La Justicia encontró inconsistencias entre la cantidad y tipo de alimentos que el Gobierno informó tener acopiados en los depósitos oficiales, con lo que encontró cuando inspeccionó esos galpones el fin de semana pasado, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

El juez Sebastián Casanello encontró que hay faltantes entre lo declarado y lo encontrado. Y que existen diferencias en los remitos donde figuran los lugares donde se repartieron los alimentos que no están. Por ejemplo, se informó que hay una entrega efectuada en Pinamar, pero no hay un remito que respalde esa entrega, y por otro lado hay un remito que señala una entrega de alimentos, pero no se corresponde con el lugar adonde fue enviado, explicaron las fuentes.

Los investigadores están tratando de consolidar esta información para poder realizar la trazabilidad de los alimentos desde que fueron comprados hasta que fueron almacenados y luego distribuidos. Por eso el juez Casanello le reiteró hoy al Ministerio de Capital Humano que le envíe los expedientes relacionados con la compra de estos alimentos.

Ya se lo había solicitado la semana pasada, pero el Capital Humano no los envió. Se los volvió a pedir y le dio un plazo de 72 horas, pero ese plazo se venció sin que enviaran nada, por lo que este lunes reiteró el reclamo.

El fundamento del pedido se basa en que cuando el Estado toma una decisión debe estar respaldada por un acto administrativo que la justifique. Por eso, para tener el panorama completo, el juez busca el respaldo de la compra de cada producto, los documentos que certifiquen su acopio y su reparto, de modo de establecer si hay faltantes, como los que están apareciendo.

Según un informe de la División de Investigación contra la Corrupción de la Policía Federal, solo había 18.640 unidades de leche en polvo de un kilo cuando lo informado eran 30.240, y en otro lote hay más que las declaradas. Debía haber 229.034 y hay 11.600 más. No se hallaron los aceites “Costa del Sol”, pero sí encontraron otro producto marca “Alsamar”, sin registrar.

“Aparecen faltantes”, dijo a LA NACION una fuente judicial que está esperando concluir con el relevamiento para tener un panorama completo de las irregularidades.

La novedad se conoce en medio de la pulseada entre el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y el juez Casanello, que ordenó hacer un plan para repartir esos productos, algunos de ellos con una fecha de vencimiento cercana.

El Gobierno, mediante Leila Gianni, la subsecretaria de Legales del ministerio, apeló la decisión del juez Casanello de disponer que se haga un plan de distribución de esa comida, por lo que hoy protagonizó un escandaloso intercambio a los gritos con el denunciante en la causa, Juan Grabois, en los Tribunales.

Antes, Gianni había advertido públicamente que el Gobierno no iba a dejar que jueces o fiscales “militantes” decidieron las políticas públicas, en supuesta alusión a Casanello. En esa puja acerca de si corresponde o no que la justicia ordene realizar un plan de distribución de la comida, que debe resolver ahora la Cámara Federal, el fiscal de Cámara, José Luis Agüero Iturbe, respaldó la posición de Casanello ante el tribunal.

En su escrito, Agüero Iturbe dijo que el juez no está invadiendo un área del Poder Ejecutivo y que no pretende dictar una política pública, sino que está persiguiendo un delito y haciendo cumplir los tratados internacionales que garantizan el derecho de acceder a los alimentos.

“No se trata de elaborar ninguna política pública, sino de garantir el cumplimiento de aquella delineada o a delinear por la propia Administración Nacional en cumplimiento del bloque de constitucionalidad y la ley de seguridad alimentaria”, escribió el fiscal. Y remató: “Ni el rugir de los camiones colmados de alimentos para su entrega deben o pueden solapar lo que realmente acontece en este caso”.

En su dictamen, el fiscal advirtió sobre estas inconsistencias en lo informado por el Gobierno. Señaló que el Gobierno había dicho que en los depósitos había principalmente yerba mate. Explicó que, por el contrario, el 34,6% de mercadería en Villa Martelli, y el 40,7% en Tucumán, no es yerba mate.

Ahora debe decidir la Cámara Federal con la firma de los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Alberto Boico.

Mientras avanza la investigación, el Gobierno está realizando el reparto de la mercadería que vence el mes próximo. Lo dispuso mediante un convenio con la Fundación Conin y la movilización de camiones del Ejército.

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