La Cámara Federal confirmó hoy la medida cautelar dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello que la semana pasada intimó al Gobierno a que le presentara “un plan de distribución” de las más de 5000 toneladas de alimentos retenidos en galpones del Ministerio de Capital Humano con la advertencia de que ese reparto debía ser de ejecución “inmediata”.

Casanello dictó su fallo el lunes de la semana pasada y el Gobierno lo apeló. Ayer, la Cámara hizo una audiencia con las partes -para escucharlas antes de la decisión que tomó hoy- y en esa reunión, Juan Grabois, que es el denunciante, se cruzó con Leila Gianni, la funcionaria de Capital Humano que representaba a la ministra Sandra Pettovello. Fue una audiencia plagada de interrupciones, insultos, discursos políticos y cuestionamientos a los camaristas.

En su fallo de hoy, los jueces hicieron un llamado de atención sobre las conductas de los dos y los denunciaron ante el Colegio Público de Abogados -los dos son abogados- y ante el Ministerio de Capital Humano, donde Gianni es secretaria legal.

Firmaron el fallo los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, los mismos que encabezaron la audiencia de ayer, en la que apenas intervinieron mientras las partes se cruzaban.

Hoy, los camaristas dispusieron, por mayoría, “el libramiento de oficios con copia del presente pronunciamiento al Colegio Público de Abogados de esta ciudad y al Ministerio de Capital Humano de la Nación a fin de que, en el marco de sus respectivas competencias disciplinarias, evalúen las conductas desplegadas por Juan Grabois y Leila Gianni en la audiencia celebrada ante esta Sala”.

El Gobierno había cuestionado la medida del juez Casanello con el argumento de que implicaba una “intromisión” del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Alegó que es al Ministerio de Capital Humano al que le compete la ejecución de la política de seguridad alimentaria. Gianni, además, había acusado a Casanello de ser un “juez militante” y había dicho que “ningún juez” le iba a decir al Gobierno cuál debía ser su política alimentaria.

El juez Martín Irurzun, autor del primeros de los votos del fallo, afirmó, en referencia a la cautelar de Casanello que hoy confirmaron: “La decisión fue adoptada por un juez penal en el marco de una causa en desarrollo, con lo cual no puede sostenerse -como pretende la recurrente- que estamos en presencia de una intromisión indebida de la justicia en esferas que son de exclusiva competencia de otro órgano del Estado: no están en discusión las políticas de Estado en materia de seguridad alimentaria sino, lisa y llanamente, si existió una ilícita actuación de funcionarios públicos que agravó aún más la situación catastrófica en la que se encuentra un importante grupo de personas que no tienen sus derechos humanos básicos cubiertos”.

Irurzun advirtió que los alimentos en juego -por su naturaleza y por la crisis alimentaria- “exigieron acciones rápidas para evitar que el devenir procesal del expediente torne imposible su posterior utilización”.

La fiscal del caso, Paloma Ochoa, le había pedido originalmente a Casanello que ordenara directamente el reparto de la comida. Hoy, el voto de Irurzun cuestionó la intervención de la fiscalía. El camarista reclamó “circunscribir las acciones que se adoptan en la causa al concreto objeto de investigación, debiendo apuntarse que el escenario indiciario aún se presenta incierto en razón de que la fiscalía no se ha enfocado en esclarecer los hechos sino en establecer si se atienden las demandas de entrega de alimentos”.

Irurzun concluyó: “Sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca, pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciado”.

Irurzun fue muy crítico de las conductas de Grabois y Gianni en la audiencia de ayer. Se refirió a sus cruces como “una inmadura discusión” entre personas que usaron “la ocasión y sus esfuerzos para exponer sus diferencias personales”. Y dijo: “La audiencia no tenía por objeto escuchar ni a Leila Gianni ni a Juan Grabois, sino al Ministerio de Capital Humano y a la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros a través de sus representantes legales. Lamentablemente, las voces de aquellos a los que representan quedaron ocultas tras gestos violentos y agresiones verbales tanto dentro como fuera de la Sala de Audiencias, y el objetivo del acto, mucho más profundo, urgente y doloroso que los conflictos que tienen entre ellos, quedó desdibujado. Se insiste: Gianni y Grabois hablaron en la audiencia. El Ministerio de Capital Humano y la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros no. La oportunidad que tenían de ser escuchados, pasó”.

Eduardo Farah, el camarista que redactó el segundo voto, se refirió a lo sucedido en la audiencia como un “espectáculo lamentable”.

En cuanto a la medida cautelar cuestionada, el Farah destacó que Casanello no le había dicho al Gobierno cómo debía distribuir los alimentos sino que le había pedido que informara de qué forma pensaba hacerlo. “Esta diferencia a mi entender es sustancial y pone de manifiesto una actitud de prudencia del Juez de Primera Instancia, que debe ser destacada”, dijo Farah.

Y agregó: “Por otro lado, el Juez demostró la intención de esperar a que el Ministerio de Capital Humano presente su propia propuesta de distribución de tales alimentos, para analizar -después de presentada- su razonabilidad en función de los derechos constitucionales en juego”. También destacó como “prudente y adecuado” que Casanello hubiera esperado esta decisión de la Cámara Federal para avanzar con eventuales nuevas medidas respecto del reparto de los alimentos.

Con cierta nota de ironía, Farah dijo que el Gobierno eligió “cuestionar la ‘intromisión’ judicial, curiosamente a través de un recurso procesal ante otra autoridad ‘judicial”, y afirmó: “Cabe a esta altura preguntarse ante cuantas instancias ‘judiciales’ está dispuesto el Ministerio a llegar para comprender que es atribución de este Poder del Estado el control de los actos de gobierno cuando las decisiones (u omisiones) afectan derechos de las personas y existen medios disponibles para satisfacer esos derechos”.

Farah también respondió al argumento de que gran parte de lo acopiado era yerba mate (y no “alimentos”). “Más allá de la mayor o menor aptitud alimenticia de ese producto -advirtió-, las constancias de la causa, sobre todo las incorporadas a partir de la inspección realizada por orden el juez de 1ª instancia días atrás, dan cuenta de que un porcentaje muy alto de la mercadería almacenada corresponde a otros productos cuya utilidad para los sectores carenciados es innegable.”

El voto de Farah incluyó una seria advertencia: como el Gobierno no cumplió con lo ordenado por Casanello, “se presagia” -dijo el camarista- que tampoco va a cumplir lo que disponga la Cámara si se trata de una “resolución contraria a sus intereses”. Para Capital Humano, advirtió, “la única alternativa es resolver de conformidad con su petición”.

Farah dijo entonces que “en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma”. Y advirtió: “De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”. Añadió asimismo: “Quedará al juez de grado comprobar que la orden sea cumplida en tiempo y forma”.

Farah reafirmó esta instrucción a Casanello: dijo que si el Gobierno desconoce este fallo de la Cámara, él deberá “asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal”. También, que tendrá que exhibir “una mayor injerencia”, apelando al auxilio de la fuerza pública para “acceder a la custodia de la mercadería y para su inmediata disposición a través de las entidades que mejor y más rápido sirvan para que los alimentos lleguen a los más necesitados”.

Roberto Boico, el camarista autor del tercer voto, también cuestionó que el Gobierno hubiera decidido no cumplir con el fallo de Casanello sin siquiera pedir una prórroga.

Como sus colegas, Boico sostuvo que “no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estaría invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar políticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables” y “es justamente lo contrario” porque el juez actuó en cumplimiento de la ley y de compromisos internacionales del Estado Argentino. Todo ante un Ministerio -sostuvo Boico- que “lo único que ha dejado expresamente claro es que no cumplirán la manda judicial”.

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