Luego de la quita de subsidios a la luz y el gas oficializada este miércoles, desde julio las tarifas aumentarán todos los meses. El Gobierno pondrá en marcha un sistema de ajustes en base a las expectativas de inflación futura, con el objetivo de limitar el impacto de los incrementos en las facturas en caso de que se mantenga la desaceleración de los precios minoristas. El mecanismo será definido en las próximas semanas por el Ministerio de Economía que busca el mejor “timing” para las subas, según comentaron a Infobae fuentes oficiales

En paralelo, la Secretaría de Energía de Eduardo Rodríguez Chrillo trabaja en un nuevo modelo de facturas. La idea es que los usuarios sepan cuál es “costo real” del servicio público y la magnitud de las subvenciones que reciben del Estado nacional. La premisa es reducir el exceso de consumo y extender la discusión sobre el gasto público.

Por lo pronto, desde junio los usuarios residenciales comenzarán a pagar más por la electricidad y el gas que consumen según las resoluciones que publicó este miércoles Energía en el Boletín Oficial, que implica aumentos de hasta 155 por ciento. Las tarifas se componen de cuatro ítems: impuestos, transporte, distribución y el costo de la energía. Los subsidios son las diferencia entre este último ítem y lo que pagan los usuarios.

Con este aumento los usuarios comerciales, industriales y residenciales cubren un 65% del costo real de la electricidad y podríamos llegar a 70% promedio. Hasta mayo la cobertura llegaba al 45% promedio, según detallaron fuentes de Energía. La intensión oficial es que para el año que viene todos paguen el 100% de lo que vale el servicio, pero al menos en estos seis meses se avanzará en este “esquema de transición” que podría extenderse seis meses más.

“Es importante que los N2 y N3 contribuyan a cubrir los costos del sistema. Las cosas no valen lo que la gente puede pagar, valen lo que valen. Los subsidios sí se tienen que otorgar en base a la capacidad adquisitiva”, explican en el Gobierno.

El ministro de Economía, Luis Caputo, decidió suspender los aumentos mensuales que estaban previstos para los componentes de transporte y distribución con el objetivo de avanzar primero en quita de subvenciones con un menor impacto. Se suspendió el incremento de mayo y se hizo lo mismo en junio, aunque desde julio comenzará un nuevo sistema. Es cierto que en el inicio del año la recomposición que recibieron esas empresas, tras el congelamiento del Gobierno anterior, fue en algunos casos mayor al 500 por ciento.

“Es una cuestión de timing. En el primer cuatrimestre se juntaron subas en luz, gas, agua y transporte, entre otras. El horizonte que tenemos no cambia, vamos acomodando las cosas”, reconoció un funcionario que trabaja en la implementación.

La idea del Palacio de Hacienda es que las tarifas de transporte y distribución aumenten en base a la inflación esperada para el mes en curso. Es decir, no se miran los precios pasados sino las expectativas futuras para evitar la indexación y tener subas menores, en caso de que la desaceleración continúe.

Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio no precisaron qué proyecciones se tomarán en cuenta aunque descartaron que se utilice el Relevamiento de Expectativas (REM) que realiza el Banco Central en base a estimaciones de consultoras privadas. Economía apuntó recientemente a los analistas por arrojar pronósticos por encima de la pauta oficial.

La premisa del Gobierno es avanzar en su hoja de ruta fiscal, pero con un ritmo más gradual “teniendo en cuenta el contexto y la búsqueda de consolidar la inflación. Es por eso que en Energía resaltaron que podría haber más quita de subsidios en caso de que la situación social, reactivación en el segundo semestre mediante, lo permita e incluso podría aumentarse si la coyuntura así lo pide.

La hoja de ruta fiscal de Caputo preveía una reducción del gasto en subsidios a la energía de 1,5 puntos del PBI de 2023 a 1% del PBI este año. Sería un recorte de unos USD 3.000 millones. En la Secretaría de Energía comentaron que la reducción podría ser al 0,8% del PBI, casi a la mitad, en un escenario favorable.

La reducción se apoyará en una revisión de los usuarios inscriptos en el Registro de Acceso a los subsidios a la Energía (RASE) para verificar que usuarios se encuentran mal registrados. En particular, pondrán el ojo en unos 1,7 millones de usuarios que desde 2022 son considerados N2 por tener la tarifa social y que tienen 60 días para volver a anotarse en el RASE.

“Depurar el Rase lo más pronto posible es lo más conveniente. Voluntariamente cada uno de los usuarios puede presentarse. Vamos a fortalecer los canales de atención”, explicaron en Energía.

Los usuarios se encuentran divididos en tres categorías residenciales según el esquema de segmentación vigente desde 2022. Los usuarios de altos ingresos (N1) estaba contemplado que paguen el costo pleno de la energía, los de ingresos bajos (N2) con tarifa social y los de ingresos medios (N3) con un tope de consumo subsidiado. Los últimos datos oficiales arrojaron que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.