El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, confirmó este lunes que la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19 fue archivada, por lo cual no se formulará una denuncia constitucional.

En diálogo con RPP, Villena señaló que la pesquisa no obtuvo suficientes “indicios” para probar la comisión del delito de colusión en perjuicio del Estado. “No recuerdo quién presentó la denuncia, pero se han hecho varias diligencias, se han recabado declaraciones y hay varios ministros involucrados, en cada uno de ellos se ha hecho un detalle”, señaló.

“El INS es el que recomienda, eso descarta que hayan sido los investigados quienes se hayan coludido con los representantes de las empresas. Hay otras carpetas [contra Vizcarra] del Covid-19 y su gestión como ministro”, resaltó. En febrero de 2023, el Congreso aprobó el informe que recomendaba acusar constitucionalmente al expresidente por este caso.

Con 102 votos a favor, el documento de la Comisión de Fiscalización, presidida por el diputado Héctor Ventura, también recomendó acusar a las exministras María Antonieta Alva, Elizabeth Hinostroza y Elizabeth Astete por el mismo delito. Según la acusación, Vizcarra y las exministras se reunieron con empresas para concertar la compra de pruebas rápidas, en contra de las políticas de salud que priorizaban las pruebas moleculares.

La exprocuradora Katherine Ampuero calificó como “indignante” la decisión del fiscal de la Nación y señaló que esta decisión ignora “las miles de pérdidas de vidas humanas y las cuantiosas pérdidas económicas que beneficiaron a empresas chinas”, hechos que ella denunció en 2021.

En noviembre del año pasado, Vizcarra afirmó que espera asumir este año el cargo de congresista, para el cual fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021. No pudo asumir dicha posición debido a una inhabilitación impuesta por el Parlamento. El gobernante confió en que el Poder Judicial resolverá “pronto” un recurso que ha presentado para revertir esa medida, la cual fue aprobada por el Congreso anterior (2020-2021) por su presunta vacunación irregular contra la COVID-19.

Sin embargo, el 10 de noviembre de 2020 fue destituido por “incapacidad moral” por el Congreso subsiguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante 10 años por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), los cuales aún están en investigación por la justicia.