El juez Juan Carlos Peinado es, por la autoridad que le confiere su cargo, de los que pueden hacer y hacen. El martes pasado, en la recta final de la campaña de las elecciones europeas, citó a declarar a Begoña Gómez para el 5 de julio próximo dentro del caso de supuesta corrupción privada y tráfico de influencias que investiga a partir de una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Pudo esperar perfectamente hasta después del 9J para dictar el auto y evitar cualquier interferencia indeseada en los comicios, pero, por lo visto, tenía tanta prisa por airear su decisión que ni siquiera esperó a escuchar a los testigos, algo que hasta ese momento él mismo consideraba imprescindible “para evitar una estigmatización infundada” de la acusada, tal como cuenta Ignacio Escolar en este análisis sobre las singularidades de la investigación judicial.

Pero hay algo más: salvo que exista un juez homónimo trabajando en un juzgado 41 bis de la Plaza de Castilla de Madrid, estamos hablando del mismo juez Peinado que hace cuatro años rechazó citar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en un caso de presunta prevaricación por el cierre de los parques durante la pandemia, argumentando, entre otras cosas, que en ocasiones los denunciantes tienen como propósito prioritario que los medios publiquen imágenes del acusado en sede judicial, lo que castiga a este con una “estigmatización adicional”.