WASHINGTON, D.C. — El presidente Joe Biden presentó el martes sus planes para imponer de inmediato restricciones significativas a los inmigrantes que soliciten asilo en la frontera entre EE.UU. y México, en un intento de la Casa Blanca de neutralizar la inmigración como responsabilidad política de cara a las elecciones de noviembre.

La Casa Blanca detalló la tan esperada proclamación presidencial firmada por Biden, que prohibiría conceder asilo a los migrantes cuando las autoridades estadounidenses consideren que la frontera sur está saturada. El presidente demócrata ha contemplado una acción unilateral durante meses, especialmente tras el colapso de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso que la mayoría de los legisladores republicanos rechazaron a instancias del expresidente Donald Trump, presunto candidato presidencial del Partido Republicano.

“La frontera no es una cuestión política para convertirla en un arma”, dijo Biden, añadiendo que habría preferido una acción más profunda y duradera a través de la legislación, pero que “los republicanos no me dejaron otra opción»”.

En su lugar, dijo que estaba pasando por encima de la obstrucción del Partido Republicano para “hacer lo que pueda por mi cuenta para ocuparme de la frontera», al tiempo que insistió en que «creo que la inmigración siempre ha sido el alma de Estados Unidos”.

“Esta acción ayudará a ganar el control de nuestra frontera, a restaurar el orden en el proceso”, dijo el presidente.

La orden entrará en vigor cuando el número de encuentros fronterizos entre puertos de entrada alcance los 2,500 al día, según altos funcionarios de la administración. Eso significa que la orden de Biden debería entrar en vigor inmediatamente, porque esa cifra es superior a las medias diarias actuales.

Las restricciones estarían en vigor hasta dos semanas después de que el número de encuentros diarios entre puertos de entrada sea igual o inferior a 1,500, según una media de siete días. Estas cifras fueron publicadas el lunes por primera vez por la Associated Press.

Una vez que esta orden entre en vigor, los migrantes que lleguen a la frontera pero no expresen temor a regresar a sus países de origen serán objeto de expulsión inmediata de Estados Unidos, en cuestión de días o incluso de horas. Esos migrantes se enfrentarán a penalizaciones que pueden incluir la prohibición de volver a entrar en Estados Unidos durante cinco años, así como posibles acciones penales.

Mientras tanto, cualquier persona que exprese su temor o intención de solicitar asilo será examinada por un oficial de asilo estadounidense, pero con un nivel de exigencia superior al actual. Si superan el examen, podrán solicitar formas más limitadas de protección humanitaria, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura.

La directiva llega cuando el número de migrantes encontrados en la frontera ha experimentado un descenso constante desde diciembre, pero altos funcionarios de la administración justificaron no obstante la orden argumentando que las cifras siguen siendo demasiado elevadas y que las cifras podrían repuntar con mejor tiempo, cuando tradicionalmente aumenta el número de encuentros.

Sin embargo, sigue habiendo muchas preguntas y complicaciones sobre cómo se aplicaría la nueva directiva de Biden.

Por ejemplo, el gobierno de Biden ya tiene un acuerdo con México por el que este país se compromete a aceptar hasta 30,000 ciudadanos al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela una vez que se les niegue la entrada desde EE.UU., y altos funcionarios del gobierno dicen que eso continuará bajo esta orden. Pero no está claro qué ocurre con los nacionales de otros países a los que se niega la entrada en virtud de la directiva de Biden.

Cuatro altos funcionarios de la administración que insistieron en mantener el anonimato para describir el esfuerzo a los periodistas, reconocieron que el objetivo de la administración de deportar rápidamente a los migrantes se complica por la falta de fondos del Congreso para hacerlo. La administración también se enfrenta a ciertas limitaciones legales cuando se trata de detener a familias migrantes, aunque la administración dijo que seguiría cumpliendo con esas obligaciones.

La autoridad legal a la que se acoge Biden se basa en la Sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite al presidente limitar la entrada de ciertos inmigrantes si se considera “perjudicial” para el interés nacional. Altos funcionarios expresaron su confianza en que podrán aplicar la orden de Biden, a pesar de las amenazas de destacados grupos jurídicos de demandar a la administración por la directiva.

“Tenemos la intención de demandar”, dijo Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles que argumentó con éxito desafíos legales similares bajo Trump. “Una prohibición de asilo es ilegal al igual que cuando Trump lo intentó sin éxito”.

Los altos funcionarios de la administración insistieron en que la propuesta de Biden difiere drásticamente de la de Trump, quien se apoyó en las mismas disposiciones de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que Biden está utilizando, incluida su directiva de 2017 para prohibir la entrada a ciudadanos de naciones de mayoría musulmana y sus esfuerzos en 2018 para tomar medidas drásticas contra el asilo.

La orden de Biden describe varios grupos de migrantes que estarían exentos por razones humanitarias, incluidas las víctimas de la trata de personas, los menores no acompañados y aquellos con emergencias médicas graves.

El martes, Trump dijo en su cuenta de las redes sociales que Biden había “entregado totalmente nuestra frontera sur” y que la orden era «todo un espectáculo» antes de su debate presidencial del 27 de junio.

La directiva también eximirá a los migrantes que lleguen de lo que los altos funcionarios llamaron una manera ordenada, que incluye a las personas que piden citas con los funcionarios de fronteras en los puertos de entrada utilizando la aplicación CBP One de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Cada día se conciertan unas 1,450 citas a través de esta aplicación, que se puso en funcionamiento el año pasado.

A los defensores de los migrantes les preocupa que el plan de Biden no haga sino aumentar el número de migrantes que ya llevan meses esperando una cita a través de la aplicación, especialmente cuando las autoridades de inmigración no disponen de los fondos necesarios.

También podría ser difícil para los funcionarios de fronteras poner en práctica el plan para expulsar rápidamente a los migrantes cuando muchos agentes ya tienen la tarea de ayudar en los refugios y otras tareas humanitarias, dijo Jennie Murray, presidenta del Foro Nacional de Inmigración.

“La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras no puede seguir el ritmo de las aprehensiones tal y como está ahora porque no tiene personal suficiente, así que provocaría más desorden”, dijo.

El promedio diario de detenciones por cruces ilegales desde México se situó por última vez por debajo de 2,500 en enero de 2021, el mes en que Biden asumió el cargo. La última vez que los encuentros fronterizos bajaron de 1,500 al día fue en julio de 2020, en plena pandemia de COVID-19.

Los congresistas republicanos descalificaron la orden de Biden como una mera “maniobra política” destinada a mostrar un endurecimiento de la aplicación de las leyes de inmigración antes de las elecciones.

“Intentó convencer a todos durante todo este tiempo de que no había forma de que pudiera arreglar el desorden”, dijo el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en una rueda de prensa. “Recuerden que él lo diseñó”.

Biden dijo en enero que “ha hecho todo lo que ha podido” para controlar la frontera a través de su autoridad ejecutiva, pero funcionarios de la Casa Blanca destacaron durante meses que el presidente contemplaría la posibilidad de una acción unilateral. Los demócratas señalan que Biden esperó durante meses con la esperanza de obtener legislación en lugar de actuar por su cuenta, lo que puede ser fácilmente anulado por su sucesor.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que la legislación habría sido más eficaz, pero “la intransigencia republicana ha forzado la mano del presidente”.

Traducido por Gisela Orozco para La Voz Chicago