Integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro y de la Segunda Marquetalia sostuvieron una reunión en las últimas horas donde se ajustaron todos los detalles para iniciar con los diálogos de paz entre las partes.

Por ahora, lo acordado es que el 24 de junio se hará la instalación oficial en la capital venezolana y se trazará la hoja de ruta con la que las delegaciones empezarán a buscar una salida negociada al conflicto.

En el encuentro, que se hizo en Caracas, estuvieron delegados del gobierno venezolano, cubano, la Iglesia Católica, organismos internacionales y representantes de las dos delegaciones. Por parte del Ejecutivo estuvo el comisionado de Paz, Otty Patiño, junto con Armando Novoa, quien asumirá como jefe de la delegación del gobierno.

Por parte de la Segunda Marquetalia estuvieron Iván Márquez y José Vicente Lesmes alias Walter Mendoza, quien estará al frente de la delegación de paz de esa organización guerrillera.

“Se acordó igualmente que la Agenda de Diálogos y Negociación tendrá entre otros los siguientes puntos básicos: 1) Desescalamiento del conflicto y alistamiento de los Territorios de paz, 2) Construcción de Territorios de paz; 3) Víctimas como sujeto social transformador; 4) Condiciones para la convivencia pacífica; 5) Implementación”, dice un fragmento del documento firmado entre las partes.

Además, quedó claro que el primer ciclo se hará desde el 25 y hasta el 29 de junio para acordar los temas específicos de los temas que ya se acordaron y definir los protocolos de la negociación. También quedó claro que las rondas de diálogo durarán siempre una semana con intervalos no superiores a 30 días hábiles.

“Las partes se guiarán por el principio “acuerdo pactado, acuerdo cumplido”, que incluye el diseño, puesta en marcha, implementación y verificación de cumplimiento”, indican las partes.

Llama la atención que el documento firmado por las partes, la Segunda Marquetalia anuncia que: “manifestará en la Mesa de Diálogos de Paz sus razones para el alzamiento armado, entre ellas el incumplimiento y el entrampamiento del Acuerdo de Paz de 2016. Por su parte, el Gobierno Nacional de Colombia considera indispensable el cumplimiento de dicho Acuerdo por parte el Estado y su implementación integral”.

Eso quiere decir que el Gobierno Petro aceptará la tesis de Márquez y compañía sobre que abandonaron el Acuerdo de Paz de La Habana por los supuestos incumplimientos.

Cuba, Noruega y Venezuela serán los países garantes de la negociación y la Iglesia Católica junto con las Naciones Unidas serán acompañantes permanentes en la negociación.

Sectores cercanos a la Casa de Nariño aseguran que la negociación se hará mientras se define el marco jurídico para el sometimiento a la justicia, pero ese proyecto ni se ha redactado. Muchos creen que ese diálogo será un saludo a la bandera.

De cara a que inicien los diálogos de paz entre las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, el Consejo de Estado aceptó una demanda contra el estatus político de ese grupo armado ilegal que pondría a temblar dichas negociaciones.

Mientras que la fiscal General, Luz Adriana Camargo, suspendió por medio de una resolución las órdenes de captura contra los líderes de las disidencias de Márquez, como un antecedente para arrancar con la negociación de ese grupo criminal, el alto tribunal decidió aceptar el recurso que interpuso la Fundación para el Estado de Derecho.

Para la organización, el Acuerdo Final que firmó en el año 2016 el Estado colombiano con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dejaba clara la prohibición de volver a adelantar negociaciones de paz con los miembros de ese antiguo grupo guerrillero, que volvieran a delinquir después de desmovilizarse.

“No obstante, sus más representativos dirigentes anunciaron que algunos de sus miembros volverían a las actividades criminales, fundando, así, la denominada “Segunda Marquetalia”, incumpliendo de forma grave lo acordado y retornando a la violación de los derechos humanos, las garantías y las libertades de las personas. El Gobierno Nacional debe respetar las prohibiciones constitucionales y legales. Por eso, no puede otorgarle a este grupo un estatus político para negociar de nuevo un acuerdo de paz”, detalló FedeColombia a través de un comunicado.

Pero además, aclaran que los reincidentes de ese grupo solamente se pueden someter a la justicia, desmantelar la estructura ilegal y no adelantar nuevos acuerdos de paz, según la ley de paz total sobre las consideraciones de entendimiento con las estructuras armadas organizadas de crimen de al impacto.

Por esa razón, la Fundación “el pasado 19 de marzo radicó una demanda de nulidad simple contra la Resolución No. 64 de 2024. El 9 de mayo, el Consejo de Estado comunicó la admisión de esta demanda, que tiene como propósito que se declare la nulidad de la actuación gubernamental”.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que estudiar la legalidad de la resolución presidencial que instaló la mesa de diálogos de paz con ese grupo por considerar que se vulnera el orden constitucional, legal y, en especial, la garantía de no repetición y de reparación a las víctimas.