SEMANA revela el documento escrito por la congresista Karen Manrique, según Olmedo López. Probaría quiénes fueron algunos de los congresistas que le vendieron su voto al Gobierno Petro

Aunque todos los salpicados en el gigantesco escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), congresistas, ministros, asesores, altos consejeros, aseguran que son inocentes, las contundentes pruebas que han presentado el exdirector de la entidad, Olmedo López, y el exsubdirector, Sneyder Pinilla, resultan irrebatibles.

Entre ellas, está la considerada “prueba reina”, hasta ahora desconocida, en la que, con su puño y letra, una de las congresistas involucradas hace la lista de los colegas que representa y que pertenecen a la Comisión de Crédito Público. Según López, se trataba de una negociación del Gobierno Petro de compra de votos.

SEMANA obtuvo en exclusiva el documento al que se refiere López. Allí, según el exdirector de la UNGRD, la representante a la Cámara Karen Manrique, de la circunscripción especial de víctimas del conflicto armado, de Arauca, escribió los nombres de cinco de sus colegas y el suyo propio cuando López le pidió que le hiciera la lista de quienes están pendientes de los contratos en Carmen de Bolívar (Bolívar), Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca). Estos sumaban 92.000 millones de pesos.

Se trata de una libreta tamaño media carta, cuadriculada y de color amarillo, en la que se observan dos tipos de letra: la de la representante Manrique, según reveló López, y la de él mismo. Todo sería una negociación en la que los congresistas habrían vendido su voto por contratos.

En el documento se leen perfectamente los nombres de los otros congresistas: Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Juan Pablo Gallo y la propia Karen Manrique. La hoja, en la parte superior, tiene la siguiente anotación: “Integrantes C. Crédito P.”. En referencia a la Comisión de Crédito Público del Congreso. Al lado de algunos congresistas aparece su lugar de origen (Costa, Antioquia, Saravena).

Ellos serían los beneficiados de los contratos. Ahora se sabe que el Gobierno, especialmente el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, necesitaba sus votos con urgencia para garantizar los créditos que requería la nación.

En la hoja cuadriculada, al lado de la letra de Manrique, aparece otra caligrafía. Según López, es la de él. Allí se lee: “Créditos aprobados en diciembre (15), país no se quedará sin energía. Doy fe”. Al lado, para descartar cualquier de duda, estampó su firma.

Hay una tercera anotación, en la misma libreta, en la siguiente hoja. Esta vez quien escribe es el exsubdirector Sneyder Pinilla, y responde a la pregunta de su jefe por los contratos. La respuesta es una confirmación de la corrupción que ahora están confesando.

“1) El Salado, del municipio de Carmen de Bolívar, $11.700. 2) Cotorra, departamento de Córdoba, $46.000. 3) Río Bojabá, en el municipio de Arauca, $34.000. Total: 91.700”, escribió Pinilla, ratificando el acuerdo corrupto que se había realizado a mediados de diciembre con los congresistas a cambio de su voto.

La representante Manrique entró en ocho ocasiones a la UNGRD para reuniones con la Dirección General y directamente con Pinilla. Las fechas de esos ingresos son: 20 de septiembre, 6 de octubre, 3 de noviembre, 20 de noviembre, 21 de noviembre, 14 de diciembre, 22 de enero y 7 de febrero. A varios de esos encuentros asistió en compañía del señor Gustavo González, quien en cada uno de sus ingresos a la entidad ponía el nombre de Manrique como su contacto de emergencia. En otras dos ocasiones él asistió solo a la entidad, reportándose como un enviado de la Cámara de Representantes.

Justamente a los seis congresistas que anotó la representante Manrique les fue abierta una investigación en la Corte Suprema de Justicia. En un primer momento, el caso lo asumió el magistrado Héctor Alarcón, pero esta semana fue reasignado al magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción.

Pero si el acuerdo para enmermelar a los congresistas se había establecido el 15 de diciembre, ¿por qué una de las citas entre López y Manrique se dio hasta el 7 de febrero? La respuesta está en los mismos chats en los que la representante le pidió el encuentro de manera insistente al entonces director de la UNGRD.

López había sido suspendido de su cargo por la Contraloría por un periodo de un mes. Su regreso a la entidad se dio a finales de enero. De inmediato, la representante se puso en contacto con él para pedir una cita. Y con la excusa de una visita con representantes de su región, les hizo seguimiento a los “compromisos”.

Como consta en los pantallazos de chats entre López y Manrique, que fueron aportados por el exdirector de la UNGRD como prueba a la Fiscalía, la congresista, el 30 de enero, lo llamó a las 10:11 a. m. Al no obtener respuesta, le escribió: “Dr. Olmedo, le deseo éxitos y bendiciones en su regreso a la entidad; todo el cariño y respeto, está trabajando por este país que tanto lo necesita”. López no le respondió.

Nuevamente, el 6 de febrero, la representante le insistió: “Dr. Olmedo, buenos días, qué pena la molestia, si por favor nos regala un espacio en su agenda con las comunidades de la mesa de concertación del año pasado”. Al no haber respuesta, lo llamó, pero López no le contestó. Luego, él le devolvió la llamada y acordaron la cita que se dio al siguiente día en la sede de la UNGRD. López aportó otros pantallazos que prueban que la congresista siguió buscándolo insistentemente. El 16 de febrero, a la 1:42 p. m., Manrique le escribió a López: “Doctor Olmedo, espero que se encuentre muy bien. Doctor Olmedo, qué pena la molestia, ¿alguna posibilidad de 5’ en su agenda?, bendiciones”. Como no obtuvo respuesta, le marcó de nuevo el 20 de febrero.

Este acuerdo corrupto que notificó la representante Manrique, como si se tratara de una escritura pública, nació en diciembre y tuvo relevantes protagonistas.

Tal como señaló López en entrevista con SEMANA, había un ‘cónclave’, es decir, un grupo de altos funcionarios del Gobierno que le daba órdenes. De él participan los ministros de Interior, Luis Fernando Velasco; de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el entonces director del Dapre, Carlos Ramón González. Según ha declarado López, tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema, la primera cita fue el 27 de septiembre, a las 8:00 a. m., en la Casa de Nariño.

El asunto sería fácil de comprobar, pues López entregó su ubicación en esa fecha con las fotoceldas de su empresa de telefonía celular. El exministro Velasco, según el relato, dio las primeras puntadas contando cómo iban las negociaciones. Sin ambages, según López, narró cómo estaba entregando contratos a cambio de votos y explicó el mecanismo que en adelante se convertiría en regla, por lo menos en lo que tenía que ver con la UNGRD.

En ese momento, a López le habrían dado la orden de darles contratos a los miembros de la Comisión de Crédito Público para lograr su respaldo. El asunto era apremiante: se necesitaban garantizar los empréstitos de la nación.

Lo prioritario era una inyección de capital, y así fue. El 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda, a cargo de Bonilla, entregó 700.000 millones de pesos por medio de la resolución 3202.

El 14 de diciembre, Bonilla asumió el tema directamente y buscó afanosamente a López. Por intermedio de Pinilla, acordaron una cita para el siguiente día en la mañana. Era tal el afán que también apareció Jaime Ramírez Cobo, el enlace de Velasco y Carlos Ramón González con el Congreso, y hoy mano derecha de Laura Sarabia, con un recado claro que entregó a la secretaria de Olmedo: “Hay que sacar esos contratos de forma urgente”.

El 15 de diciembre de 2023 se reunieron López y Bonilla. En el encuentro estuvo presente la asistente del ministro, María Alejandra Benavides, quien desde entonces es protagonista de esta presunta red de corrupción que saqueó la entidad. Justamente este viernes se supo que el computador de Benavides desapareció del Ministerio. La Fiscalía nunca lo recaudó como elemento de prueba, aunque Bonilla informó que había un backup de la información. Solo unas horas antes, la periodista Diana Saray Giraldo, de Caracol Radio, había alertado sobre la pérdida de dos discos duros pertenecientes a Sandra Ortiz, ex alta consejera presidencial para las regiones e involucrada en el escándalo.

Ese 15 de diciembre, López manifestó su molestia por la forma en que Ramírez Cobo lo buscó, de forma imprudente, a través de su secretaria Carolina Martínez, hablándole de la delicada repartija de contratos. Bonilla le preguntó con cuál congresista se estaban manejando estos temas. La respuesta apuntó a la representante Karen Manrique.

Enseguida se tomaron dos determinaciones. Cobo desaparecía de la operación y el tema sería tratado, según López, con la asistente de Bonilla, es decir, María Alejandra Benavides, por orden del propio ministro. Los diálogos frente al acuerdo corrupto serían, a partir de ese momento, con el representante y presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur.

Olmedo López relacionó a Manzur con el contrato de Cotorra, en Córdoba. SEMANA encontró un hecho relevante y es que el congresista obtuvo 5.000 votos en ese municipio en las pasadas elecciones legislativas, mientras el alcalde, que tenía que tramitar el contrato, obtuvo un poco más de 6.000 votos. Claramente, se trata de un municipio con una influencia política más que marcada de Manzur.

En la UNGRD, López también puso a un doliente, a su subdirector Pinilla, a quien además le hicieron una videollamada que duró apenas tres minutos. Según conoció SEMANA por el testimonio de Pinilla en la Fiscalía, en la llamada su jefe le pidió que se pusiera al frente del tema y le mostró en pantalla al ministro Bonilla, quien, con el dedo pulgar hacia arriba, le ratificó la orden.

El tema avanzó y, entre el 20 y el 26 de diciembre, Pinilla le notificó a su jefe que la asistente Benavides ya había entregado los nombres de funcionarios, alcaldes y contratistas para entregar las obras en los tres municipios.

Los protagonistas del ‘cónclave’ salieron de la escena y Pinilla tuvo que encargarse del trabajo sucio, atendiendo cada requerimiento de alcaldes y contratistas de Saravena, Cotorra y Carmen de Bolívar, como está documentado.

Pero hay un asunto muy delicado en medio de esta trama corrupta, y fue advertido por el mismo López en sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia. Ató cabos e hizo referencia a la libreta; a la representante Manrique, autora del texto, y al municipio de Saravena, departamento de Arauca, de donde es oriunda.

“Veníamos de unos paros en la región de Arauca donde la UNGRD tuvo que participar, donde era clara la influencia guerrillera en ese paro y lo que nos quedaba claro era que las obras en Arauca se hacían si el ELN decía; si no había permiso del ELN no se hacía. Por eso mi temor con la libreta, porque creo que detrás de la libreta hay un grupo armado colombiano, el ELN”, dijo un atemorizado Olmedo López, quien hoy reclama seguridad para que no lo maten.

El exdirector de la UNGRD incluso se atrevió a relacionar el dinero de este contrato millonario para Saravena con el reclamo que hacía el grupo terrorista del ELN de ser financiados por el Estado para dejar de secuestrar.

En este espinoso escándalo tuvieron que pasar más de seis meses para que la Fiscalía empezara a hacer anuncios como compulsa de copias a la Corte Suprema para los aforados y la prometida imputación que realizarán esta semana contra López, Pinilla y el contratista de los carrotanques Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso.

El mismo López ya informó que en la ampliación de los interrogatorios se referirá y presentará pruebas en contra de otra congresista que ha pasado de agache en esta trama judicial. Se trata de Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, de quien están documentados ingresos a la UNGRD y es de la región donde detonó este escándalo de corrupción y a donde fueron enviados miles de millones de la UNGRD: La Guajira.

En este caso estarían de por medio las polémicas reformas a la salud y las pensiones. El 19 de septiembre, la senadora habría ido a la UNGRD en compañía de dos contratistas, Jorge Rizcala Muvdi y su socio Isaac Francisco Rizcala Lozano. Ingresaron de forma simultánea hacia las 10:00 a. m. y se reunieron directamente con López, quien dio detalles de ese encuentro a las autoridades.

Peralta afirmó que se encontró con los contratistas en el ingreso a la UNGRD, pero que fue algo accidental. Al parecer, ella era una asidua visitante de la entidad y volvió a ingresar el 21 de noviembre, y dos meses después, el 22 de enero. En esas dos ocasiones acompañada de un asesor, cuando estaba a días de estallar el escándalo que nació con la irregular compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira, con sobrecostos y direccionado para el contratista pastuso Luis Eduardo López, por un valor superior a los 46.000 millones de pesos.

Esa fue la punta del iceberg. Hoy están comprobadas las inyecciones presupuestales por 1,4 billones de pesos, el año pasado, a la UNGRD y hoy Pinilla y López, quienes se autoincriminaron, están a la espera de un principio de oportunidad y que les sea aprobada su reclusión en un complejo militar. Mientras tanto, las amenazas y los ataques del presidente Petro y su Gobierno contra ellos van en aumento.