EL TIEMPO tuvo acceso al documento en el que el exmandatario enfatiza que cuenta con el respaldo de los expresidentes Felipe González de España y José Mujica de Uruguay, este último, estandarte de la izquierda latinoamericana.

“El 29 de marzo de 2017, en mi condición de jefe de Estado, le transmití el texto completo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, suscrito entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá, también solicité que se diera bienvenida al nuevo Acuerdo y lo enviara al Consejo de Seguridad en el marco de la Resolución 2261 (2016) y de la Resolución 2307 (2016), aprobadas por unanimidad en dicho Consejo, para que se generara un documento oficial que anexara a la Resolución 2261 (2016) el texto completo del Acuerdo Final. Agradezco que así haya ocurrido”, inicia la misiva.

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A renglón seguido, Santos sostiene que “al transmitirle el Acuerdo Final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del Acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del Acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe”, señala el expresidente entre 2010 y 2018.

El nobel de paz indica que lo firmado en La Habana lejos de prever mecanismos extrainstitucionales o de buscar eludir los procedimientos establecidos en la Constitución, “fue ratificado por el Senado de Colombia el 29 de noviembre de 2016 y por la Cámara de Representantes el 30 de noviembre de 2016”.

“En aquellos aspectos cuya implementación exigía cambios constitucionales, se siguió el procedimiento establecido en la Constitución para la adopción de enmiendas en cumplimiento de lo acordado”, dice.

Asimismo, Santos asegura que en ningún aparte del Acuerdo Final se propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. “La Corte Constitucional revisó la compatibilidad con la Constitución, no solo de las leyes que desarrollaron el Acuerdo, sino también de las reformas constitucionales, de conformidad con las reglas y doctrinas constitucionales comúnmente aceptadas en esa materia en Colombia, país que se enorgullece de una tradición más que centenaria de respeto al principio de supremacía constitucional”, subraya.

Dentro de este argumento, aclara que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) fue creada por una reforma constitucional adoptada por el Congreso de la República y revisada por la Corte Constitucional. “Estimo necesario referirme específicamente a este tema, porque el Acuerdo Final consideró esencial que, además de darles verdad a las víctimas, les fuera garantizado su derecho a la justicia, mediante la investigación y sanción de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otros graves delitos expresamente enumerados. Nada en el Acuerdo Final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables”. 

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Y agrega: “Se ha pretendido desconocer la letra y el espíritu del Acuerdo, así como la independencia de la JEP, creada para evitar la impunidad, tratando de imponerle una manera de proceder mediante afirmaciones en el sentido de que “deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal”, “deberá proceder de manera preferente y rápida a aplicar el derecho a la amnistía (…) en los términos previstos en el Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949 (…) deberá tener presente la JEP el principio universal nulla poena sine lege”, afirmaciones que he tomado de la carta que le remitió a usted el presidente Gustavo Petro el 19 de octubre de 2023”.

Según Santos, de acuerdo con lo anterior adquiere mayor importancia la decisión adoptada en 2021 por el Consejo de Seguridad de la ONU “de expandir el mandato de la Misión de Verificación para incluir la tarea de verificar el cumplimiento y aplicación efectiva de las sanciones que imponga la JEP y, así como lo anotó el Consejo de Seguridad en dicha Resolución, “hacer realidad los derechos de las víctimas y consolidar la paz”.

Y cierra de la siguiente manera: “Le ruego comunicarle al Consejo de Seguridad de la ONU esta carta y reiterarle mis infinitos agradecimientos por el apoyo recibido a través de todos estos años (…) En la reunión de julio se debe insistir –una vez más y ojalá con más contundencia– en la necesidad de implementar el Acuerdo de Paz”. 

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ – REDACCIÓN POLÍTICA