Sometidos a medidas cautelares menores, como arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional, quedaron cinco integrantes del Tren de Aragua que fueron detenidos el año pasado en un operativo efectuado por la PDI y la Fiscalía de Los Vilos, acusados de haber cometido varios secuestros entre las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

Desde entonces, los detalles de la causa se han mantenido en estricto secreto, así como las identidades de los imputados, y solo se han conocido algunos detalles, como el hecho de que quien daba -por whatsapp- las instrucciones para efectuar los delitos era un sujeto a quien le decían “El Viejo”, que a juicio de los investigadores es Larry Amaury Alvarez Núñez, más conocido como “Larry Changa”, uno de los tres creadores del Tren de Aragua y quien lo instaló en Chile en 2018.

El lunes correspondía efectuar una audiencia de revisión de medidas cautelares respecto de siete imputados, que se encontraban en prisión preventiva desde noviembre del año pasado, ocasión en la cual las defensas de cinco de ellos solicitaron cambiarla por medidas cautelares menos gravosas, ofreciendo, a cambio, pagar una caución de cinco millones de pesos.

Según la versión entregada a El Mostrador por la Fiscalía Regional de La Serena, el asistente de fiscal que estaba en la audiencia (Luis Soto Pérez) dijo que se oponía a la modificación de las medidas cautelares, alegando el peligro para la seguridad de la sociedad de los detenidos y el peligro de fuga.

Sin embargo -dicen fuentes que conocieron la audiencia- no aportó mayores antecedentes respecto de la peligrosidad de los sujetos (cuatro de ellos venezolanos, incluyendo a un sujeto que estuvo preso en la cárcel de Tocorón), a fin de sostener lo anterior, ante lo cual la jueza de garantía, Daniela Pinto, resolvió a favor de la defensa.

Sin embargo, la magistrada dejó constancia de su molestia por la actuación del representante del Ministerio Público por lo cual, mientras se desarrollaba la audiencia, ordenó oficiar al fiscal jefe de Los Vilos, haciéndole presente que “el fiscal que se encuentra en dependencias del tribunal, a propósito de la revisión de la medida cautelar, no conoce cabalmente los antecedentes que motivaron las incidencias planteadas por las defensas“.

Por cierto, el asistente de fiscal tampoco apeló verbalmente, instancia que podría haber aprovechado al final de la audiencia, a fin de evitar la puesta en libertad de los imputados y transferir dicha decisión a la Corte de Apelaciones de La Serena.

La Fiscalía Regional confirmó que esta mañana ingresó una apelación a la resolución, pero la pregunta que muchos se hacen es si, en caso de la que el tribunal de alzada revierta la decisión, encontrarán a los imputados, dado que todos ya pagaron la caución por lo cual ya deberían ser puestos en libertad.

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