Las fotografías, en la que aparecen ambas delegaciones, fueron tomadas en Caracas tras un encuentro en el cual se firmó un acuerdo de 9 puntos para el inicio de la negociación. 

Las imágenes fueron conocidas por este diario.

El documento, también conocido por este diario, tiene la firma del propio ‘Márquez’ y sus delegados, así como los representantes del Estado. En este se habló incluso de que se requiere una amplia movilización social para lograr un acuerdo político nacional. 
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1. ​Las partes coincidieron en que Colombia vive, bajo el actual Gobierno, un momento excepcional y de intensa disputa por la definición del futuro del país. Este proceso de paz se enmarca en los esfuerzos para llevar a cabo cambios y reformas democráticas para beneficio de la población, en la perspectiva de la solución política y la construcción de la paz, con prioridad en los territorios.

2. Las partes coinciden en que se requiere una amplia movilización social a fin de avanzar hacia un gran acuerdo político nacional que se apoye en el poder del pueblo soberano.

3. El Gobierno Nacional de Colombia registra como positivas las manifestaciones de la Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano de rechazar las retenciones con fines económicos; priorizar el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes; proteger el medio ambiente, la selva, los ríos y la fauna, y alentar el esfuerzo por detener el cambio climático, entre otros. En correspondencia, el Gobierno Nacional de Colombia adoptará medidas para fortalecer el desescalamiento del conflicto, en zonas de presencia de la Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano.

4. Las partes acordaron trabajar en la construcción inmediata de Territorios de paz, que posibiliten una nueva organización de la vida política, económica, social, cultural y ambiental, con participación directa y protagónica de las comunidades y sus procesos organizativos y la concurrencia integral del Estado en todos sus niveles.

5. Las partes se guiarán por el principio “acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento.

6. Las partes procederán de manera inmediata a designar e integrar sus respectivas comisiones negociadoras.

7. Se acordó igualmente que la Agenda de Diálogos y Negociación tendrá entre otros los siguientes puntos básicos: 1) Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz, 2) Construcción de Territorios de paz; 3) Víctimas como sujeto social transformador; 4) Condiciones para la convivencia pacífica; 5) Implementación y verificación.

8. Por su parte, la Representación de la Segunda Marquetalia – Ejército Bolivariano manifestará en la Mesa de Diálogos de Paz sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016. Po su parte, el Gobierno Nacional de Colombia considera indispensable el cumplimiento de dicho Acuerdo por parte el Estado y su implementación integral. 

9. La instalación de la Mesa de Diálogos de Paz se realizará en Caracas, el 24 de junio de 2024. El primer ciclo de las negociaciones se adelantará del 25 al 29 de junio para acordar los temas específicos de los puntos anunciados y los protocolos de negociación. Los ciclos de negociación serán de una semana prorrogables por acuerdo mutuo con intervalos no superiores de 30 días hábiles.

Por parte del Gobierno este diálogo lo liderará Armando Novoa García, reconocido jurista. Mientras que el diálogo de la disidencia lo lidera Walter Mendoza.

Este proceso es, sin duda, todo un desafío para el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues los otros dos procesos de paz -con el ‘Estado Mayor Central’ y el Eln- no atraviesan por su mejor momento.

Además, hay todo un debate alrededor del marco jurídico bajo el cual se regirá esta negociación de paz, teniendo en cuenta que el acuerdo que el mismo ‘Márquez’ firmó en 2016 señala que no se podrá volver a hacer negociaciones con desertores de ese acuerdo. Y ‘Márquez’, quien incluso fue seleccionado para ser senador, es un desertor. 

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​“El Gobierno y el presidente sí tienen un amplio poder para iniciar procesos de conversación, no hay ninguna prohibición en esa materia y así lo dejó claro la Corte en su más reciente fallo sobre la ‘paz total’. El problema que hay es respecto a los desertores. Recordemos que hay una provisión en el artículo 66 transitorio del acto legislativo 01 del 2012 que dice que no se podrán otorgar instrumentos de justicia transicional a personas que hayan sido reincidentes”, le dijo a este diario Diego Martínez, miembro del equipo jurídico en el proceso de negociación en La Habana. 

Precisamente por ahora EL TIEMPO estableció que el plan A para ‘Márquez’ y sus subalternos sería la justicia ordinaria, camino que podría significar un obstáculo para el avance del proceso.

Pero hay otro factor adicional. “No hay que olvidar que esta organización tiene hoy tres tipos de integrantes: los nuevos combatientes, los que podríamos llamar disidentes reales, que son los que negociaron, pero no firmaron, y los desertores, aquellos que incumplieron el acuerdo. Solo estos últimos son los que tienen un problema jurídico real y la gran pregunta que el Gobierno tendrá que dar es como va a resolver eso dentro de la negociación, porque es claro que todos querrán beneficios”, dijo también a EL TIEMPO Andrés Preciado, director Conflicto y Violencia Organizada de la Fundación Ideas para la Paz.

MATEO GARCÍA – REDACCIÓN POLÍTICA