Seis minutos faltaban para las 10 de la mañana del lunes 3 cuando la jueza Paulina Moya concluyó su resolución tras tres días de formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC). “No se puede pasar por alto el riesgo que genera su permanencia en el cargo”, señaló la magistrada antes de decretar la prisión preventiva.

La medida fue dictada a poco más de tres años de que uno de los ejecutivos de venta de Best Quality, César Ramírez, se autodenunciara por el delito de cohecho y diera inicio a la investigación en contra del presidente de Achifarp. Esa primera declaración es parte de los hechos que recoge Ramírez en conversación con La Tercera.

Como para tantas otras empresas, la llegada del Covid-19 a fines de 2019 supuso un brusco cambio de giro. Hasta ese entonces, Best Quality se dedicaba a exportar frutas a China, pero la pandemia obligó a sus ejecutivos a tomar un nuevo rumbo: la exportación de implementos médicos a sus clientes en el país asiático. La operación -sin embargo- se truncó rápidamente ante el cierre de los mercados.

Con un abultado stock en bodegas, la empresa de la cual es ejecutivo Ramírez comenzó a buscar compradores de mascarillas, percheras y alcohol gel, entre otros insumos, en el mercado nacional. Fue en esa búsqueda que contactaron a empresas y municipalidades, hasta encontrarse con un negocio por más de mil millones de pesos con la Asociación de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Ramírez explica que los primeros tratos se hicieron con el secretario de la organización, Matías Muñoz, aunque al momento de negociar volúmenes “más grandes se hacía con Daniel Jadue”, rol que el alcalde ha negado durante la investigación judicial. “Él cerraba los negocios grandes, cuando eran ventas de este tamaño, obviamente pasaban por él”, sostiene el ejecutivo de Best Quality, quien agrega que “en varias reuniones que tuve con Muñoz, él tenía línea directa con Jadue, él era mandado por Daniel Jadue”, reiterando que el alcalde de Recoleta “siempre estaba al tanto de todo”.

El acuerdo demoró tres reuniones en consolidarse. En una de esas citas, sostiene Ramírez, “Jadue me pide directamente una bonificación”. ¿A cambio de qué? “Él en principio nos promete ser los principales proveedores de las farmacias populares y en un nuevo negocio de supermercados populares. Para nosotros, como empresa, obviamente era un buen negocio”, responde.

De esas reuniones quedó como registro una foto que fue utilizada por la Fiscalía como prueba de que el delito ocurrió, imagen que fue cuestionada por la defensa del edil. “Nosotros le pedimos la fotografía al alcalde cuando cerramos el negocio. Aquí nadie va a intentar editar una foto con la máxima autoridad de una comuna y además candidato presidencial en aquel entonces”, afirma Ramírez.

Pese a que el negocio se concretó y la “bonificación” se entregó en la sede del Partido Comunista de Recoleta, los recursos comprometidos por más de mil millones nunca llegaron. “Jadue, (Daniel) Moraga y Muñoz empezaron a echarles la culpa a los municipios que no pagaban, ahí nosotros vimos que en realidad estaban faltos de flujo”, sostiene el trabajador de la empresa.

La situación motivó una querella de Best Quality en contra de Jadue por el delito de estafa. En ese proceso, explica Ramírez, entregaron la información al abogado Mario Vargas, momento en el que “le comento al abogado que efectivamente nosotros también le dimos donaciones”, lo que derivó en una autodenuncia al ser advertido por su defensa del delito de cohecho.

Las acciones se realizaron en abril y agosto de 2021 y originaron el caso que hoy tiene a Jadue en prisión preventiva por diversos delitos de corrupción.

La defensa del alcalde, en tanto, se centra en que la empresa fue la que los estafó y que vendió los productos con sobreprecio, acusación que Ramírez desmiente. “Yo no entiendo cómo una persona con el nivel que tiene el alcalde puede decir que nosotros lo estafamos. Él puede cuestionar el precio, pero tenía el poder de anular la compra si es que estaban pagando sobreprecio”, un argumento que fue recogido por la jueza en su dictamen en la formalización.

El no pago de Achifarp generó un gran perjuicio económico a Best Quality, según sostiene Ramírez, quien agrega que “han sido tres años muy difíciles y complicados. Nosotros con Álvaro (Castro) -dueño de la empresa- quedamos muy mal financieramente, porque hay deudas con proveedores en China que hasta ahora estamos pagando. Nos ha costado mucho volver a incorporarnos al mercado”.

En esa línea, el abogado querellante Mario Vargas sostiene que en la audiencia de formalización “quedo acreditado que se defraudó a nuestros clientes en más de $1.200 millones. El alcalde Jadue ha tratado de dar a esta investigación el carácter persecución política, sin embargo, tanto el Ministerio Público y los querellantes entregaron una serie de pruebas que acreditaron todos los delitos por los cuales hoy el alcalde está en prisión preventiva. Esperamos que la Fiscalía termine en el plazo fijado por el tribunal toda la investigación y así poder llevar esta causa a juicio oral lo antes posible”.

¿Qué esperan de este caso? Ramírez asegura que tanto el dueño de Best Quality -imputado en la causa- como él han pagado costos económicos y familiares, así que esperan “un poco de justicia, que se dé el máximo rigor de la ley”.