Pero ya no se les valdrá como colaboración la información sobre presuntos pagos y beneficios al presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), al de la Cámara, Andrés Calle (Liberal cercano al Gobierno) y al de la Comisión de Acusaciones, el conservador Wadith Manzur.

“La información sobre presuntos pagos o beneficios a estas personas ya está en poder de la Fiscalía por filtraciones a la prensa. Y la matriz de colaboración debe contener información novedosa sobre el acto delictivo”, explicó una fuente enterada. Y agregó que a ese listado se le debe sumar la mención de la otrora consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien renunció tras ser señalada de emisaria de los pagos a Name.
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De hecho, la evidencia sobre el supuesto pago de 4.000 millones a Name y Calle deberá ir más allá de los chats (ya conocidos) y elementos circunstanciales de tiempo, si es que quieren beneficios.    

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“La UNGRD sufre de una corrupción estructural forjada durante años. La banda que entró en mi gobierno se puso en la tarea de continuarla y la pusimos fuera. Una vez toda la información se pase a la justicia la entidad será reestructurada” señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X.

Estas condiciones jurídicas obligarán a los procesados a revelar otros contratos cuyas pistas ya tiene tanto la Fiscalía como Carlos Carrillo, nuevo director de la UNGRD.