Las autoridades de Venezuela han arrestado a 135 personas vinculadas a la campaña del candidato opositor Edmundo González Urrutia, principal rival del presidente Nicolás Maduro en las elecciones del domingo, denunció este viernes la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos.
”Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (…) 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia”, dijo a la agencia AFP su director, Gonzalo Himiob.
”La mayoría de ellas ya han sido excarceladas, algunas de ellas sin ni siquiera haber sido judicializadas, pero 47 siguen en este momento, al día de hoy, privadas de su libertad”, continuó.
Machado, representada en la boleta electoral por González Urrutia después de su inhabilitación política, ha denunciado un escalamiento de la represión contra la campaña opositora, su equipo y sus colaboradores de confianza, seis de los cuales se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
Entre los detenidos han figurado comerciantes y empresarios y las autoridades han clausurado locales que han prestado servicio a los opositores.
La campaña electoral de Venezuela, que comenzó el 4 de julio y finalizó este jueves, ha estado marcada por denuncias de represión y detenciones de opositores, a los que el gobierno acusa de planear desconocer los resultados y buscar la “violencia” para derrocarlo. El Foro Penal cuenta a la fecha 305 “presos políticos” en Venezuela, de los cuales 30 son mujeres.
La sobrepoblación de reos en cárceles de Venezuela fue del 73% el año pasado, cuando se computaron 29.565 presos, pese a que la capacidad de reclusión llega a los 17.088 cupos, que se han reducido como consecuencia del cierre de centros penitenciarios, según un informe presentado este mismo viernes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización no gubernamental indicó que hay 52 cárceles en el país, de las cuales “únicamente 35 estuvieron operativas” el año pasado, cuando, además, el Gobierno “desalojó siete centros” penitenciarios y “materializó traslados de personas privadas de libertad sin considerar aspectos como el hacinamiento”.
En su informe ‘Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario’, señaló que el retardo procesal “ha incidido negativamente en la situación jurídica” de las cárceles, donde hay 10.348 “penados” y 19.217 “procesados”.
“No tenemos una justicia a tiempo, y justicia a destiempo no se puede llamar justicia como tal”, expresó el fundador y director general de la organización, Humberto Prado, en la presentación del informe, realizada de manera virtual. Por otra parte, indicó que, en 2023, hubo un descenso poblacional del 11,9% respecto a 2022, cuando había 33.558, lo que, según explicó Prado, no significa que haya una “mejor” política en materia penitenciaria.
Según la investigación, hay un “uso excesivo de la prisión preventiva” debido a que los calabozos policiales “fungen como cárceles paralelas”, donde “han tenido que improvisar áreas en partes administrativas para meter detenidos”, señaló Prado.
Asimismo, la ONG aseguró que “se mantiene la negativa en considerar la restauración y acondicionamiento a nivel de infraestructura de los espacios desalojados o cerrados”, además de que se llevan a cabo traslados a centros con un “alto índice de hacinamiento”.
En este sentido, insistió en que, durante el año pasado, el hacinamiento “se agudizó a raíz de las intervenciones en los centros penitenciarios”, entre ellos la cárcel de Tocorón, en septiembre, cuando las autoridades aseguran haber desmantelado la organización criminal transnacional conocida como ‘Tren de Aragua’.
“Lo cierto es que el año 2023 evidenció aún más la falta de planificación y efectividad en las políticas y acciones del MPPSP (Ministerio de Servicio Penitenciario) y sus diversos departamentos, sin abordar los problemas específicos de la población reclusa, sino tomando medidas en aspectos superficiales sin abocarse a los problemas de fondo”, aseguró la ONG.
Y agregó, el Estado “sigue sin cumplir con su obligación de proteger, de forma integral, los derechos humanos de las personas privadas de libertad, vulnerando su dignidad y desobedeciendo abiertamente las leyes venezolanas y el derecho internacional”.
(Con información de AFP y EFE)
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