Alimentos: la Cámara Federal confirmó la cautelar de Casanello que ordenó informar el stock y pidió sanciones para Grabois y Gianni
La decisión fue tomada por los jueces MartÃn Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Por mayorÃa tambien libraron oficio al Ministerio de Capital Humano y al Colegio de Abogados para que sancionen a Gianni y a Grabois
La Cámara Federal porteña confirmó de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal Sebastián Casanello que impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega. Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el fallo también ordenó -por mayorÃa- evaluar sanciones para los funcionarios de Sandra Pettovello, encabezados por la funcionaria Leila Gianni, y el abogado Juan Grabois por la escandalosa audiencia que protagonizaron este jueves en los tribunales federales.
La decisión fue tomada por los jueces MartÃn Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico. Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello, sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podÃa desconocer. Gianni le habÃa dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al Gobierno de Javier Milei como manejar la polÃtica alimentaria.
âCorresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacÃa de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución. Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquà se confirma. De no hacerlo de ese modo en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento, su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanÃa, la traición a los postulados del sistema republicanoâ, le escribió el juez Farah.
Pero los cuestionamientos también fueron para Grabois luego de la audiencia de este jueves. âLas partes no contribuyeron en nada para la solución del caso. Todo lo contrarioâ, advirtió. âPusieron en evidencia en los tribunales la misma intolerancia de muchas personas que se ve a diario a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, la falta de intención de arribar a entendimientos y la ausencia de una predisposición común para aportar soluciones eficaces y duraderas para los problemas económicos de los argentinos, que se acentúan desde hace décadasâ.
El juez Irurzun repasó los términos de la causa y resaltó que âno es ésta la oportunidad para discutir la existencia o no del hecho ilÃcito, sino si lo decidido por el juez es proporcional y razonableâ. Sostuvo además que âno es un dato menorâ que el Ministerio de Capital Humano habÃa adjuntado las fotografÃas e informe de stock de los depósitos, luego de que el titular del juzgado contencioso resolviera rechazar la cautelar solicitada -el 15 de mayo pasado- que la fiscalÃa trajo a colación lo allà actuado para reclamar en esta causa una medida de similar naturaleza. âPara entonces, cabe recordar, no se contaba con la información correspondiente a las fechas de vencimiento, las cuales recién se conocieron cuando el Ministerio de Capital Humano respondió el requerimientoâ, sostuvo.
En ese contexto, Irurzun resaltó: âesta sede no interviene para discutir aspectos propios de las acciones colectivas que tramitan en aquél fuero y que tienen como objetivo la continuidad de un sistema de entrega de alimentos por parte del Estado Nacional, sino investigar los hechos ilÃcitos denunciados y adoptar -en base a ellos e incluso desde el inicio de la causa- aquellas medidas que tiendan a evitar la consolidación, continuidad o extensión del daño.
âBajo tal perspectiva, sin desconocer que se tomaron acciones para distribuir los productos cuyo vencimiento está más cerca pero sin perder de vista que aún existen otros productos cuya caducidad se encuentra próxima, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, entiendo que corresponde confirmar la decisión del juez en cuanto solicitó al Ministerio de Capital Humano confeccionar el plan de distribución de ejecución inmediata, encomendándole a su vez que ajuste y reencamine la pesquisa de conformidad con el objeto penal denunciadoâ.
A su turno, el juez Boico afirmó: âmientras se profundizaba la investigación en derredor de cuestiones atinentes a la ejecución presupuestaria, los mecanismos, los procesos, las normativas y el estado de situación de la asistencia hasta entonces brindada por el Estado, se tomó conocimiento de la existencia de importantes cantidades de alimentos almacenados en depósitos del organismo denunciado que parecÃan hallarse ociosos, pese a los múltiples reclamos presentados por las entidades comunitarias a consecuencia de la realidad acuciante que atraviesa un sector importante de la poblaciónâ.
âEsto último fue lo que llevó al juez a receptar parcialmente la pretensión de la fiscalÃa, solicitando con premura al Ministerio de Capital Humano que elaborara un plan de entrega de acuerdo a las caracterÃsticas, fechas de vencimiento y destino de los productos y, como es lógico, se otorgó un plazo acotado, pero razonable, para su cumplimiento. A contrario de lo afirmado, no se le indicó al organismo que procediera a la inmediata entrega de los productos a actores determinados, sino que se le pidió la inmediata presentación de un plan conteniendo el cronograma a ejecutarseâ, afirmó.
Asà el juez le contestó a Gianni. âA cuenta de ello, insisto, no es cierta la vehemente afirmación, incluso desmedidamente adjetivada, de que el Poder Judicial de la Nación estarÃa invadiendo incumbencias exclusivas del Poder Ejecutivo al pretender instrumentar polÃticas de Estado referidas a la distribución alimentaria orientada a colectivos vulnerables. Es justamente lo contrarioâ.
El origen del caso
Se trata de la denuncia que el dirigente social Juan Grabois impulsó en febrero pasado contra el Ministerio de Capital Humano. El dirigente social ya es querellante. El disparador de la denuncia fue la suspensión de la entrega de alimentos en comedores comunitarios ubicados en todo el paÃs, en el marco del âPlan Nacional Argentina contra el Hambreâ. Una denuncia se hizo penalmente, otra causa se abrió en el fuero en lo contencioso administrativo.
Hace tres semanas el medio El Desape, en el marco de un pedido de acceso a la información pública, reveló el stock de los centros de Villa Martelli y Tafi Viejo que rondaban los 5 millones de kilos. El vocero del Gobierno Manuel Adorni admitió ese número en conferencia de prensa, pero desmintió que estuvieran próximos a vencer y subrayó la denuncia hecha por comedores fantasmas.
Fue en el marco que la fiscal Paloma Ochoa pidió medidas: reclamó que los alimentos allà guardados se distribuyeran en los comedores registrados oficiales y el juez dispuso el 27 de mayo que a donde iban los productos era una potestad administrativa del Ejecutivo pero le reclamó que elaborara un plan de distribución de esos productos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, y le pidió un stock de ese almacenamiento. Para ello, en el marco de una medida cautelar, le dio un plazo de 72 horas.
El Gobierno, a través de Leila Gianni, la subsecretaria de legales del Ministerio de Capital Humano, apeló la decisión. Y dio por entendido que su apelación tenÃa efectos suspensivos y no tenÃa que cumplirla. En el Ãnterin, en el juzgado se recibió documentos oficial sobre los stocks y Grabois, en su rol de querellante, difundió que allà habÃa más de 300 mil litros de leche que estaban por vencer en junio.
Lo cierto es que pasaron las 72 horas y Casanello informó a la Cámara Federal que el Gobierno no habÃa cumplido con lo resuelto en su resolución. Para ese momento, el ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello echaba al secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Pablo de la Torre, acusándolo de corrupción.
En ese contexto, el viernes pasado, el juez federal de. Tucumán José Manuel DÃaz Vélez, a pedido del fiscal federal AgustÃn Chit, quien intervino tras una denuncia interpuesta por referentes de organismos sociales, ordenó a GendarmerÃa la inspección del predio de Tafi Viejo. Y a su vez la fiscal Ochoa le pidió lo mismo al juez Casanello frente a âla poca fiabilidad de aquello que resulte informado por un organismo desconcentrado de la administración pública federalâ. El procedimiento en el predio de Villa Martelli se hizo el sábado: buscaban verificar los listados informados por la cartera de Sandra Pettovello.
Según reveló Infobae, âhay una multiplicidad de divergenciasâ entre lo que el gobierno informó y lo que se encontró en el lugar. Esas diferencias están en que falta comida y que los alimentos que estaban vencidos no se encontraban en el lugar.
En ese contexto, tuvo lugar la escandalosa audiencia que protagonizaron Gianni y Grabois en la mañana del martes para discutir la cautelar dictada por Casanello. âKuka ladronaâ y âdejá de extorsionar a los pobresâ fue lo menos que se dijeron. Por escrito, Pettovello defendió la polÃtica alimentaria y negó delito, y el fiscal de Cámara defendió la cautelar. La tarea de decidir le tocó a Irurzun, Farah y Boico, en el primer pronunciamiento que hacen sobre esta causa que puso en la mira al Gobierno.