El expediente por el que la Procuraduría acaba de dictarle pliego de cargos a Juan Pablo Ramírez podría complicar al representante a la Cámara Alejandro Toro, porque lo pone en el sitio donde ocurrieron los hechos que ahora tienen emproblemado al actual alto funcionario del ministerio de Hacienda y exsecretario en la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín.

En una decisión que se conoció el fin de semana el Ministerio Público le formuló pliego de cargos a Ramírez, quien desde abril aterrizó como subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), un cargo al que habría accedido como cuota del exmandatario local tras hacer parte de su administración (2020-2023) como secretario de Participación, de Inclusión Social y de Gobierno.

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Los cargos se dieron luego de que su defensa no pudiera desvirtuar los señalamientos que se le hicieron por presuntamente haber pedido dinero a funcionarios y contratistas mientras detentaba el segundo cargo mencionado (2021-2022) con destino a financiar el proyecto político de Daniel Quintero hacia la Presidencia.

Esto con base en la denuncia que hizo ante los órganos de control la exdirectora de la Unidad de Niñez María del Pilar Rodríguez, quien en su relato mencionó específicamente una reunión que se habría hecho con ese fin el 8 de agosto de 2021 en una casa del sector La Calera, de El Poblado, con altos funcionarios y contratistas de Inclusión Social. Allí, según Rodríguez, los organizadores, entre los que estaría Ramírez, habrían solicitado un aporte de entre $300.000 y un millón de pesos a título de “membresía” para pertenecer a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, una de las ONG de las que se valía Quintero para impulsar su aspiración. Bajo los mismos cargos también serán llamados a juicio el ex subsecretario de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa, y el ex subsecretario de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar.

El escándalo por este asunto ya habría valido que el gobierno de Gustavo Petro retrocediera en su intención de nombrar a Pulgarín en un alto cargo en la Agencia Nacional de Tierras y ahora, este medio de comunicación conoció que también podría tener consecuencias en la estabilidad del representante David Alejandro Toro.

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Vale la pena recordar que la curul de Toro está demandada ante el Consejo de Estado desde el pasado 18 de abril por una presunta inhabilidad originada en un contrato que ejecutó para el Colegio Mayor a nombre de la fundación Avanti, dentro del año previo a su elección como congresista.

Y las cosas se le podrían complicar como coletazo del proceso de Ramírez, pues la Fiscalía estuvo preguntando por su participación en el “encuentro” de La Calera y recogió seis declaraciones juramentadas.

Al primero que le preguntaron si el tema del aporte a la fundación había sido abordado por Ramírez, por Pulgarín o por Toro —según consta en la página 10 del auto de la Procuraduría— fue al exdirector de la UPSE (Unidad de Programas Sociales Especiales), Javier Ruiz. Este contó la manera como lo citaron a la reunión por Whatsapp, además de que sostuvo que no se habló de política, pero no aparece una respuesta concreta a la pregunta. Luego, ante el mismo interrogante, el exdirector de Discapacidad, Alter Dixon Gómez, afirmó que la presentación de ‘El futuro se parece a nosotros’ “la hizo una persona que para ese momento no podía asegurar se llamaba Alejandro Toro”.

Y cuando le llegó el turno a Santiago Preciado, quien para la fecha del episodio narrado era subsecretario Técnico de Inclusión, lo interrogaron de nuevo acerca de si la presentación de la fundación la había hecho “Juan Pablo, Juan Daniel o Alejandro Toro”. Este dijo: “(…) no recuerdo el nombre de la persona, ni fue Juan Pablo ni fue Juan Daniel”.

Para el abogado Juan Giraldo, quien representa a Rodríguez tanto en el proceso disciplinario que instauró como en la queja ante la Personería y la Fiscalía, que Preciado y otros asistentes probablemente no reconocieran a Toro se entendería porque este no era funcionario de Inclusión sino asesor directo de Quintero.

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La revelación definitiva apareció en la declaración del 17 de febrero de 2023, según se lee en la página 19 del auto, cuando Luis Guillermo Brand, excontratista de Inclusión Social, manifestó que “sí hubo una presentación de una fundación, la presentación la realizó Alejandro Toro”.

Hasta ahora existían versiones de que Yorlady Villa, la representante legal de ‘El futuro se parece a nosotros’ habría estado en el mismo lugar; si bien no se mencionaba que hubiera intervenido, sí que en el encuentro se repartió un volante de la organización firmado por ella quien también ha ocupado el mismo rol en Avanti; ambas son ONG ligadas a Toro, pero por primera vez se evidencia el interés de la Fiscalía en indagar por la presencia directa del congresista y un indicio concreto que lo comprometería de manera directa.

No hay perder de vista tampoco que Villa integró la UTL de Toro y actualmente lo hace Fredy Alfonso Agudelo, quien habría fungido como anfitrión del encuentro.

No se descarta entonces que el ente acusador esté planeando compulsar copias a la Corte Suprema, que es el juez de Toro por su condición de aforado, para iniciarle un proceso aparte.

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Por lo pronto, en el caso de Ramírez, Pulgarín y Agudelo, en los primeros tres días hábiles de esta semana se haría la notificación oficial a las partes sobre los cargos que se formulan y luego, en el transcurso de los 30 días hábiles posteriores, el delegado de la Procuraduría, que actúa como juez, citaría a una audiencia en la que la defensa de los exfuncionarios podrá controvertir las pruebas. Dependiendo de la complejidad que revista el careo se podría dar un sentido de fallo en la misma diligencia o el Procurador se tomaría unos diez días.

De ser declarados culpables y por tratarse de conductas calificadas de “gravísimas”, la sanción podría ser hasta de 15 años de inhabilidad para ocupar cargos públicos más alguna multa. No obstante, si alguna de las partes no está de acuerdo, la apelación es ante el Consejo de Estado, como última instancia.

Buscamos a Toro para conocer su reacción pero no contestó el celular ni el WhatsApp.