El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, y el Ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sostuvieron una tensa reunión de trabajo luego de la desactivación del Equipo Especial de la Diviac y la Dirandro, que apoyaban a la Fiscalía Especializada Contra la Corrupción en el Poder y, en medio de dos demandas competenciales ante el Tribunal Constitucional, una del Ministerio Público para proteger sus funciones de investigación y otra del Poder Ejecutivo contra la fiscalía y el Poder Judicial, por el proceso a la presidenta Dina Boluarte.

La reunión se produjo en la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay. Tuvo una duración de dos horas. Además del fiscal de la Nación participaron los fiscales superiores coordinadores de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina; Prevención del Delito, Lorena Villanueva Zúñiga; Anticorrupción, Escarleth Laura Escalante; y el secretario general, Miguel Puente Harada; y la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro, Lourdes Bernardita Téllez Pérez.

El ministro Santiváñez acudió en compañía del director general de la Defensoría de la Policía Nacional, Máximo Ramírez de la Cruz; y el representante de la Dirección de Inteligencia del Mininter, Ismael Arroyo Roca.

Al término de la reunión no hubo una declaración conjunta. El ministro del Interior improvisó una rueda de prensa en los exteriores de la fiscalía en la que habló de diversos temas sobre la reunión, el ministerio y asuntos políticos en general. Afirmó que el tema del Equipo Especial de Policías y la demanda de inconstitucionalidad no fueron tocados en la conversación interinstitucional.

Santiváñez indicó que, para el gobierno, la desactivación del Equipo Especial de Policías ya es un tema superado que corresponde a la anterior gestión en el Ministerio del Interior. Sobre la demanda competencial por la investigación a la presidenta Boluarte, indicó que se busca precisar las facultades del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación a futuro, para investigar a un presidente en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, en materia penal, los efectos de una decisión también pueden ser retroactivos, si son favorables al procesado.

Sobre la situación laboral de Anatoly Bedriñana, ex jefe del gabinete de asesores del prófugo exministro Juan Silva, el ministro del Interior afirmó que se trata de un trabajador con muchos años en la institución, que no tiene procesos judiciales en trámite y que es un testigo especial de la fiscalía.

'El doctor Bedriñana, hoy por hoy, es uno de los testigos más importantes en ese caso. No tengo autorización para profundizar en el tema, pero su categoría va más allá de la de un simple testigo, y los aportes que él ha realizado han contribuido a que el fiscal pueda presentar un caso contra el señor Silva. Esta es la razón por la que no ha sido denunciado ni investigado', enfatizó.

Horas más tarde, la fiscalía emitió una nota de prensa en la que se informó que durante la reunión se propuso la conformación de un equipo de trabajo de alto nivel, para mejorar las coordinaciones interinstitucionales, que podría entrar en funciones dentro de 30 días.

Además, acordaron priorizar la ejecución de jornadas de capacitación en investigación, criminalística, laboratorio forense e inteligencia, con el objetivo de fortalecer la investigación policial y superar la deficiente redacción de las actas policiales, la falta de capacidad operativa policial, defectos en la labor de inteligencia y el seguimiento de objetivos criminales.

El modelo Montesinos

Durante la reunión, el ministro Santiváñez propuso crear fiscalías especializadas en bandas para, dijo, enfrentar la criminalidad y reducir la inseguridad ciudadana en este sector de Lima Metropolitana.

Eso generó desazón y molestia en la fiscalía porque sería retroceder a los años 90 y al modelo Montesinos de control político del Ministerio Público y el Poder Judicial. En el siglo XX operó un sistema de fiscalías y juzgados de bandas, que bajo el control del entonces asesor presidencial y jefe de facto del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, fue utilizado para proteger a los amigos del régimen fujimorista y/o perseguir a políticos y periodistas incómodos.

Tras la caída de la dictadura fujimorista y al liberarse del control político, el Ministerio Público creó y organizó las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado para investigar a las organizaciones del narcotráfico, sicariato, tráfico de armas, trata de personas y otros crímenes, como los mencionados por el ministro Santiváñez. Un subsistema que hoy actúa a nivel nacional, sin interferencia del poder político, y con mucho éxito.