Luego de tres extensas jornadas de formalización, hoy se conoció la medida cautelar del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien es imputado por varios delitos de corrupción que habrían sido cometidos en el contexto de la pandemia por Covid-19.

A eso de las 9.16, ante la mirada atenta del jefe comunal, la jueza Paulina Moya comenzó la lectura de su resolución. “Este tribunal no toma en cuenta filiaciones ni ideologías políticas para tomar su decisión (…). Nadie debe recibir un trato preferencial y las decisiones judiciales deben basarse únicamente en los hechos del caso, en los antecedentes aportados y en las leyes aplicables sin considerar factores extralegales”, dijo la magistrada en la parte introductoria.

La jueza recordó que esta etapa procesal corresponde a la formalización de cargos y no de juicio oral, por lo tanto, “el estándar de convicción que establece el Artículo 140 del Código Procesal Penal para imponer medidas cautelares más intensas no es el mismo que se requiere para una sentencia condenatoria que exige convicción más allá de toda duda razonable”.

Luego de relatar los antecedentes presentados por la Fiscalía Centro Norte y repasar los argumentos de la defensa, Moya presentó las medidas cautelares. La jueza dijo que las medidas de menor intensidad son “insuficientes para asegurar la finalidad del procedimiento” debido a la cantidad de delitos y las penas que estas tienen. En sentido, considerando que su libertad representa un “peligro para la seguridad de la sociedad”, la jueza decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. El alcalde deberá ingresar al Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

José Muñoz Becerra, quien fuera encargado de ventas de Achifarp entre julio y noviembre del 2020 y luego secretario ejecutivo de la asociación desde noviembre a junio del 2022, quedó con la misma medida de prisión preventiva. El médico Eduardo Sendra, también funcionario de Achifarp, quedó con arresto domiciliario nocturno.

Fue el miércoles cuando la fiscal Giovanna Herrera, de la fiscalía Centro Norte, comenzó su extensa acusación contra el alcalde de Recoleta y contra otros siete imputados en la causa. Los delitos que imputa la persecutora contra el jefe comunal son estafa, administración desleal, cohecho, fraude al fisco y delito concursal.

Algunos de esos presuntos delitos involucran compras de la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), donde Jadue era presidente del directorio, con la empresa proveedora Best Quality. La empresa, acusando que no se pagó la totalidad de los dinero, se querelló contra Jadue por estafa en 2020. Ese fue el punto de partida de la causa. El perjuicio, según la fiscalía, sería de más de mil millones de pesos.

Previamente, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, había pedido que su representado no quedara con medidas cautelares. El plazo investigativo es de 120 días.

El jueves, la fiscal especializada en delitos económicos expuso sobre el presunto fraude al Fisco de Jadue. En ese sentido, dijo que los dineros aprobados por el Concejo Municipal de Recoleta para adquirir Interferón en época de coronavirus fueron para pagar las millonarias deudas de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Lo mismo con la aprobación de platas para comprar glucómetros.

Respecto al cohecho, la autoridad comunal lo habría cometido el 1 de julio de 2020 en una reunión con la empresa Best Quality, en la que le ofreció convertirse en proveedora de la Achifarp, y de próximos proyectos, a cambio de entregar una “bonificación” de productos avaluados en más de $ 20 millones. 

“El imputado Jadue realizó maniobras defraudatorias en su propio municipio”, dijo en las jornadas previas la fiscal. Además, Giovanna Herrera, apuntó a la existencia de un “móvil electoral”.

En la causa, el Ministerio Público acusa también a María Eugenia Chadwick, directora del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta; Eduardo Carmelo Sendra Arratia; director del Centro de Salud de Alta Resolutividad SAR de Recoleta; Raúl Daniel Moraga, exsecretario ejecutivo de Achifarp; José Matías Muñoz Becerra, secretario ejecutivo Achifarp; Álvaro Javier Castro Robles, representante legal de Best Quality SpA, Patricio Esteban Zavala Espinoza y María Constanza Matus Pérez.

En las jornadas previas el tribunal ya decretó las medidas cautelares para varios de ellos: arraigo y firma mensual para Raúl Moraga; firma quincenal, arraigo, prohibición de acercamiento a la municipalidad y a los coimputados. para María E. Chadwick; arraigo nacional para Álvaro Castro; firma mensual y arraigo nacional para María Constanza Matus. En el caso de Patricio Zavala, aún no ha sido formalizado.