Desde el 23 de enero, Leila Gianni es subsecretaria de Legales de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. La abogada de 39 años protagoniza las investigaciones y denuncias penales contra las irregularidades de la actual administración y de la gestión anterior del Frente de Todos, en el área que está a cargo de la política social.

Esta mañana, la funcionaria tuvo una escandalosa discusión en los tribunales de Comodoro Py con el dirigente social Juan Grabois, después de una audiencia judicial en la que se enfrentaron. En la Justicia tuvo otro episodio esta semana. Calificó de “juez militante” a Sebastián Casanello, el magistrado que le ordenó al Gobierno que informe el destino de las toneladas de alimentos acopiados en galpones.

El recorrido de Gianni en la administración pública no conoce fronteras ideológicas. Hasta el año pasado, fue una activa militante del peronismo y de la candidatura presidencial del ex ministro de Economía, Sergio Massa. También estuvo en la gestión de Cambiemos, en un sector que dependía de jefatura de Gabinete.

“No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján a tu lado, futuro Presidente. Fuerza compañero Sergio Massa”, publicó en su cuenta personal durante el año pasado.

Hoy, en la pelea pública en los tribunales, Juan Grabois le recordó con ironía esa trayectoria: “¡Kuka ladrona!”. “Kirchnerista, massista y mileista. No tenés credibilidad y además como abogada sos berreta”, fustigó el referente del Frente Patria Grande. Gianni no se quedó atrás, lo insultó y lo acusó de “sacarle comida a los pobres”.

El rastro del pasado reciente de Gianni fue prácticamente eliminado de sus cuentas de las redes sociales, pero algunas de sus imágenes trascendieron en los últimos días. Se la ve posando con el “Manual de Conducción Política”, de Juan Domingo Perón, entre otras fotos de identidad justicialista. Tuvo un tatuaje de un pingüino, en alusión a Néstor Kirchner, pero después lo terminó sacando.

Gianni fue militante de Aires, la agrupación que tiene como referente al ex ministro de Ambiente Juan Cabandié. Durante la gestión del nieto recuperado, fue nombrada directora de Proyectos Ambientales de la Subsecretaría de Gestión Administrativa en la gestión de Cabandié. Allí sus labores correspondían a funciones de inspección y monitoreo de obras de infraestructura.

Lo cierto es que su incorporación a la burocracia estatal viene de larga data. La funcionaria, que ahora se supo ganar la confianza de la ministra libertaria Sandra Pettovello, está en la administración pública nacional desde 2008. Pasó por la Anses como asesora legal. En 2015, estuvo en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que reportaba a la jefatura de Gabinete de Marcos Peña, donde llegó hasta el final del gobierno macrista, publicó el portal Data Clave.

En noviembre de 2020 fue nombrada Coordinadora de Asuntos Jurídicos en el Centro Internacional para la promoción de los Derechos Humanos, con las firmas de Santiago Cafiero, primer jefe de gabinete de Alberto Fernández, y la ex ministra de Justicia Marcela Losardo.

El rol actual de Gianni es radicalmente diferente. En medio de los conflictos internos en Capital Humano, la funcionaria ganó visibilidad y se lanzó como representante de Pettovello en la polémica por la demora de las entregas de alimentos de la mercadería alojada en los depósitos que tiene la cartera en Villa Martelli y Tucumán.

La subsecretaria encabezó en el último mes la mayoría de las denuncias judiciales en nombre del gobierno de Milei, entre ellas, la presentación que se hizo en marzo de este año por irregularidades en la compra de medicamentos contra la anterior gestión. Fue también quien acusó a más de veinte mil beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habían realizado viajes al l exterior.

Este lunes, le puso la firma a la acusación contra el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, nombrado en la gestión de Pettovello y echado por sospechas de corrupción. De acuerdo a la presentación oficial, De la Torre se quedaba con dólares que se cambiaban al cobrar contratos que la Secretaría hizo con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).