La incertidumbre crece en vísperas de la probable firma este martes de una orden ejecutiva migratoria por el presidente Joe Biden, que autorizaría cerrar la frontera en caso registrarse altos cruces de indocumentados y afectar severamente la política de asilo imperante.

La semana pasada, medios reportaron que, entre las medidas que baraja Biden, está sellar temporalmente la frontera y suspender protecciones de larga data para los solicitantes de asilo en Estados Unidos.

La medida, que desde hace varios meses se baraja en la Casa Blanca, fue mencionada en abril por el propio Biden durante una entrevista exclusiva con Univision Noticias, en la que el mandatario aseguró que estaba “examinando si tengo ese poder o no (para cerrar la frontera).

“Tendría ese poder, según la legislación. Cuando la frontera tiene más de 5,000 personas al día tratando de cruzarla, porque no puedes gestionarla, (podemos) ralentizarla. (Pero) No hay garantía de que tenga todo ese poder por mí mismo sin legislación (el respaldo del Congreso)”, precisó.

El viernes, tras surgir nuevamente la posibilidad de una orden ejecutiva migratoria, la Casa Blanca dijo a Univision Noticias por medio de un correo electrónico que la administración “continúa explorando una serie de opciones políticas y seguimos comprometidos a tomar medidas para abordar nuestro fallido sistema de inmigración”.

Un funcionario agregó que “desde el primer día (20 de enero de 2021, cuando Biden tomó las riendas del poder), la administración siempre ha evaluado qué acciones se podían tomar. No ha habido ninguna decisión final sobre qué acciones ejecutivas adicionales, si corresponde, podrían tomarse”.

En 2017, Trump firmó órdenes ejecutivas que facultaron a su gobierno a implementar políticas para combatir la inmigración indocumentada e incluso afectar la legal. Pero esas medidas fueron desafiadas en los tribunales de justicia que ordenaron revertirlas.

Senado no quiso darle fondos a Biden

La Casa Blanca reconoce que se trata de un recurso de emergencia y responsabilizó a los republicanos de su implementación.

“A los republicanos del Congreso no les importa asegurar la frontera o arreglar el fallido sistema de inmigración de Estados Unidos”, señala la respuesta enviada a Univision Noticias.

“Si lo hubieran hecho, habrían votado a favor de la aplicación de la ley fronteriza más estricta de la historia. En cambio, anteponen la política partidista a la seguridad nacional de nuestro país”, agrega.

En mayo pasado, el líder del Senado Charles Schumer (demócrata por Nueva York) fracasó en un segundo intento de aprobar una ley bipartidista que otorgaba $14,000 millones a Biden para impulsar un plan de emergencia en la frontera con México y detener una crisis que arrancó en 2013 y que se agravó en los últimos tres años, después de la pandemia del covid-19.

Loa fondos iban a ser destinados para la contratación de más de 1,500 miembros adicionales del personal de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 1,200 miembros adicionales del personal de Inmigración y Control de Aduanas, más de 4,300 oficiales de asilo adicionales y 100 jueces de inmigración adicionales, según explicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.

Pero la negativa del Senado dejó a Biden sin opciones legislativas, situación que lo lleva a decidir el uso del poder ejecutivo de que dispone para detener la emergencia en la frontera y con ello disminuir el ataque de los republicanos quienes lo causan de haber desatado una crisis al revertir la política de tolerancia cero del expresidente Donald Trump, un argumento que deja por fuera el debate del respeto al debido proceso migratorio que Biden ha defendido hasta ahora.

Se avizora batalla judicial

Los reportes de una posible orden ejecutiva migratoria de Biden este martes, inquieta a abogados conocedores del tema. “La acción ejecutiva para restringir el ingreso por la frontera haría más difícil calificar para el asilo”, advierte a Univision Noticias Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell y coautor de una importante serie de 22 volúmenes sobre derecho de inmigración.

“La administración también podría poner un límite a la cantidad de personas que pueden solicitar la entrada a Estados Unidos”, agregó. Y señaló que los rumores reportados hasta el momento “sugieren que el presidente Biden utilizará una sección de la ley de inmigración estadounidense conocida como 212(f) como autoridad para las restricciones”, dijo en un correo electrónico.

Yale-Loehr recordó que el expresidente Trump “también intentó utilizar el artículo 212(f) para restringir la entrada a los Estados Unidos, pero fue impugnado ante los tribunales”.

“Los tribunales han dicho que todos los presidentes tienen amplia autoridad en materia de inmigración, porque la inmigración afecta las relaciones exteriores y la soberanía. Pero ese poder no es absoluto”, advierte.

Yale-Loher agrega que “los defensores de los derechos de los inmigrantes demandarán inmediatamente al presidente Biden para intentar impedir que su acción ejecutiva entre en vigor. En última instancia, es posible que la Corte Suprema tenga que decidir cuándo un presidente va demasiado lejos en materia de inmigración”.

El uso de la Sección 212(f) es “polémico”

La Sección 212(f) se trata de una herramienta “polémica”, dice Ángel Leal, un abogado de inmigración y constitucionalista que ejerce en Miami, Florida. “Todo depende de la forma en que el presidente trate de implementarla”, indicó.

Leal dice además que la Sección 212(f), que puede ser utilizada en caso de emergencia nacional, “esta vez prohibiría el asilo a aquellos extranjeros que entrar irregularmente o cruzan ilegalmente la frontera, medida que afectaría el derecho al asilo como se encuentra vigente hoy en día”.

Al ser consultado si una orden ejecutiva de este tipo será desafiada en los tribunales de justicia, Leal dijo que “todo dependerá de la interpretación que de ella haga el poder Ejecutivo y el uso que le dé a esta regulación”.

Indicó además que, si Biden se decanta por esta medida, “pudiera ser una estrategia que, en ausencia de una acción por parte del Congreso, cuando rechazó por segunda vez una ley migratoria bipartidista, el presidente actúa dentro de sus posibilidades administrativas entendiendo que esto pudiera no ser aprobado por los tribunales”.

Leal mencionó, sin embargo, que la probable acción ejecutiva migratoria de Biden pudiera “no entrar en vigor” inmediatamente, basado en los recientes datos de detenciones en la frontera entregados por la Patrulla Fronteriza y que registraron, en mayo, una baja significativa respecto a las detenciones de meses y años anteriores.

Mencionó que otros aspectos que contenga un eventual decreto, tal como otorgar poderes extraordinarios a los agentes fronterizos, pudiera dañar el debido proceso migratorio aprobado por el legislativo.

En los primeros 21 días de mayo, los agentes de la Patrulla Fronteriza registraron un promedio diario de aproximadamente 3,700 detenciones de migrantes entre los puertos de entrada, lo que representó una disminución del 54% con respecto al promedio diario de 8,000 en diciembre.