Con el pretexto de que sus reformas sociales supuestamente están estancadas en el Congreso, en los últimos meses el presidente Gustavo Petro ha desnudado su faceta más confrontacional y ha redoblado su discurso hacia la posibilidad de una constituyente. Incluso, sus partidarios ya hablan de reelección. Sin embargo, aun cuando el trámite legislativo no ha estado exento de controversias y dificultades, lo cierto es que las grandes iniciativas del “Gobierno del cambio” van viento en popa y marchando.

Salvo su fallida reforma a la salud –que hoy parece estar materializándose a punta de decretos e intervenciones–, los otros proyectos que Petro le prometió al pueblo en campaña siguen concretándose en el Parlamento. Por supuesto, con modificaciones y debates implícitos al trámite de cualquier proyecto en una democracia, pero conservando en esencia lo que ha propuesto el Ejecutivo. Una muestra de ello son las reformas a la educación y la pensional, así como la ley estatutaria de jurisdicción agraria.

No obstante, el primer mandatario no ha dejado de mostrar los dientes y, en su lugar, ha regresado –en medio de mensajes confusos– a su idea de una Asamblea Nacional Constituyente echando mano, inclusive, del Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc. Esa alternativa lo ha puesto a rivalizar con otrora aliados como el expresidente Juan Manuel Santos.

El saludo presidencial al cuerpo diplomático residente en Colombia desde Casa de Nariño fue la tribuna más reciente para que Petro abordara su idea del bloqueo institucional y la parálisis de sus reformas. Por un lado, reclamó que se está incumpliendo el Acuerdo de Paz en la medida en que, aunque se tenían contempladas 3 millones de hectáreas para campesinos, solo han podido abarcar 200.000 hectáreas a punta de compras voluntarias de poseedores de tierra.

“Para hacer eso hay que cambiar normas”, explicó Petro este martes, quien omitió mencionar que ese mismo día, la Cámara –donde goza de mayorías– iba a discutir (y a la postre aprobar) la ley estatutaria de jurisdicción agraria. Esa norma da desarrollo y reglamenta otra ley en el mismo sentido que el Congreso le aprobó al Ejecutivo en junio del año pasado.

El propio ministro de Justicia, Néstor Osuna, reconoció que la jurisdicción agraria y rural “representa un avance significativo para saldar la deuda histórica del Estado colombiano con la ruralidad y cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz”. De hecho, a este proyecto –y también en el marco de lo acordado en La Habana, Cuba–, podría sumarse la aprobación en 2023 del proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos como sujetos de derechos y de especial protección.

Sin embargo, Petro no hizo referencia a esos empujones legislativos en su saludo al cuerpo diplomático y en otro apartado de su discurso alegó que hay “expresidentes tratando de no permitir, a como dé lugar, que no haya una reforma a la salud; que no haya una reforma a las pensiones; que no haya una reforma agraria; que no haya una de educación. Que no cambie el país, moviendo magistrados para que ilegitimen decretos, diciendo no a una Constituyente, no al poder constituyente”.

¿Por qué el presidente insiste en ese discurso cuando la realidad muestra que sus reformas sí avanzan en el Congreso? Para el profesor Juan Pablo Milanese, del programa de Ciencia Política de la Universidad ICESI, si bien Petro ha tenido dificultades y aprietos para llevar a buen puerto sus proyectos, es un hecho que se siente más cómodo en la confrontación y en la retórica, más ahora que necesita combustible para un proyecto que trasciende las reformas: modificar la Constitución de 1991 e incluso, asegurar otros cuatro años de gobierno, bien sea con él o a través de un tercero.

“Como consecuencia de la dificultad en el trámite legislativo que experimentan sus proyectos debe redoblar la apuesta desde el punto de vista retórico. Él se sintió siempre más fuerte y cómodo en la confrontación electoral que en la gestión. Creo que le está apostando a producir un clima electoral durante la gestión”, explicó el catedrático.

A su turno, desde la oposición, la senadora Paloma Valencia negó que las reformas estén estancadas y corroboró que al primer mandatario le resulta más provechoso mantenerse en el cuadrilátero para ganar adeptos, que sentarse a concertar. “El problema es que son políticos de paja, les toca echar el discurso de que nada funciona. Pero las reformas están andando, solo se hundió la de la salud. Acá todo se lo han aprobado. Hay unos proyectos que se han logrado mejorar, que traen elementos buenos y otros con elementos malos”.

El éxito legislativo

Aun cuando el Jefe de Estado insiste en la tesis de que hay un bloqueo contra sus reformas y que no hay otro camino para tramitarlas que echando mano del “poder constituyente”, lo cierto es que en los muros del Parlamento tres de sus ministros han sido claves para sacar adelante sus reformas: el del Interior, Luis Fernando Velasco; Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y Educación, Aurora Vergara.

Aunque ante la galería Petro se muestra radical y confrontacional –cuando se hundió su reforma a la salud llegó a decir que a los congresistas “se les olvidó leer y no estudian”–, en el Capitolio sus funcionarios mantienen un comportamiento pragmático y le apuestan a la concertación.

A Velasco –por ejemplo– lo perciben mucho más sereno y pausado, y una muestra de ello fueron sus declaraciones la semana pasada, cuando se desmarcó de la reelección y sostuvo sin titubeos que el hecho de que “un gobierno use su poder para extender su propio mandato es antidemocrático, en este o en cualquier gobierno”.

A su turno, a Ramírez le reconocen su capacidad para ceder y negociar –quizá haciendo gala de su pasado sindical–, mientras que a Vergara su ánimo de concertación: “Su actitud, a diferencia de sus colegas, es totalmente distinta: ha sabido contestar las preocupaciones e inquietudes frente al proyecto, además que ha concertado los puntos más álgidos de la reforma”, reconocía en abril pasado la representante Katherine Miranda (Alianza Verde).

De hecho, tras la aprobación de la reforma a la educación este miércoles en su tercero de cuatro debates, la senadora oficialista María José Pizarro (Pacto Histórico) destacó el apoyo de partidos de oposición y sostuvo que este tipo de coincidencias sientan “el gran piso para un acuerdo nacional, para un acuerdo sobre lo fundamental”.

Que el grueso de la agenda legislativa del Gobierno hoy esté marchando es, en gran medida, responsabilidad de los ministros y sus funcionarios, con todo y que la legitimidad de los proyectos haya quedado en duda las últimas semanas por cuenta de la denuncia de supuestas coimas para su trámite.

Lo anterior, tras lo dicho por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exfuncionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), quienes aseguraron que con dineros aruñados de la corrupción en la entidad habrían pagado hasta $4.000 millones a los actuales presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, para supuestamente materializar las reformas y financiar las elecciones de octubre de 2023.

Oposición no se rinde

Pese a que la oposición ha coincidido en varios proyectos del Gobierno, lo cierto es que no deja de ver con recelo las reformas y no da su brazo a torcer en su empeño por hundirlas advirtiendo que, en su opinión, son inconvenientes.

En esa línea, hay quienes siguen cuestionando la transparencia de las reformas y reclaman que, más allá de concertación y un trabajo aplicado de los ministros, el Gobierno Petro insiste en prácticas que en el pasado criticaba con vehemencia: “La jugadita ha sido transar al Congreso de la República con plata y puestos por parte del Gobierno”, manifestó el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático).

De hecho, conscientes de que hoy el problema de Petro no son las mayorías en el Congreso, sino los tiempos, los partidos de oposición no renuncian y buscan sus propias fórmulas para hundir las reformas del Gobierno. Lo anterior, teniendo en cuenta que el Ejecutivo cuenta con poco más de ocho días hábiles –de acá al 20 de junio, cuando concluye el periodo legislativo–, para tramitar los proyectos. De lo contrario, terminarán archivados por tiempos.

Recién el martes, el Centro Democrático interpuso una tutela para suspender el trámite de la reforma pensional, alertando que la iniciativa fue tramitada en apenas dos sesiones en la Comisión Séptima de la Cámara, “violando las garantías de la oposición y en una discusión en la que no se pudo analizar a fondo y de manera técnica cada uno de los puntos contenidos en la reforma”.

Previamente, el uribismo instauró una acción popular ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para suspender el trámite de todas las reformas, alegando que las denuncias de presunta corrupción y coimas desde la UNGRD “deslegitiman y vician” la participación de funcionarios y congresistas implicados.

Ahora se conoció que –con tal de restarle tiempo a las reformas del Gobierno–, partidos como Cambio Radical, Verde Oxígeno o Centro Democrático pidieron presidir las plenarias en la Cámara del 13 y el 19 de junio. Lo anterior, haciendo uso del Estatuto de la Oposición y con miras a fijar su propia agenda para evitar la aprobación de la reforma pensional.

¿Cómo van las reformas?

Una muestra de que en el terreno de lo tangible las reformas avanzan, pese a los reparos de Petro y las maniobras de la oposición, es la pensional. El presidente logró destrabar el proyecto en Senado a mediados de abril pasado y, en menos de ocho días, consiguió su aprobación en la Comisión Séptima de la Cámara en mayo.

Al proyecto apenas le resta un debate para ser ley de la República y hasta ahora mantiene inamovibles del Gobierno, como un umbral de cotización en Colpensiones por encima de 2 salarios mínimos (aun cuando Petro insiste en subirlo a 4) o su entrada en vigencia en 2025, es decir, en año preelectoral.

La reforma a la educación es otro de los ejemplos. Si bien permaneció en veremos en las últimas semanas en la Comisión Primera del Senado, el proyecto finalmente se destrabó este miércoles y logró congregar mayorías no solo de partidos de Gobierno o independientes, sino de la misma oposición. Fue aprobada con sobradas mayorías y ahora solo le resta un debate en Senado para ser ley.

El proyecto busca reglamentar la educación como un derecho fundamental y comprende garantías de acceso y adaptabilidad. Según el Gobierno, esta ley estatutaria reglamenta la reforma constitucional que elevó a derecho fundamental la educación en Colombia.

“La Constitución de 1991 le otorgaba ya este derecho a la población a la educación entre los 5 y 15 años; sin embrago, la iniciativa que avanza en el Congreso busca ampliar el rango a partir de la formación inicial, contemplando los tres grados del preescolar hasta los estudios universitarios”, destacó el Ejecutivo.

De acuerdo con la senadora Paloma Valencia, el Gobierno solo accedió a concertar solo cuando se dio cuenta que no contaba con las mayorías para aprobar sus ponencias. No obstante, destacó que accedieran a respaldar la ponencia alternativa.

“La ley quedó con elementos de ellos, pero se quitó el veneno frente a la injerencia del Gobierno en universidades y el respeto por la autonomía universitaria. Además, incorporando elementos de que la educación debe sincronizarse con el sistema productivo y que la inversión pública del Estado en educación también debe abarcar a los privados en pro de fortalecer un sistema mixto de calidad”, sostuvo la congresista.

Por otro lado, aunque ha quedado relegada en medio del trámite de otros proyectos, la reforma laboral –otra de las iniciativas del corazón del petrismo–, podría quedar lista antes del 20 de junio. A diferencia de los otros proyectos, solo debe surtir su primer debate y a partir de la próxima legislatura comenzaría la discusión del grueso de su contenido.

El proyecto le apuesta a instaurar contratos de trabajo a término indefinido como regla general, atajar la informalidad, fijar la jornada nocturna desde las 7:00 de la noche y el pago del 100 % de dominicales y festivos.

“Nuestra meta es avanzar con toda la agenda del Gobierno, por lo tanto, estas iniciativas seguramente pasarán por los debates necesarios para que no se hundan. También estamos escuchando a todas las corrientes políticas respecto a estas dos reformas para fortalecer su contenido y lograr llegar a consensos que es el interés y la prioridad para el Gobierno”, declaró recientemente el ministro Velasco.

En paralelo al trámite de estos proyectos, la plenaria de la Cámara de Representantes –con 96 votos a favor y solo 30 en contra– aprobó, en último debate, el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural. Al proyecto solo le resta la conciliación en las plenarias del Congreso y la respectiva revisión de la Corte Constitucional.

Según el Gobierno, “el espíritu de la norma busca la protección de los derechos de propiedad y el establecimiento dentro de la legalidad para resolver conflictos agrarios de manera expedita”. Así, se le da desarrollo a un proyecto de acto legislativo que fue aprobado el año pasado que les permite a jueces y magistrados “la autoridad para resolver, de manera especializada y pacífica, los conflictos agrarios y rurales del país”.