ejecución durante el periodo agosto 2023 y marzo de 2024 del 82.35%, lo que equivale a $19.629 millones, además de bajos desempeños en los periodos anteriores de las vigencias contractuales, sin haberse realizado los recobros correspondientes”, indicó Leal. 

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Sobre los recursos a recobrar por servicios prestados por otras IPS y que estaban con cargo al contrato de PGP, la Supersalud aseguró que existe dificultad de realizarlo por inconsistencias en el contrato actual. Las cifras dejan ver que para los meses del contrato actual, el valor a recobrar sería de más de 14 mil millones según reportó el área de Auditoría de la EPS.

“Todos estos hallazgos requieren de un análisis mucho más profundo que vamos a
evaluar junto al plan de trabajo presentado por cada interventor. Como Superintendencia tenemos la responsabilidad de verificar que se cumpla ese plan. Vamos a hacer todo para garantizar que se usen adecuadamente los recursos de la salud para proteger la vida de las personas”, dijo Leal Angarita.