A fines de noviembre del año pasado, la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves a raíz de las muertes registradas en las protestas en contra de su Gobierno.

También fueron incluidos en la denuncia el expremier Alberto Otárola y los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero.

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A todos ellos se les acusa del presunto delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Raúl Santisteban y otros, así como de lesiones graves en agravio de Sebastián Murillo y otros.

Pese a la presentación de esta denuncia constitucional, el actual titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, aclaró que la investigación preliminar contra la jefa de Estado y los exministros por estos hechos continúa.

En diálogo con RPP, explicó que lo que hizo Benavides fue desacumular de la investigación el caso de cinco fallecidos y un herido en el que se había establecido al autor directo del delito, por lo que presentó una denuncia contra Boluarte y los exministros solo por el caso de estas seis personas, pero la pesquisa por los demás agraviados prosigue.

“Las investigaciones (preliminares) contra la señora presidenta y los ministros respecto a los otros agraviados aún está ahí y eso estamos terminando. En su momento nos pronunciaremos”, acotó.

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Cuestiona ley aprobada en Congreso que vulnera sus competencias

La semana pasada, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, un dictamen que modifica la ley contra el crimen organizado en el que se dispone, entre varias cosas, que los allanamientos que realice Fiscalía junto a la Policía Nacional del Perú (PNP) solo se realicen con la presencia del investigado y su abogado, lo que generó polémica.

Respecto a este tema, Villena advirtió que si esta norma finalmente es aprobada en segunda votación, afectaría la eficacia de los allanamientos como parte de las diligencias que realiza su institución.

En ese sentido, remarcó que esta ley, impulsada por Perú Libre, afecta las facultades que tiene el Ministerio Público para perseguir el delito.

“Una de las modificaciones que se está planteando es la del allanamiento. Un allanamiento en esas condiciones perdería toda eficacia y perdería el factor sorpresa. No encontraríamos nada. Esa y muchas otras normas en el proyecto de ley que se está trabajando en el Parlamento, creo que incluso, muchas de ellas vulneran nuestras facultades”, apuntó.

Finalmente, el fiscal de la Nación interino anunció que estudiarán el dictamen para emitir un pronunciamiento al respecto en el más breve plazo.

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