Desde el Gobierno se refirieron a las polémicas declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien señaló que el crimen del teniente Ronald Ojeda en Chile se trató de una “operación de falsa bandera”.

En conversación con Radio Infinita, el ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que “en este tipo de cosas he aprendido a no sorprenderme (…) es una declaración excesiva que se descalifica por sí misma”.

En este sentido, el secretario de Estado recalcó que “el fiscal Nacional, Ángel Valencia, y el fiscal Héctor Barros han sido muy precisos en los requerimientos de información”, precisando en que “los medios de colaboración y de comunicación son institucionales y formales, y si alguien creía que la simple visita de un par de fiscales venezolanos a Chile, de modo informal, era un acto de cooperación, estaba completamente equivocado”.

“La declaración del fiscal de Venezuela no solo es un problema respecto de esta investigación, sino que la disposición que manifiesta respecto de la cooperación de un conjunto de investigaciones que no solo se están desarrollando en Chile, sino que en otros países de la región y que requieren de la cooperación de Venezuela”, argumentó el ministro.

Asegurando que las declaraciones del fiscal venezolano “es una mala noticia porque la única manera de combatir las organizaciones criminales es mediante cooperación”.

Gobierno y dichos del fiscal venezolano

Por su parte, desde un punto de prensa, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, enfatizó que, “en primer lugar, cuando se realiza una aseveración de esta naturaleza, lo que corresponde es que se pongan a la vista los antecedentes o al menos que esos antecedentes sean proporcionados a través de los canales institucionales. Porque finalmente, cuando se realiza una afirmación de tal gravedad, hay que hacerse cargo de lo que se dice”.

“(…) La Fiscalía ha llevado adelante una investigación profesional que ha permitido ya determinar la identidad de quienes habrían participado en la comisión de este delito y, efectivamente, se ha acreditado que algunos de ellos se encuentran fuera de Chile y, por tanto, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para garantizar, en primer lugar, que esta investigación sea exitosa; en segundo lugar, que sus autores respondan ante la justicia y que los delitos cometidos en Chile sean juzgados en Chile”, aseguró el secretario de Estado.

A raíz de esto, Elizalde dijo que van “a utilizar los mecanismos que establece nuestra institucionalidad. También ejerceremos todos los mecanismos que existen en materia de relaciones exteriores, para velar que este crimen atroz no quede en la impunidad y que sea juzgado y sancionado en Chile”.

Respecto a los mecanismos sobre las relaciones exteriores, Elizalde dijo que “corresponde que las decisiones sean adoptadas por las autoridades de Interior y de Relaciones Exteriores, por tanto, yo a ese respecto no voy a entrar en detalles”.

“Pero sí quiero ser explícito respecto de la voluntad resuelta del gobierno de Chile y del gobierno del presidente Boric, de contribuir decididamente para el total esclarecimiento de este crimen atroz y que sus autores respondan ante la justicia chilena”, sentenció.