Hunter Biden, de 54 años, tiene este lunes una cita con su pasado. Su descenso al infierno de alcohol y drogas le dejó cuentas pendientes. Este lunes se convierte en el primer hijo de un presidente de Estados Unidos en el ejercicio de su cargo que se sienta en el banquillo. Será juzgado por tres delitos que conllevan una pena máxima de 25 años. El fiscal le acusa de mentir en dos formularios al decir que estaba libre de adicciones cuando compró un revólver del calibre 38 en octubre de 2018 y de mantenerlo ilegalmente en su poder durante unas semanas. El acusado se ha declarado no culpable. El juicio comienza este lunes en Wilmington (Delaware) en plena resaca por el fallo que declaró el jueves al expresidente Donald Trump de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables.

“Nadie está por encima de la ley”, dijo el viernes el presidente en sus primeras palabras sobre el fallo del jurado contra su antecesor. Tampoco su propio hijo. En un guiño del destino, el edificio donde se celebra el juicio lleva el nombre de J. Caleb Boggs, el senador republicano al que un joven y prometedor político demócrata de 29 años arrebató su escaño en las elecciones de 1972. Ese político, Joe Biden, es el inquilino de la Casa Blanca más de medio siglo después.

Los republicanos han visto desde hace años en su hijo la debilidad del presidente. Aunque sus intentos de vincular a Biden con trapos sucios, comisiones ilegales y tráfico de influencias por los negocios de su hijo han fracasado estrepitosamente (el confidente que le acusó de recibir una mordida está siendo procesado por falso testimonio), el partido de Trump ha politizado una y otra vez los problemas legales de Hunter Biden, imputado también en paralelo por nueve delitos fiscales en un juzgado de California.

El juicio comienza este lunes con la selección del jurado y se espera que dure solo dos semanas. Para el presidente, es un golpe político y personal. Pese al posible coste en las urnas, Joe Biden sigue apoyando a su hijo y mostrándose en público con él de forma constante, incluido este último fin de semana.

Tras años de investigación de un fiscal nombrado por Donald Trump, David Weiss, Hunter Biden admitió inicialmente la compra y posesión ilegal del arma como parte de un pacto con la Fiscalía para ser condenado con penas menores por dos delitos fiscales ya regularizados y archivar el caso del revólver. La Fiscalía renunciaba a perseguir la compra de la pistola a cambio de que se mantuviera alejado de las drogas durante dos años y de que renunciara a tener un arma de fuego en el futuro.

Es un pacto habitual en casos similares en que los acusados se han rehabilitado y no tienen antecedentes penales. El acuerdo, sin embargo, descarriló en el momento en que iba a ser refrendado. La jueza Maryellen Noreika, nombrada por Trump, lo rechazó ante la diferente interpretación del acuerdo entre la acusación y la defensa y las presiones de los republicanos. El fiscal general, Merrick Garland, dio poderes de fiscal especial a Weiss, que finalmente decidió presentar cargos.

Los delitos de los que se acusa a Hunter Biden suman penas máximas de hasta 25 años de cárcel y multas de hasta 750.000 dólares, pero no es habitual que se impongan ni mucho menos penas tan altas en un caso como este. En la primera vista del caso, el juez subrayó su carácter de “penas máximas”: no se puede imponer una superior, pero sí inferior.

Para lograr una condena por los dos cargos relacionados con la compra del revólver, los fiscales deben convencer a los 12 miembros del jurado, más allá de toda duda razonable, de que Hunter Biden hizo a sabiendas una declaración falsa en su formulario de compra de armas y de que la mentira era relevante para que se cerrase la venta. Para el cargo de posesión de armas, deben probar que sabía que era un consumidor ilegal de una sustancia controlada o que era un drogadicto y que poseía un arma de fuego a sabiendas.

Hunter Biden se detuvo el 12 de octubre de 2018 en el StarQuest Shooters & Survival Supply, una tienda de armas de fuego junto a la carretera 202, al norte de Wilmington (Delaware). Más que una tienda, es un arsenal. Sus vitrinas están repletas de pistolas, fusiles y rifles semiautomáticos. El hijo de Joe Biden decidió comprar un revólver Colt Cobra 38SPL, del calibre 38. Para ello, rellenó el impreso 4473, un formulario de varias páginas de letra pequeña. La pregunta 11.e) le pedía contestar a si era consumidor ilegal o adicto a cualquier estimulante, droga narcótica o cualquier otra sustancia controlada. Hunter Biden puso una equis en la casilla del no. Una nota al pie le pedía certificar que sus respuestas fueran “verdaderas, correctas y completas”, le advertía de que tenía prohibido comprar un arma si marcaba el sí en dicha pregunta y de que hacer una declaración falsa al respecto era un delito. Hunter Biden compró el revólver. La pistola acabó 11 días después en un cubo de basura de un supermercado de Greenville, a unos 10 minutos en coche de la armería.

El hijo del presidente reconoció en sus memorias haber luchado contra una adicción al crack en esa época, pero sus abogados sostienen que no infringió la ley y que cualquier otro delincuente no violento y sin antecedentes no habría sido acusado. La defensa de Biden ha afirmado que había completado un periodo de rehabilitación de 11 días y que podía haber creído que estaba limpio cuando marcó la casilla del no en el formulario.

La Fiscalía se plantea llamar como testigos a la exmujer de Hunter Biden y a la viuda de su hermano Beau Biden, con quien luego tuvo una relación, para que declaren sobre su adicción. La defensa tratará de desacreditar las pruebas de la acusación. Curiosamente, como Trump, Hunter Biden sostiene que es objeto de una persecución política. El acusado alegó que había sido “acusado selectivamente con un propósito político impropio” porque es hijo del presidente y candidato en las próximas elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La jueza desestimó ese argumento y rechazó archivar el caso.

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