La subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, ratificó ante el fiscal federal Ramiro González, la denuncia que apunta contra el ex funcionario Pablo de la Torre y otros integrantes del área de Niñez y Adolescencia, por las presuntas maniobras de corrupción con contratos millonarios, compra de dólares y posible pago de sobresueldos. En Comodoro Py, la abogada que protagonizó un duro cruce con Juan Grabois, dio más detalles de los hechos denunciados y el fiscal abrió la investigación penal con una serie de medidas.

El caso explotó la semana pasada, cuando un funcionario de Capital Humano dio detalles sobre una maniobra que incluía una gran cantidad de contratos irregulares dentro de una área Capital Humano. El viernes, a raíz de estos hechos, fue despedido Pablo de la Torre, quien negó las acusaciones y apuntó contra “infiltrados kirchneristas”.

Todo llegó a Comodoro Py este lunes, cuando se oficializó la denuncia penal por presuntos hechos de corrupción y este martes, la subsecretaria Gianni fue citada por el fiscal Ramiro González para ratificar los hechos volcados en la denuncia penal.

Después de ratificada la denuncia, el fiscal federal decidió iniciar la investigación penal al considerar que hay elementos suficientes para avanzar en la clarificación de los hechos, que podrían configurar un delito.

En el dictamen al que accedió Clarín, el representante del Ministerio Público Fiscal, sostuvo: "el objeto procesal se centrará en investigar las distintas contrataciones realizadas a través de la OEI con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y las Secretarías dependiente de dicha cartera ministerial".

Con la causa penal iniciada, se busca "establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas personas que participaron de la maniobra".

Las medidas impulsadas

Para comenzar con la pesquisa, el fiscal González citó a declaración testimonial al titular de la OEI, que era desde donde se pagaban los contratos al área de Niñez y Adolescencia. Además, convocó para el 13 de junio a las 10 a Alejandro Schiavi, el subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio.

También pidió que el ministerio de Capital Humano remita todos los convenios firmados con ese organismo, como las actas suscriptas por el área que tenía a su cargo Pablo de la Torre.

Por otro lado, la fiscalía requirió al ministerio que conduce Pettovello un listado con la totalidad de empleados y funcionarios que prestaron servicios en la Secretaría desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, con detalle de fecha de alta y en su caso de baja, modo de contratación y tareas asignadas.

El testimonio que destapó todo

El testimonio clave fue el de Federico Fernández, Director General de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, quien según las revelaciones periodísticas estaba involucrado en la maniobra.

Ante un escribano reveló que el 24 de enero del año en curso, participó de una reunión de la cual participaron el ex Secretario de Coordinación de Capital Humano, Maximiliano Keczeli, la Jefa de Gabinete de la SENNAF Lucía Raskowsky y el ex Subsecretario de administración de SENNAF que no llegó a ser nombrado, Agustín Sanchez Sorondo.

En ese encuentro, según relató Fernández, “se habló sobre la contratación de funcionarios y de personal, se solicitó el nombramiento de alrededor de cincuenta funcionarios que ya estaban trabajando allí”. Para avanzar con esa idea se desvincularon a personas que eran Directores de la gestión anterior, para así "liberar los cargos".

Pero el inconveniente lo planteó Maximiliano Keczeli, quien señaló que eso no iba a ser posible hasta que se resolviera el tema del organigrama o nueva estructura del Ministerio. “En ese momento Sánchez Sorondo sugirió efectuar la contratación referida a través de OEI (Organización de Estados Iberoamericanos)”.

De esa manera podrían hacerse de ingresos, de una suerte de “caja”. Pero se presentaba otro inconveniente: algunas personas que iban a ser nombradas no iban a poder facturar por su situación impositiva, ya que el tope de facturación con dichas contrataciones era de $1.300.000.

En el caso de los Directores, teniendo en cuenta la experiencia, la edad y la profesión lo permita, el sueldo promedio alcanza un rango aproximado de 2.500.000 pesos.

Entre los detalles que se volcaron en la denuncia penal, se indicó que en el caso de las contrataciones de OEI tampoco todos llegaban al monto indicado de 1.300.000 pesos, “sino aquellos que cumplieran con los mayores requisitos para esa categoría”.

Una vez que se plantearon esos detalles, los ahora ex funcionarios dispusieron avanzar con las contrataciones por un periodo de tres meses, es decir que los contratos finalizarían el 31 de marzo de 2024.

A comienzos de marzo se empezaron a cobrar los primeros contratos de OEI celebrados en enero. “Actualmente no hay contratos vigentes”, se especificó pero hubo un dato llamativo: el dinero que cobraban algunos de los consultores, “era cambiado a dólares estadounidenses a fin de reducir el volumen de billetes a entregar, siendo este entregado directamente a trabajadores que no formaban parte de la nómina vigente y otros a funcionarios de hecho con bajas retribuciones”. Es decir: sobresueldos.

Los remanentes de dinero en dólares -según se denunció- “eran entregados a Pablo De la Torre, entonces Secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, para saldar la nómina del personal que nunca fue nombrado”.

La reunión en la que Fernández dio todos los detalles, se hizo en la sede de Capital Humano junto a Gianni, el abogado Ariel Romano y Natalia Rey, todos asesores de la Subsecretaria Legal.

Al momento de explicar, ante la fiscalía, cómo dieron con los hechos denunciados, Gianni dijo que fue a través de los medios de comunicación, donde se hablaba de Fernández como el recaudador de los sobresueldos. Y que por ese motivo se le pidieron explicaciones.

“¿Cómo ingresaba el dinero proveniente del acuerdo aludido al Ministerio? preguntó el fiscal Ramiro González a la Subsecretaria Legal de Capital Humano, quien respondió: “La OEI le transfiere el dinero a cada consultor. Los fondos son del Estado, se transfieren a la OEI por distintos ítems y a los consultores los elige la Secretaría de Niñez quien indica que los contrate. La OEI les paga previa certificación de un funcionario de la Secretaría de Niñez, no sabemos quien lo certificaba en este caso, el que lo puede aportar es Secretario Alejandro Schiavi”. El jefe de este último, era Pablo de la Torre, a quien despidió el viernes pasado Sandra Pettovello.

Dando más detalles sobre la maniobra denunciada, Gianni indicó que en principio, se suscribía un convenio marco entre el Ministerio y la OEI y eso le permite al propio Ministerio o independientemente a las Secretarías que lo integran, utilizar actas complementarias para ejecutarlo en diferentes componentes como ser consultores, licitaciones, contrataciones, entre otros.

Respecto a cómo se asignan los contratos entre consultores y la OEI, desde Capital Humano detallaron en la fiscalía que el área requirente solicitaba a la Dirección de Financiamiento Internacional de cada Secretaría “la contratación de una cantidad de consultores, indicando sus montos. Esa dirección de financiamiento canaliza el pedido con la OEI. El monto máximo es de aproximadamente 1.300.000 pesos”.