Pasados más de siete años de la firma del Acuerdo de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos y la ex guerrilla de las Farc –hoy agrupadas como partido político en Comunes–, vuelven a estar de acuerdo en un asunto determinante: echar mano de lo pactado en La Habana (Cuba) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, como pretende el presidente Gustavo Petro, no es viable ni hace parte de lo que se acordó.

Así lo ratifica en diálogo con este diario Pastor Alape Lascarro, delegado de la colectividad al Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) y uno de sus máximos dirigentes. En esta entrevista, aunque no suscribe totalmente la misiva que Santos hizo llegar a António Guterres, secretario General de Naciones Unidas, sí comparte que el Acuerdo es suficiente para “destrabar las más profundas transformaciones que requiere el país”.

Por ello, insta a que el mandatario priorice la implementación tangible, en lugar de embelecos constituyentes. Advirtiendo además que abrir el Acuerdo y plantear modificaciones “podría terminar haciéndolo regresivo”, Alape ratifica que son partido de gobierno y pide que Petro los escuche y dé claridades frente a sus propuestas.

¿Qué opina de lo dicho por el expresidente Juan Manuel Santos, quien advirtió que convocar la constituyente con base en lo acordado en La Habana era un debate “desgastante e innecesario”?

Independientemente del pensamiento del expresidente Santos, que respetamos, lo que hemos venido insistiendo es en la necesidad de la implementación integral del Acuerdo. El Acuerdo de Paz es un instrumento de la política de Estado para conducir al país a procesos de ampliación de la democracia y de tolerancia política para la convivencia entre diferentes.

Así las cosas, el Acuerdo le permitiría al país concertar escenarios de encuentro, llámese acuerdo nacional o, como quedó en el Acuerdo de Paz en el punto 3.4.2, el ‘Pacto Político Nacional’. Ese apartado centra su propósito en la reconciliación nacional y la convivencia pacífica entre colombianos.

Es decir, ¿toman distancia de esa intentona constituyente?

Lo que hemos venido planteando es que el Acuerdo tiene una fuerza transformadora que si se implementa en toda su integralidad, el mismo Gobierno podría avanzar en los cambios que requiere el país y para los que fue elegido.

Por eso planteamos la necesidad de centrarnos en la implementación del Acuerdo de Paz y no en justificar la falta de ese cumplimiento con temas como esa Asamblea Nacional Constituyente. Esa es nuestra posición, independientemente de las opiniones de los demás actores políticos de la Nación.

Bajo esa claridad, lo planteado por el canciller Leyva y el presidente no tendría asidero. ¿No se puede convocar una Asamblea Nacional echando mano del Acuerdo?

El Acuerdo no plantea en ningún momento la constituyente como tal. Sí fue un debate que hubo, pero es que habría que entender qué es Asamblea Constituyente para poder entrar a eso y lo que pasa es que el presidente no ha aclarado y se ha movido con base a diversas circunstancias de la Nación.

Por eso, lo que hemos planteado es que no se puede apelar al Acuerdo de Paz de 2016 como justificación del presidente para su Asamblea Constituyente. No compartimos esa opinión. Lo que creemos profundamente es que cumplir ese Acuerdo de Paz permite destrabar las más profundas transformaciones que requiere el país como se estableció y como es el contenido del Acuerdo en cuanto a profundizar la democracia para el siglo XXI.

De ser así, ¿comparten entonces integralmente la carta del expresidente Santos?

Puede ser, pero es una interpretación. Usted sabe que cuando uno se suma a un criterio, pues se pueden tener visiones diferentes. Por eso, estamos dando nuestra posición. Que nos encontremos en algunos puntos seguramente sí, pero yo no puedo decirle aquí que nosotros asumimos la carta del presidente Santos como el pensamiento nuestro.

¿Considera que, como dijo Santos, no se puede distorsionar el papel de la JEP para “conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones”?

El debate debe plantearse en torno a poder avanzar en la construcción y estructuración de acuerdos que desmovilicen la violencia y para eso, se requiere profundizar en temas concretos de justicia. Aquí lo que se plantea es que si entramos a abrir el Acuerdo, también se podría terminar haciéndolo regresivo, aunque en derecho ninguna ley podría hacerlo regresivo, pero las realidades políticas son esas. Aquí puede afectarse cualquier tema de los acuerdos.

¿Qué balance hace de la implementación del Acuerdo de Paz durante el mandato del presidente Gustavo Petro y las altas expectativas que había frente a avances tangibles?

Hemos sido muy claros en afirmar que se ha avanzado en la implementación en temas como la dotación de tierras para los firmantes, en la estructuración de los programas para la estabilización económica y en escenarios de discusión y proyección del Acuerdo. No obstante, hay temas muy complejos, graves, como el desmonte de la arquitectura de la implementación del Acuerdo al borrarse la Alta Consejería para Implementación, que era un instrumento que permitía poder concretar –con ministerios, agencias y entidades–, los puntos que tienen como responsabilidad la implementación.

En su lugar, se estableció una Unidad de Implementación a la que no le dieron la capacidad realmente de cumplir con su función y quedó en una comisión de asesoría a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y ahora el presidente, de manera incomprensible, asigna esta responsabilidad al Alto Comisionado para la Paz. Por eso, Otty Patiño cumple funciones de Alto Comisionado y alto consejero para la implementación. Ese consejero no tiene ninguna capacidad de realizar las acciones que demanda la implementación.

Eso hace parte de la reflexión que le hemos hecho de manera pública al señor presidente y la pregunta es por qué no ha firmado el decreto que pone en funcionamiento el Programa de Reincorporación Integral (PRI). Hoy la agencia encargada de la reincorporación está haciendo pedagogía de paz sobre un instrumento que, en forma institucional y legal, no existe hasta el momento. Lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Reincorporación, que se aprobó desde el año pasado, pero que el expresidente todavía no ha expedido los decretos para hacerlos realidad.

Es decir, más que constituyente, ¿le piden al presidente dejar de lado estos embelecos constituyentes, y en su lugar cumplir con la implementación?

Claro, lo que hemos reiterado es que cumplir el Acuerdo es avanzar realmente en las transformaciones que requiere el país.

¿Han hablado con el presidente no solo de estos reparos, sino de su postura frente a la constituyente?

No, no ha sido posible dialogar con el señor presidente. Hemos solicitado públicamente un espacio. Comunes hoy es un partido de Gobierno y los representantes en el Parlamento están comprometidos con las reformas que se han planteado, pero no se ha hecho ningún encuentro de diálogo con el presidente para tratar de entender sus iniciativas.