La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, abrió su exposición de pruebas de descargo en el juicio político en su contra aclarando las acusaciones planteadas por la correísta Jhajaira Urresta, de que tendría intereses familiares en el proceso de irrupción en la Embajada de México en Quito.
Sommerfeld está acusada por Urresta por tres motivos: irrupción y allanamiento a la Embajada de México en Ecuador; negativa de conceder el salvoconducto a Jorge Glas, ciudadano con asilo diplomático, y su posterior detención; e impase en las relaciones comerciales con la Federación de Rusia.
En la exposición de pruebas contra Sommerfeld, la legisladora del correísmo abrió algunas aristas distintas a las acusaciones constantes en el proceso, se refirió a la situación de los migrantes y también dijo que la toma de la sede diplomática no fue inocencia sino un lucro familiar de la ministra.
Antes de responder a las tres acusaciones, la canciller Sommerfeld sostuvo que con respecto a intereses de su familia sobre la aerolínea Avianca, no tiene ningún interés. “No tengo ninguna acción, mi familia tampoco, alguien que yo conozca tampoco; de hecho, esto usted lo puede verificar en la página de la Superintendencia de Compañías, ahí hay un certificado que dice certificado de accionistas, si lo bajamos podemos ver quiénes son los accionistas, la familia mía no tiene ni media acción”, replicó.
También se refirió a las afirmaciones de la asambleísta Urresta de que con la irrupción a la embajada se afectó a Aeroméxico porque dejó de operar. La canciller dijo que si hubiese dejado de operar le hubieran retirado las frecuencias que fueron otorgadas por el Ministerio de Transporte, cosa que no ha sucedido porque el comunicado claramente dice que ha suspendido sus operaciones para reanudar el 15 de diciembre. No demos mala información, reclamó.
Dijo que la legisladora Urresta mencionó que tiene una empresa en Panamá, al respecto señaló que se honra decir que durante su vida ha actuado éticamente, correctamente. Esa empresa consta en su declaración patrimonial desde que existe y dejó de estar en su declaración patrimonial cuando decidió ingresar al servicio público.
Finalmente, Sommerfeld indicó que se ha nombrado a su padre algunas veces dentro del proceso; un hombre que ha guiado su vida. ”Un hombre que me ha enseñado a luchar, a crear valor, a invertir en mi país y a creer en mi país, a generar plazas de empleo, a atraer comercio. Todas esas actividades lícitas por demás que han hecho que este país también se desarrolle. Y me honro de ser su hija también”, anotó.
Juicio en contra de Ecuador
Al iniciar su exposición, Gabriela Sommerfeld protestó por la forma irregular en que la Comisión de Fiscalización dio paso a la prueba nueva presentada por la asambleísta solicitante, pues dijo que esa prueba nunca fue anunciada conforme manda el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por lo que se conculcaron el debido proceso y su derecho a la defensa, subrayó.
Sommerfeld afirmó que en el fondo se trata de un juicio en contra del Ecuador, pues ninguna de las acusaciones tiene que ver con el incumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorgan la Constitución y la ley.
Dijo que las acusaciones tienen que ver con actos y hechos ajenos a su cargo y, lo que es más grave, cuestionan y ponen en riesgo la defensa del Ecuador en los juicios ante la Corte Internacional de Justicia. Además, pretende confundir asuntos de política internacional con temas comerciales que deben ser tratados con mucho cuidado y sensibilidad.
Indicó que todas y cada una de las acusaciones fueron desvirtuadas en debida forma, en el escrito de su contestación ante la Comisión de Fiscalización, con las pruebas de descargo, que contienen evidencia legítima, prueba documental, audiovisual y testimonial.
En contraste, dijo, la solicitante del juicio no justifica sus acusaciones. Basta una simple lectura de las mismas para confirmar no solo su impertinencia, sino su falta de fundamento legal y fáctico.
Por lo tanto, afirmó que la solicitud de juicio político carece de motivación y es por sí sola una violación al debido proceso, al derecho a la defensa garantizados por el artículo 76 de la Constitución de la República.
Indicó que el defender las actuaciones del Estado ecuatoriano, colaborar con la defensa en el juicio presentado en contra de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia, como el de Ecuador en contra de México en el mismo foro, no solo son de su obligación y responsabilidad, sino de su entera convicción.
“No comparto ni la forma ni el entendimiento de quienes curiosamente creen que al defender la demanda propuesta por México en contra del Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia, sus indebidas actuaciones, respecto del ciudadano Jorge Glas, se estarían defendiendo los intereses del pueblo ecuatoriano”, anotó la canciller.
Salvoconducto a Jorge Glas
La funcionaria detalló las relaciones diplomáticas con México desde el 17 de diciembre de 2023, en las que la Cancillería dijo que siempre actuó con total transparencia y absoluta buena fe, que ante un requerimiento de la Fiscalía General del Estado se pidió la urgente colaboración de la embajada, a fin de que se invite al ciudadano Jorge Glas a abandonar dicha representación diplomática para que cumpla con la obligación de presentarse ante la fiscal.
También se pidió información relativa a la razón de la presencia del ciudadano Glas en la sede diplomática, donde se hizo conocer que jurídicamente no sería lícito conceder asilo diplomático en virtud del artículo III de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954.
Luego, el 18 de diciembre la Embajada de México informó que se permitió el acceso a la sede diplomática en calidad de huésped, con lo cual impidió que cumpla con lo ordenado por la justicia ecuatoriana, en clara intromisión en el sistema de administración de justicia del Ecuador.
Ante la Comisión de Fiscalización sostuvo que oportunamente hubo reuniones en las que se explicaron las razones por las cuales no sería lícita la concesión del asilo en virtud de las convenciones mencionadas, que establecen claramente que no es lícito conceder asilo a personas condenadas o procesadas por delitos comunes y por tribunales ordinarios competentes.
Sin embargo, el 3 de abril de 2024, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conversación con los medios emitió declaraciones desafortunadas, poniendo en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2023 en el Ecuador y banalizando el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, violentando de esta manera el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Por ese motivo, se declaró persona non grata a la embajadora de México en Ecuador, Raquel Serur Smeke.
Que el 5 de abril de 2024, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció, sin respetar los canales diplomáticos, a través de un comunicado de prensa, que había decido otorgar asilo al ciudadano Jorge Glas, y señaló que “lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto con la solicitud de que concedan el salvoconducto respectivo. Notificación o solicitud que no llegaron a concretarse”.
Respecto de la irrupción y allanamiento de la Embajada de México en Quito y negativa de conceder el salvoconducto a un ciudadano con asilo diplomático y su posterior detención, la funcionaria acusada aclaró que esas son atribuciones exclusivas del presidente de la República y no de la Función Ejecutiva y menos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Gabriela Sommerfeld reiteró que sus actuaciones como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana siempre promovieron el respeto entre los países, las formas propias de las relaciones internacionales, buscando un entendimiento e interlocución pacífica y de buena fe con México.
Aseguró que siempre informó al presidente de la República sobre las gestiones diplomáticas efectuadas desde el 17 de diciembre de 2023 por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el marco del derecho internacional, para resolver la situación generada por la presencia del ciudadano Glas en la Embajada de México en Quito.
Que también informó sobre las violaciones de México de sus obligaciones internacionales, incluyendo el principio de no intervención, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, las convenciones sobre asilo diplomático, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 y la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996, que tienen como finalidad promover la cooperación entre los Estados para prevenir, combatir y sancionar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas.
Ante los legisladores reiteró que el Gobierno de México nunca hizo una solicitud de salvoconducto al Ecuador, por lo que, al no existir la causa mal podía producirse la violación imputada en el juicio político.
Mencionó que la solicitante del juicio anunció como prueba los testimonios de los diplomáticos mexicanos Alicia Bárcena, canciller; Roberto Canseco y Raquel Serur, exembajadora de México en el Ecuador, para sostener sus improcedentes acusaciones. “Estos testimonios que no se han dado, pero la sola anunciación de los mismos en la solicitud de juicio político promueve la injerencia de otro Estado en asuntos internos del Ecuador y vulnera claramente e irrespeta nuestro ordenamiento jurídico, favoreciendo la posición de México frente al Ecuador en los juicios presentados ante la Corte Internacional de Justicia”.
Los argumentos expuestos en la solicitud de enjuiciamiento político, sostuvo Sommerfeld, son “una falta de respeto al Ecuador por no priorizar los intereses nacionales. El planteamiento subjetivo de hechos que no recaen en la competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, ni de mi persona en calidad de ministra, así como la interpretación sesgada de normas, buscan crear una apariencia de incumplimiento de funciones de la canciller, afectando la estabilidad del país”.
Impase con Rusia
En la tercera acusación, referente al impase con la Federación Rusa, referente a la entrega de material militar ruso a Estados Unidos, dijo que no tiene competencia sobre la negociación, adopción o implementación de contratos de adquisición o transferencia de material o equipo militar. Las transacciones de material o equipo militar es competencia exclusiva del Ministerio de Defensa Nacional.
Que el 8 de febrero de 2024, el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Kevin Sullivan, en entrevista con un canal de televisión ecuatoriano, manifestó que el material militar que se intercambiaría con el Ecuador tendría como destino Ucrania.
Al conocer que el material militar de origen soviético tendría como destino final Ucrania, el Gobierno ecuatoriano descartó inmediatamente la posibilidad de un intercambio de dicho material con los Estados Unidos de América.
Migración
A pesar de que no es parte de los cargos imputados en la solicitud de juicio político, la canciller Gabriela Sommerfeld se refirió al tema migración y dijo que el trabajo de la Cancillería y su dedicación a la movilidad humana, como prioridad, no solo permanecen inalterables, sino que han sido fortalecidos.
Respecto de la migración con México, la ministra de Relaciones Exteriores dijo que los ciudadanos ecuatorianos representan la cuarta nacionalidad que transita México, también se encuentra expuesta al delito, como se registra en las cifras relativas a los migrantes víctimas de secuestro y extorsión en territorio mexicano.
En el caso del Ecuador, la cifra consolidada asciende a un total de 98 casos relacionados con secuestros y extorsión en el periodo 2019-2024. De esos casos, casi la tercera parte, es decir, 30 casos, fueron reportados y atendidos en 2024.
Al concluir su exposición, Sommerfeld afirmó que no ha incumplido sus funciones. “He defendido al Ecuador en todo tipo de instancia internacional, ya demostramos en la Corte Internacional de Justicia que el propósito del Ecuador siempre fue defender su Estado de derecho ante constantes provocaciones del Estado mexicano al incumplir varios tratados y convenios internacionales de los cuales ambos países somos signatarios”.
Que ha cumplido sus funciones en el ámbito de las relaciones internacionales, en movilidad humana y cooperación y que seguirá honrando la confianza del presidente de la República, Daniel Noboa.
Que al no haberse demostrado ninguno de los incumplimientos imputados en la solicitud de juicio político, pidió que se archivo el proceso en su contra y que el pleno de la Asamblea Nacional declare posteriormente el correspondiente archivo. (I)
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