Mientras el Gobierno negocia contrarreloj con sectores de la oposición dialoguista de cara a la sesión del próximo miércoles, el senador Martín Lousteau presentó este viernes su propio dictamen de minoría de la Ley Bases y el paquete fiscal.

El ambicioso texto impulsado por el presidente de la UCR propone cambios profundos respecto a la versión que quieren aprobar los libertarios. De hecho, en el entorno de Lousteau entienden que las modificaciones negociadas durante las últimas semanas, que le permitieron al oficialismo llevarse el dictamen de mayoría la semana pasada, solo fueron “cosméticas” y tuvieron como objetivo darle una justificación a algunos senadores opositores para votar a favor del proyecto.

En el equipo de Lousteau aseguran que el texto está plagado de “trampitas” para beneficiar a diferentes sectores económicos y por eso lamentaban no haber tenido más tiempo para analizar todo en profundidad. En ese sentido, señalaron que era conveniente aprovechar que el anunciado Pacto de Mayo había quedado desactivado para dar una discusión más pormenorizada en el Senado. “El problema es que algunos quieren que esta ley pase lo más rápido posible y no están pensando en el impacto a futuro”, explicaron a Infobae

Entre sus principales diferencias se destaca la eliminación de las emergencias y, por lo tanto, de las facultades delegadas. Con el voto en contra del senador Pablo Blanco (UCR) y de Martín Lousteau, más los 33 peronistas, la oposición solo debería sumar dos votos más para rechazar ese artículo. Un panorama bastante complejo para la Casa Rosada.

En cuanto a las privatizaciones, el dictamen de Lousteau excluye Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radio y TV Argentina de la lista de empresas que el Gobierno puede vender. En ese sentido, obliga al Poder Ejecutivo a presentar ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones una propuesta para la privatización. Allí se deberá asegurar, por ejemplo, la forma en la que se garantizará la vinculación aerocomercial entre distintos puntos del país.

En el caso de Nucleoeléctrica, el Estado nacional deberá mantener el control de la voluntad social para garantizar la seguridad y el adecuado mantenimiento de las centrales nucleares.

Por otro lado, incorpora la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que ya recibió media sanción en Diputados y que el propio Javier Milei adelantó que vetaría en caso de ser ratificada por el Senado. También se incluye el financiamiento de las universidades que todavía sigue en discusión entre el Gobierno y los rectores. La actualización de las partidas para  gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales se hará de forma bimestral en base a los datos de inflación. También se declara la Educación como servicio esencial.

En cuanto a las obras públicas, que quedaron en el centro de la discusión política luego de que el jefe de Gabinete Guillermo Francos anunciara futuros recortes si se aprobaba la reforma jubilatoria, el dictamen de Lousteau estipula excluir la suspensión o rescisión a los contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutados en un 75% a la fecha de la sanción de la ley, o que cuenten con financiamiento internacional para su concreción.

Otro de los artículos que preocupa al Gobierno dado que podría salir rechazado es el generoso blanqueo de capitales. Sobre este punto, el dictamen de Lousteau estipula que no podrán acceder a este beneficio quienes hayan ingresado a un blanqueo en los últimos diez años y tampoco los procesados por lavado, no residentes o testaferros. Quienes hagan uso del beneficio no podrán luego gozar de las tasas (más favorables) de nuevo régimen de Bienes Personales. Por otro lado, los fondos que ingresen al país por el blanqueo serán coparticipados con las provincias. En este caso, la tasa será de 0% para quienes blanqueen hasta 50.000 dólares, luego sube a 5% para las sumas entre 50.000 y 200.000 dólares, y 10% de 200.000 dólares en adelante.

Curiosamente la reforma laboral no replica la propuesta hecha por el propio bloque radical en Diputados y retoma un proyecto de Lousteau que tiene estado parlamentario en el Senado. En términos generales busca estandarizar la multas para brindar más certidumbre, incorpora diferentes incentivos para la formalización y permite la ultraactividad de los convenios colectivos (que sigan vigentes hasta que se negocie un nuevo convenio) sólo si fueron firmados en el siglo XXI.

Finalmente, el capítulo de Ganancias sumará otro eventual rechazo. El proyecto de Lousteau “sube un escalón” el mínimo imponible para “darle un respiro a la clase media” y busca compensar esa merma de recaudación con una alícuota más alta de Bienes Personales. A su vez, cerca del Presidente de la UCR consideran que la diferencia con los trabajadores patagónicos que el Gobierno concedió para asegurarse más votos es “injusta” ya que las diferencias en la canasta básica de las zonas desfavorables ya se ve contemplada en los salarios, que en promedio son más altos justamente por esta razón.

A pocos días de la sesión, Lousteau evita adelantar cómo votará, aunque sus allegados aclaran que “defenderá su dictamen”. Es decir, el Gobierno probablemente deberá contabilizar otro voto de rechazo o una abstención -en el mejor de los casos- a la hora de la votación en general.