En una jornada bastante agitada, los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), por mayoría, declararon que el alto tribunal administrativo sí es competente para investigar las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del actual jefe de Estado, Gustavo Petro.

Un total de ocho magistrados votaron a favor de que el CNE sí es competente para adelantar la investigación, teniendo en cuenta que en el pasado el alto tribunal investigó otras campañas presidenciales con el primer mandatario en ejercicio como fueron las campañas de Juan Manuel Santos y de Iván Duque.

La única magistrada que se apartó de la decisión fue Alba Lucía Velásquez, quien fue nominada por el Pacto Histórico.

Ahora teniendo en cuenta que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes reclama al CNE toda la investigación contra el presidente Petro, advirtiendo que el fuero del presidente es integral y que su juez natural es la Comisión de Acusación, quien tendrá la última palabra es el Consejo de Estado.

Será la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la que finalmente determine si el Consejo Nacional Electoral es competente para investigar tanto a la campaña presidencial como a Gustavo Petro como candidato.

En caso de que finalmente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado determine que el CNE sí es competente para investigar la campaña y a Petro como candidato, el tribunal administrativo pasará a estudiar y decidir el pliego de cargos que formuló en contra de Gustavo Petro.

SEMANA reveló días atrás las principales pruebas que sustentan la ponencia para abrir pliego de cargos contra la campaña presidencial de Petro en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por posible violación de topes.

Lo primero que encontraron los magistrados investigadores, Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, fue que hubo un modus operandi, tanto en primera como en segunda vuelta en la campaña del hoy presidente.

En primera vuelta, el tope era de 28.536.520 millones de pesos, pero fue superado por 3.700 millones de pesos, según los documentos obtenidos por el equipo de investigadores de Prada y Ortiz.

En la segunda vuelta, el tope establecido era de 13.347.457 millones de pesos. En este caso, la campaña habría superado los topes en 1.600 millones de pesos.

En la primera vuelta se encontraron ocho presuntas irregularidades consistentes en que la campaña no reportó en su informe aportes efectuados por donantes como Fecode, el Polo Democrático, la USO, pagos de testigos electores, pagos por transportes aéreos y otro ítem relacionado con la campaña del Pacto Histórico.

Además, en esta primera vuelta hubo tres donaciones de fuente prohibida por provenir de persona jurídica. Es el caso de Fecode, la USO e Ingenial Media.

Aparentemente, hubo un modus operandi de omisión de reporte de ingresos y gastos.

En la segunda vuelta, los investigadores del CNE detectaron que también hubo tres donaciones de fuentes prohibidas cuya procedencia era una persona jurídica. Esto ocurrió con Fecode, USO e Ingenial Media.

Si la ponencia en la que se presentan cargos es aprobada y son hallados responsables, para el candidato, el gerente de la campaña y los dos auditores podrían venir multas entre 1 y el 10 % de los recursos desembolsados. Podría haber una devolución total o parcial de los recursos entregados.

Así mismo, si la ponencia es aprobada, se daría traslado para descargos y pruebas. Luego, vendría una práctica de pruebas, un auto de traslado para alegatos y, si al final son hallados responsables los protagonistas, vendría la radicación de una ponencia de sanción.

En este caso, acompañada de un traslado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que se ocuparía específicamente del presidente Petro, cuyo trámite podría llegar al Senado, donde podría definir, según la ley, si el presidente debe o no abandonar su cargo.

Es así como la decisión de este miércoles del CNE de declararse competente para investigar la campaña presidencial y a Gustavo Petro como candidato toma relevancia y si finalmente la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado toma una posición, la Sala Plena votará si aprueba o no el pliego de cargos contra la campaña presidencial.

Esta decisión del CNE de declararse competente llegó en una jornada maratónica en donde también fueron negadas tres recusaciones a magistrados del tribunal administrativo: Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez.

Uno de los casos más sonados fue el de Prada, quien junto al magistrado Benjamín Ortiz investigó y elaboró el pliego de cargos contra la campaña y el primer mandatario.

Líderes cercanos al petrismo recusaron a Prada porque estimaron que él, como miembro del Partido Centro Democrático y quien había hecho críticas a Petro en su época de congresista, debió declararse impedido para investigar al hoy primer mandatario.

Sin embargo, tal y como estaba previsto, los magistrados negaron la pretensión. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho en 2023, cuando Álvaro Hernán Prada se declaró impedido para investigar la campaña de Petro y no le fue aceptada.

Todas estas recusaciones presentadas en contra de los magistrados podría leerse como una estrategia para intentar frenar la investigación en el CNE para que caduquen los tiempos que tiene el tribunal para investigar la campaña presidencial de Gustavo Petro.