La Cámara de Diputados trata hoy en el recinto modificaciones en el sistema jubilatorio, principalmente en la manera en que se actualiza el valor de los ingresos mensuales. Como no se llegó a un único dictamen sobre el tema, en el orden del día hay cinco proyectos para ser considerados.

Aunque con variaciones, todos los textos coinciden en que la regla básica sea el incremento mensual de los haberes según la variación registrada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informa el Indec. Ese es el criterio que en la práctica ya rige desde abril, por efecto del decreto de necesidad y urgencia 274 del Gobierno de Javier Milei.

La primera iniciativa que será tratada, según el orden del día de la sesión, es la impulsada por diputados de Unión por la Patria. Es la que obtuvo en comisiones el dictamen de mayoría, por tener más votos. Si bien la propuesta inicial del kirchnerismo era volver a la fórmula de movilidad trimestral que había sido impulsada por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y disponer un mecanismo de “anticipos de movilidad” con subas mensuales según la inflación, finalmente se desistió de esa idea y el proyecto contempla, para los reajustes mes a mes, el uso del porcentaje de la suba promedio de precios.

La fórmula del gobierno kirchnerista, considerada compleja y poco transparente (nunca se hizo pública la totalidad de los datos sobre los que se basaron los cálculos) estaba basada en la variación de los salarios y de la recaudación, medida por beneficio, de los impuestos cuyos recursos se destinan a la Anses para el pago de prestaciones sociales. Contemplaba, además, un tope anual para el aumento de las jubilaciones, que fue aplicado en diciembre de 2023 y que perjudicó fuertemente a los jubilados. En 2023, la fórmula arrojó un incremento acumulado de 110,9% (con la aplicación del tope mencionado), mientras que la inflación fue de 211,4%.

El proyecto de Unión por la Patria incluye la posibilidad de que dos veces por año se otorguen, si se dan ciertas condiciones, incrementos adicionales a las subas mensuales que vaya determinando el índice de inflación. Concretamente, se adicionaría en marzo y en septiembre un aumento de un porcentaje equivalente al 50% de la variación que eventualmente haya tenido la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) por sobre el IPC, en el lapso de un semestre. Es decir, si los salarios crecen más que los precios en un período determinado, entonces habría un incremento extra.

Esa cláusula había sido incluida originalmente, en rigor, en el proyecto que impulsan la UCR y Hacemos Coalición Federal, que es el segundo a ser considerado hoy (si no se aprueba el primero). Esta iniciativa también propone continuar con un esquema de reajustes mensuales siguiendo el índice de precios informado por el Indec. Y busca establecer que si en el término de un año el índice salarial Ripte sube por arriba de la inflación, entonces se traslade en marzo a las prestaciones un aumento extraordinario, equivalente al 50% de la diferencia. Por ejemplo, si la suba de precios de un año fuera de 100% y la de salarios, de 110%, las jubilaciones recibirían un 5% en el tercer mes del año siguiente, adicional a las subas por inflación.

Ambos proyectos mencionados agregan dos cláusulas más: una busca establecer que la Anses otorgue, con efecto desde abril (es decir, calculado sobre los haberes de marzo) un incremento “compensatorio, adicional y acumulativo al 12,5%” que fue otorgado por el DNU 274, “a fin de alcanzar el 20,6% de la variación porcentual mensual del IPC” de enero.

Para lograr ese efecto buscado debería hacerse un recálculo de los haberes aplicándoles a los valores de marzo un aumento de 36,4%, en lugar de la suba de 27,4% que fue efectivamente otorgada (sobre los ingresos cobrados en abril, esto representaría un 7,1% adicional).

¿Por qué el Gobierno no consideró la inflación de enero al otorgar los últimos aumentos, pese a la muy fuerte pérdida de poder adquisitivo acumulada de los últimos años? El cambio establecido por DNU implica que para el reajuste de junio rija todavía, formalmente, la fórmula de movilidad vigente desde 2021, y en el cálculo del índice para la suba del sexto mes del año está contemplado lo ocurrido con las variables que integran el cálculo en enero, febrero y marzo. Es decir, el primer mes del año está incluido, según especifica el decreto, en el período de vigencia de la modalidad previa de reajustes, que quedará anulada definitivamente solo a partir de julio. Para el trimestre de abril a junio se dispuso la vigencia de un período de transición o empalme, en el cual rige la movilidad “vieja”, pero en la práctica se otorgan “a cuenta” incrementos mensuales y por inflación, considerando los índices de dos meses atrás (en abril, el IPC de febrero; en mayo, el de marzo, y así sucesivamente).

Las dos iniciativas ya mencionadas, además, buscan que se garantice un monto de haber mínimo, tomando como valor de referencia el de la canasta básica total para un adulto que utiliza el Indec como herramienta estadística para medir la pobreza.

Régimen de transparencia y uso de fondos

Solo en el texto firmado por legisladores radicales y de Hacemos Coalición Federal se incluye un capítulo referido a un “régimen de transparencia”. La propuesta es que todos los años la Secretaría de Seguridad Social (que depende actualmente del Ministerio de Capital Humano) elabore “un informe de sustentabilidad económica, financiera y actuarial de los subregímenes previsionales administrados por la Nación”, que debería elevar a una comisión bicameral del Congreso. El proyecto incluye un listado de los contenidos de ese documento oficial.

También se propone que en el plazo de dos años, contados desde la vigencia de la eventual nueva ley, la Anses esté obligada a generar un informe personalizado con los aportes de cada trabajador, que incluya simulaciones sobre cuáles serían sus haberes en el futuro.

Ese proyecto pretende disponer, además, que se utilice “el producido de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad” que gestiona la Anses para cancelar deudas del Gobierno nacional con las provincias, derivadas del sistema de transferencias para cubrir déficit de cajas no transferidas, y también para cancelar deudas con los jubilados que tienen sentencias a su favor tras haber iniciado juicios contra el Estado.

Ratificación del DNU

El tercero de los dictámenes incluido en el orden del día está firmado por diputados de La Libertad Avanza. Con ese texto solo se busca ratificar el DNU 274. De acuerdo con esa norma del Poder Ejecutivo, en julio quedará definitivamente fuera de juego la fórmula de movilidad de la ley 27.609 y, en reemplazo de esa modalidad de actualizaciones habrá subas mensuales según el el índice de inflación y, además, fijó la vigencia de un período de empalme, extendido entre abril y junio. En ese lapso los haberes ya se ajustan cada mes según la variación de los precios, con el agregado, en abril, de un “incremento extraordinario” de 12,5%.

En ese cuarto me se dio también una recomposición de 13,2%, correspondiente a la inflación de febrero; en mayo el aumento fue de 11,01% (IPC de marzo) y en junio el alza es de 8,83% (IPC de abril). En julio la suba prevista es de igual porcentaje que la variación que hayan registrado los precios en mayo; en agosto se usará el IPC de junio, y así sucesivamente.

Para la transición entre una modalidad y otra se dispuso observar, para junio, de cuánto fue la suba acumulada entre abril y junio según lo establecido en el DNU y de cuánto resulta el aumento de junio según la fórmula anterior. Si el segundo índice hubiera resultado más elevado que el primero, el Gobierno debería otorgar el próximo mes un alza adicional a la correspondiente según la inflación de abril. Tal cosa no ocurrirá, porque los aumentos dados en el trimestre acumularon un 53,9% y de la fórmula legal resultó un índice de 41,48%. Esa comparación ya no se hará más en adelante, sino que fue dispuesta por única vez para el período de empalme.

Más proyectos y evaluación de costos

El proyecto del Pro es el cuarto en el orden del día de la sesión. También ratifica lo establecido por el DNU 274 y agrega un incremento adicional, para lograr que el de carácter extraordinario de 12,5% otorgado en abril se convierta en un 20,6%, replicando la inflación de enero. La idea que había expresado la diputada María Eugenia Vidal semanas atrás era que la diferencia resultante de ese recálculo se abonara en 12 cuotas, para afectar lo menos posible al fisco. En el dictamen se deja a consideración del Poder Ejecutivo la modalidad en que sería otorgada esa recomposición (no se mencionan las cuotas).

Durante el tratamiento que los proyectos tuvieron en las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara Baja, las iniciativas promovidas por las diferentes bancadas fueron analizadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para evaluar su costo fiscal. Luego del informe emitido por esa dependencia y sobre el cual había informado LA NACION, algunas propuestas, como la del kirchnerismo, fueron moderadas.

El proyecto de la UCR supondría, según ese informe, que el régimen previsional general tendría un gasto equivalente al 7,57% del PBI este año, en tanto que implementar el DNU ya vigente implica una erogación del 7,14% del producto, un 0,31% más que el gasto que hubiera significado darle continuidad sin más a la fórmula anterior.

La OPC también evaluó el impacto de afrontar los pagos previsionales según lo que propuso el Frente de Izquierda (FIT), el quinto proyecto dictaminado, y lo ubicó en 21,5% del PBI, 14,36 puntos por arriba del efecto de aplicar el DNU. En este caso, la iniciativa tiene propuestas para amortiguar el impacto, pero aun considerando esas medidas (principalmente subas en los aportes y contribuciones del sistema laboral), el efecto fiscal excedente sería de 7,85 puntos.

Días atrás, al disertar en la convención del Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), el presidente Javier Milei sostuvo que vetará cualquier proyecto que sea aprobado y que rompa el equilibrio fiscal. “Les aviso que cualquier proyecto que manden desde el Congreso, que quiera romper la caja y hacer volar este país por los aires, se los voy a vetar”, dijo el mandatario.

La advertencia llevó a recordar el veto de la expresidenta Cristina Kirchner, que haciendo uso de ese instrumento anuló de manera inmediata en 2010 una ley que había aprobado el Congreso para garantizar que el haber jubilatorio básico no fuera inferior al 82% del salario mínimo. Hoy esa cláusula rige, pero por una ley aprobada en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, y solo ampara a los jubilados y pensionados que obtuvieron su prestación sin haber recurrido a una moratoria por aportes no hechos durante su vida laboral.

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