Ayer, cinco integrantes del Tren de Aragua que cumplían prisión preventiva, fueron liberados tras el pago de una millonaria caución en Los Vilos, región de Coquimbo.

La jueza del Tribunal de Garantía de Los Vilos, Daniella Pinto Cortés, cambió la medida cautelar de los imputados -acusados de secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita- y los dejó con arresto domiciliario, firma mensual y arraigo nacional.

En la audiencia se revisaron las medidas cautelares de siete sujetos. La magistrada concedió el cambio para cinco de ellos, rechazó otra, y una sexta medida, hasta ahora, no ha sido cancelada. La defensa de los imputados pagó $5 millones por cada uno.

Los individuos habían sido detenidos a fines de 2023 por cometer dichos delitos en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. El grupo criminal estaría integrado por ocho individuos, entre ellos venezolanos, colombianos y un chileno.

La decisión del tribunal fue apelada por el Ministerio Público por escrito, por lo que hoy la Corte de Apelaciones revisará la decisión del tribunal.

Ministra Tohá y cambio de medidas cautelares

Respecto a este tema, la ministra del Interior, Carolina Tohá, dijo que “la institucionalidad nos exige respaldar lo que está haciendo la Fiscalía porque, a la luz de la experiencia, es mejor ser cautelosos y tomar las medidas necesarias para prevenir posibles fugas, ya sea dentro del país o hacia el extranjero. Nos preocupa mucho este caso”.

“El gobierno no interviene en estas decisiones y respeta la labor de órganos que son autónomos. Sin embargo, cuando se conoce el resultado de una audiencia de este tipo, cuesta mucho entender esa decisión, considerando los antecedentes de las personas en cuestión y el historial que hay de casos similares”, manifestó la secretaria de Estado.

Añadiendo que “sabemos que la Fiscalía está apelando a esta decisión. Confiamos en que esa apelación permita revertirla y que el trabajo policial logre hallar, en ese caso, a estas personas para que vuelvan a estar privadas de libertad”.

“(…) Aquí los organismos, tanto la Fiscalía como los tribunales, tienen mecanismos para evaluar si el comportamiento de ambos funcionarios fue el correcto”, precisó Tohá.