El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quedó con la medida cautelar de prisión preventiva este lunes, luego de ser formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa, administración desleal y delito concursal. Esto en el marco del caso de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Por otro lado, con una medida diferente quedó la exalcaldesa Cathy Barriga (Ind. por Chile Vamos) en enero de este año por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, acusada de un desfalco por más de $30 mil millones. A la exalcaldesa se le otorgó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La pregunta que surgió entonces es por qué para casos de dos jefes comunales hubo una resulicón diferente por parte de los tribunales de justicia a la hora de fijar las medidas de cautela.

“Yo creo que probablemente, entiendo, que él tiene imputado más delitos que ella. Él tiene, fraude al fisco y malversación, tiene también soborno y administración desleal. Y entiendo que eso es uno de los factores que se tuvo en cuenta, el número de delitos“, explicó el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra.

Añade que “si me pregunta, yo creo que más que a lo mejor arresto, yo creo que está posible que estén en prisión preventiva en ambos. Pero eso es un tema que tiene que verse a la luz de los antecedentes de cada caso, en tribunales distintos, además. Así que no creo que haya en eso un tema de desigualdad de trato, porque si fuera el mismo juez uno podría poder sacar esa conclusión”.

Otro tema a considerar, uno que esgrimió la jueza Pauilina Moya quien dictaminó la prisión preventiva para Daniel Jadue, es el caso de que él ejerce actualmente como jefe comunal. “Yo creo que solamente hay un punto con eso, y que la jueza hizo alusión en su resolución al hecho de que el señor Jadue ejercía actualmente el cargo y, por lo tanto, si no quedaba bajo la prisión preventiva de libertad, podía seguir ejerciendo el cargo y habló del peligro de reiteración. Y eso es uno de los elementos que se tiene en cuenta al momento de discutir una cautelar como la prisión preventiva”, señaló Guerra.

Por su parte, el exfiscal Carlos Gajardo, de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, opinó que en ambos casos deberían haber quedado en prisión preventiva.

“Yo diría que si uno examina cuál ha sido el comportamiento de la Fiscalía y de los tribunales en el caso de que se formalice a alcaldes acusados por corrupción, la regla ha sido que en los casos graves se pida prisión preventiva y que los tribunales decreten dicha prisión preventiva. Esto pasó así en los casos del alcalde Aguilera, de San Ramón, en el caso del alcalde Torrealba, de Vitacura, en el caso del alcalde de Algarrobo, entre otros. Y ha sucedido ahora en el caso Jadue”, dijo.

“A mí lo que me parece es que la resolución, y lo dije en su momento, que se adoptó en el caso Cathy Barriga fue una decisión errónea. Ahí lo que correspondía era la prisión preventiva y yo lamenté en su momento que no se hubiera actuado así“, sentenció.