la patada al tablero del Estado de Sitio

“El Gobierno debe decretar Estado de Sitio en la región Metropolitana”. A las 08:51 horas, en medio del desayuno, algunos cibernautas se encontraron con esta publicación del senador José Miguel Insulza (PS) en su cuenta de X.

Las horas previas no fueron tranquilas en la capital, ya que se contabilizaron 17 homicidios en diferentes comunas desde el fin de semana. Dos de los hechos más violentos fueron la masacre de cuatro adolescentes en Quilicura y una balacera que dejó cinco muertos en Lampa.

En medio de este dramático escenario, Insulza no fue la única voz socialista que pidió un Estado de Excepción. También lo hizo el senador Juan Luis Castro, quien señaló que “la situación de inseguridad y crimen organizado han superado todos los límites”.

Este reclamo no fue desoído por el presidente Gabriel Boric, aunque por el momento se ve muy difícil que La Moneda decretó una medida de este calibre en la región.

Otro caso particular que pudo observarse fue el del Partido Comunista, que había tenido algunas diferencias con el Ejecutivo durante las últimas semanas. A pesar de mostrarse reacios a la presencia militar, Lautaro Carmona aseguró que la tienda que preside estaba dispuesta a “asumir” si el mandatario lo consideraba necesario.

Sin embargo, parlamentarios del propio PC y del Frente Amplio discreparon de la utilización de esta herramienta, una de las más severas que contempla la Constitución chilena para restringir las libertades de la población.

Analistas políticos evaluaron las distintas posiciones que existen en el oficialismo y cómo podría afectar la crisis de seguridad a los candidatos del Gobierno de cara a las elecciones de octubre.

PS deja en “off side” a la derecha

Según la Carta Magna, el Estado de Sitio puede ser decretado por el Presidente de la República en caso de guerra interna o grave conmoción interior.

Durante un plazo de 15 días, el jefe de Estado tiene la facultad de restringir la libertad de locomoción y el derecho de reunión. Además, las autoridades pueden detener a personas en sus propias casas o en lugares que no están habilitados como cárceles.

Esta es la medida que solicitaron los senadores socialistas José Miguel Insulza y Juan Luis Castro, argumentando que “para poner coto a esto hay que ponernos muy duros. Nuestros números no son lo suficientemente malos que podrían llegar a ser, pero cuando estas cosas se normalizan ya no hay vuelta atrás”.

Tras ello, la directiva del PS no pidió explícitamente el uso de este instrumento, pero afirmó en una declaración que apoyan “todas las medidas que consagra el Estado de derecho”.

Felipe Vergara, analista político de la Universidad Andrés Bello, sostiene que “es válido que los parlamentarios, independiente de la alineación que tengan o no con el Gobierno, planteen un Estado de Excepción. Tienen que reportar a sus respectivos electores, por lo que el senador Insulza tiene ese derecho. Ahora, cuando lo piden los propios, es un llamado de alerta importante para el Gobierno”.

Una opinión similar tiene Mauricio Morales, doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad de Talca, quien indica que el llamado de estos legisladores “demuestra que hay una diferencia importante en el tratamiento de asuntos de seguridad en el propio Gobierno”.

Pero el experto agrega otro componente: el factor estratégico. En jerga futbolística, el Partido Socialista habría dejado “off side” a la derecha, sector que tendría “el monopolio respecto a herramientas como los Estados de Excepción”.

Cabe señalar que la Constitución no sólo establece el Estado de Sitio, sino que cuatro tipos de Estados de Excepción que involucran a las Fuerzas Armadas. Sin especificar cuál, otros parlamentarios oficialistas como Marcos Ilabaca (PS) y Raúl Soto (PPD) también instaron al Ejecutivo a pedir el apoyo de los militares.

Para Axel Callís, analista político y director de Tú Influyes, estas peticiones tienen “un fin más publicitario que constructivo en términos de política pública. La mitad de los asesinatos que ocurrieron el fin de semana fueron en lugares privados. ¿Los militares pueden estar dentro de los 9 millones de hogares que hay en Chile? No”.

PC y La Moneda liman asperezas en plena crisis

Durante las últimas semanas, el Partido Comunista y La Moneda han mostrado más de alguna diferencia. Una de las más reconocidas se dio tras la salida de Juan Andrés Lagos, histórico militante de la tienda, quien asesoraba al subsecretario Manuel Monsalve en materias de contingencia social y política.

Semanas más tarde, Carabineros realizó múltiples allanamientos en la Villa Francia, donde encontró armamento de grueso calibre, municiones y otros elementos. El Gobierno valoró dicho procedimiento, pero algunos integrantes del PC calificaron la acción policial como un “montaje”.

Sin embargo, estas diferencias parecen haber quedado atrás en medio de la crisis de seguridad. El presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, aseveró que “asumirían” si el Gobierno decidía concretar una medida como el Estado de Sitio en la región Metropolitana.

Por otra parte, llamó a los partidos, la CUT, las federaciones estudiantiles, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, el sector privado y la ciudadanía en general a unirse en un acuerdo nacional en materia de seguridad.

Estas hechos fueron recogidos por la vocera Camila Vallejo, quien destacó el apoyo de todos los sectores oficialistas en conversación con T13. Asimismo, explicó que el Ejecutivo no tiene “líneas rojas en materia ideológica” para impulsar medidas que supongan la presencia militar.

Felipe Vergara considera que estos son “buenos gestos del Partido Comunista. Asumo que no lo hace sólo como una confesión al Gobierno, sino también porque están convencidos de esto. Es relevante lo que plantean, porque ellos han sido siempre muy contrarios a los Estados de Excepción, así que acá hay un alineamiento que me parece bueno”.

No obstante, Axel Callís plantea ciertos repartos, ya que “este allanamiento hay que verlo en la práctica y traducido en votos en el Congreso”.

“Que el presidente del Partido Comunista diga una cosa no necesariamente corresponde a todas las voces que están dentro del PC. De hecho, lo que hemos visto durante los últimos dos o tres meses son voces que no necesariamente comparten la línea política de la mesa”, agrega el analista.

Un ejemplo de aquello lo dio el senador Daniel Núñez. El legislador reconoció en entrevista con La Segunda que “hace falta” Guillermo Teillier, expresidente del partido que falleció en agosto de 2023, y que existen “muchas almas” dentro de la fracción.

¿Está el Gobierno en un “zapato chino”?

Otro análisis es cómo afecta esta crisis a los partidos del Gobierno de cara a las elecciones municipales y regionales de octubre.

La Moneda propuso una batería de iniciativas para frenar la violencia en la capital. Algunas de ellas son a corto plazo, como aumentar la dotación policial, mejorar el control migratorio y diversificar las tareas del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Pero las medidas que más repercusión generaron no tendrán efectos inmediatos. Entre ellas, están la construcción de una cárcel de máxima seguridad en algún punto de la región Metropolitana y la creación de una fuerza especial de Gendarmería para tratar con reclusos de alta peligrosidad.

Luis Martínez, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, opina que “el Gobierno está metido en un zapato chino, porque depende del Congreso para la aprobación de ciertas leyes. Si vamos a estar debatiendo tres meses sobre Reglas del Uso de la Fuerza o de cualquier otra materia que el Ejecutivo presente, nos vamos a encontrar en un debate que no favorece al oficialismo”.

Además, sostiene que los candidatos de oposición han tenido “un discurso coherente en materia de seguridad pública, ya que han sido bien fuertes y de una sola posición”.

Por ejemplo, recordó que la alcaldesa de Santiago y candidata a la reelección, Irací Hassler (PC), se opuso de inmediato a la construcción de un recinto penal en su comuna. “Nadie quiere tener una cárcel en su comuna, como nadie quiere tener un vertedero, pero son cuestiones necesarias. Diría que la oposición tiene una ventaja en el discurso”, expone.

En tanto, Mauricio Morales estima que las medidas anunciadas por Gabriel Boric no serían suficientes si no dan resultados en lo inmediato, lo que “podría rebotar negativamente en la aprobación presidencial”.

“Los candidatos a alcaldes y gobernadores regionales del oficialismo saben que cuando la aprobación presidencial es baja, los que terminan pagando los costos electorales con ellos en una elección de medio término. Es razonable que estén preocupados”, comenta.

Finalmente, Axel Callís afirma que “el peor enemigo que tiene el tema de la seguridad es la calculadora electoral. Lo que hay que hacer es despolitizar la discusión. Esto supera a este gobierno, al próximo y a los tres gobiernos que vienen después, por lo que usar la calculadora es el peor negocio y hay gente en el Gobierno que lo está entendiendo así”.