“Ni un sumario es una sentencia ni una imputación es una condena”. La frase la pronunció solemnemente Alberto Núñez Feijóo en la sede de la Xunta de Galicia el 13 de noviembre de 2014. El Tribunal Superior de Galicia, a propuesta de una juez, acababa de imputar en un sumario por supuesta corrupción a Paula Prado, alto cargo del PP gallego, acusada de amañar un contrato público. Feijóo defendía que la acusación era demasiado preliminar como para actuar contra ella. Estaba reciente el caso del alcalde de Ferrol, el también popular José Manuel Rey Varela, cuya imputación en el mismo sumario acababa de ser levantada. “No creo que se pueda reparar ni que haya una compensación para él tras cinco meses imputado por gravísimos delitos”, lamentaba Feijóo sobre su compañero, lo que le servía para exhortar a políticos y medios a “ser prudentes” y no extraer “conclusiones anticipadas por la mañana y por la tarde”. Meses después, Prado también salió libre de cargos y hoy es secretaria general del PP gallego.

Este Feijóo que ahora exige la dimisión de Pedro Sánchez porque un juzgado ha llamado a declarar como investigada a su esposa, pese a que la Guardia Civil no ha identificado nada delictivo en su actuación, es un Feijóo nuevo. Porque el Feijóo anterior a asumir el liderazgo del PP defendió durante años que una imputación judicial —como se denominaba antes— no es suficiente para justificar el cese de un cargo público. Decenas de declaraciones del ahora jefe de la oposición lo ilustran. En muchos casos el tiempo le dio la razón en su consejo de “ser prudentes” porque las acusaciones quedaron en nada.

No sucedió lo mismo con el alcalde, Ángel Currás, y otros seis concejales del PP que formaban en 2013 el gobierno local de Santiago. Fueron imputados por prevaricación al haber decidido que las arcas públicas costeasen los gastos de defensa de un compañero suyo involucrado en otro caso de corrupción. Feijóo los defendió incluso cuando el asunto llegó a juicio y los siete se sentaron en el banquillo. Solo dimitieron tras su condena en primera instancia, posteriormente anulada por la Audiencia Provincial de A Coruña. Ese año habían estallado varias causas por corruptelas en municipios gallegos en las que fueron imputados alcaldes y concejales del PP y del PSOE. La reacción del entonces líder popular gallego fue siempre apelar a la “presunción de inocencia” que, alegaba, “es perfectamente compatible” con la indagación judicial.

En 2015, Feijóo se encontró con que el presidente de la Diputación y del PP de Ourense, Manuel Baltar, era imputado después de que una mujer lo denunciase por presuntamente ofrecerle un puesto de trabajo a cambio de favores sexuales. Feijóo no se conformó con defender a su dirigente, sino que cargó contra la denunciante porque “quería que Baltar delinquiese y no lo logró”. El caso también quedó en nada.

Al año siguiente, el quebradero de cabeza para el político gallego fue su íntimo amigo Pachi Lucas, con el que había compartido vacaciones y que, según miembros del PP, incluso pernoctaba a veces en la residencia oficial del presidente de la Xunta. Lucas fue imputado como supuesto conseguidor de una trama acusada de apropiarse de subvenciones del Gobierno gallego para cursillos de formación laboral. El Feijóo que ahora exige airado a Sánchez explicaciones por la denuncia contra su mujer, esquivó el asunto de su amigo, pese a que la oposición le preguntó por ello en varias ocasiones en el Parlamento autónomo. Según el dirigente popular, las explicaciones deberían darlas los implicados, tanto los que habían ostentado cargos públicos como “las personas civiles que no los tuvieron”, en referencia a Lucas.

En mayo de 2019, el director general de Energía de la Xunta, Ángel Bernardo Tahoces, destacado militante del PP, fue imputado por supuesta falsedad documental en el expediente para autorizar la apertura de una mina. Feijóo alegó que sería “doblemente injusto” hacer dimitir a una persona porque “la llaman a declarar en un proceso”. “¿Cómo no vamos a confiar en él si llevamos confiando muchos años?”, resaltó.

Un año más tarde, el 4 de agosto de 2020, el político gallego comentó en lo que entonces se llamaba Twitter la marcha de España del rey Juan Carlos, asediado por las acusaciones de corrupción: “La presunción de inocencia es consustancial al Estado de derecho, por eso es muy preocupante que algunos miembros del Gobierno y partidos políticos se esfuercen tanto en erosionar nuestras instituciones cuando su obligación es defenderlas”.

Claro que a lo largo de los años Feijóo ha mostrado otras veces que su rasero puede variar en función del caso y de la situación política. Cuando estaba en la oposición en Galicia, llevó a los tribunales al Gobierno de PSOE y BNG, al que acusaba de prevaricar en la adjudicación de una autovía. Después de que el caso fuese archivado, el ahora líder del PP porfió: “Hay muchos delitos que quedan sin probar”.