El juez Juan Carlos Peinado cita a Begoña Gómez el 5 de julio. Aparentemente, todo es normal, en un procedimiento judicial. Por debajo de la apariencia, todo es inquietante. Gómez es la esposa del presidente del Gobierno, y la citación aflora seis días antes de unas elecciones europeas, a las que concurre el partido que lidera su marido.

La citación densifica mediáticamente la sospecha de las acusaciones a Gómez: presunta corrupción en el sector privado, presunto tráfico de influencias. Es decir, no se trata de un mero trámite, sino de un paso significativo. Procesalmente, y por su eventual impacto en el escenario político: las elecciones europeas del domingo y el simultáneo inicio de la investidura a la presidencia de la Generalitat, con la elección de la Mesa del Parlament, el lunes. En infinitos casos judiciales cuyos calendarios puedan solaparse con hitos relevantes de la agenda política, la prudencia cívica de los magistrados les aconseja una pausa, un aplazamiento de las citaciones. Al cabo, cualquier medida que ayude a deslindar los ritmos de la política de la dinámica de la judicatura: por mor de evitar la judicialización de la política, pues también a los togados les interpela el principio romano según el cual la mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo a carta cabal. De modo que en el mejor de los casos este juez resultaría ser un tipo imprudente.

Algunos pensarán que esa clasificación se queda corta. Quizá le consideren, además, vago, porque ha citado a los testigos a los que sí ha concedido el aplazamiento de su comparecencia, en un domingo, mientras está de guardia: cuando uno está de guardia está a lo que está, al levantamiento de un cadáver, a un atentado imprevisible. Y no a otras tareas. Otros quizá destaquen que tiene un interés especial en el caso, ajeno a la independencia de criterio predicable de la Justicia democrática.

Todo esto sería quizá peccata minuta ante otra cuestión esencial. El departamento investigador especializado de la Guardia Civil estableció en un minucioso informe la ausencia total del menor indicio de ilegalidad en el comportamiento de Begoña Gómez. La Benemérita no es el Evangelio, pero ante una conclusión tan exculpatoria, cualquier juez minucioso y sensato inquiriría al instituto sobre los detalles del caso, sondearía sus posibles fallos, verificaría su verosimilitud. No hacerlo podría inducir en algunos la sospecha de que Peinado tiene predeterminada su resolución: que ha sentenciado antes de juzgar. Y de ahí llevarles a construir hipótesis sobre un eventual delito de prevaricación ―dictar resoluciones a sabiendas de que son injustas―, no habría más que un paso, si es que lo hay.

En favor de quien así mal piense trabaja el inaudito desaire de este juez al Tribunal Supremo, al aceptar sin más las acusaciones del grupo corrupto, ultra y chantajista de Manos Libres: tiene establecido el alto tribunal que la mera yuxtaposición de recortes de prensa ―como ocurre con el contenido de la acusación de Manos Limpias— no basta para iniciar un proceso penal. Y menos aún cuando la Audiencia Provincial madrileña ha certificado que la acusación aduce hechos “inverosímiles” y que contiene “datos erróneos”.

A cada paso procesal que se acumula, Peinado parece emparentarse más, escrito sea con la respetuosa venia, a los infames magistrados del caso Dreyfus