Este miércoles, la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomó varias determinaciones que le permitirán avanzar en el proceso para definir si abre o no una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro y su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, por presunta violación de topes durante la campaña de 2022.

Por un lado, la corporación sometió a votación la solicitud que a mediados de mayo elevó el tridente de congresistas que investiga al jefe de Estado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Acogiendo los argumentos planteados tanto por el presidente Petro como por su defensa, ese triunvirato investigador reclamó la competencia en los procesos y pidió que el CNE envíe a la Comisión los expedientes que actualmente adelanta contra el mandatario y su campaña.

Con ocho votos a favor y solo uno en contra, la Sala Plena del CNE ratificó su competencia para investigar la campaña (solo se abstuvo la magistrada del Pacto Histórico, Alba Lucía Velásquez). Sin embargo, ante la duda de si son competentes o no para abrir una investigación a Petro, los magistrados habrían resuelto elevar una solicitud de revisión a la Sala del Servicio Civil del Consejo de Estado.

Según el triunvirato investigador, aunque el CNE es competente para investigar a los partidos, a los gerentes y candidatos, la competencia exclusiva para investigar al presidente de la República la tiene el Congreso de la República “por ser su juez natural al amparo del fuero constitucional contemplado en el artículo 178 de nuestra Carta Política”.

Ese triunvirato encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien es un petrista de antaño, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).

Por otro lado, en su reunión de sala plena, este miércoles el CNE negó las tres recusaciones que había en curso contra varios magistrados buscando que se apartaran de las investigaciones contra la campaña del hoy mandatario.

Inicialmente, se negó la recusación que congresistas de la bancada del Pacto Histórico interpusieron contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, otrora parlamentario del Centro Democrático, a quien señalaron de tener una supuesta animadversión contra Petro.

Prada, de la mano del magistrado Benjamín Ortiz (Partido Liberal), radicó hace un mes ante la Sala Plena el proyecto de apertura de investigación y formulación de cargos contra Petro y Roa. El documento advierte no solo violación de topes de campaña, sino presunta financiación irregular.

Las otras dos recusaciones pendientes eran contra las magistradas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez Grisales, teniendo en cuenta que serían cercanas políticamente al Pacto Histórico y se configuraría un presunto conflicto de intereses. Sin embargo, ninguna de las tres recusaciones prosperó.

Así las cosas, los tres magistrados podrán votar en la próxima sala plena las ponencias de Prada y Ortiz, quienes indagaron especialmente por las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué, que transportó al presidente Gustavo Petro en campaña a varias regiones del país, junto con quienes en ese momento integraban su equipo y eran candidatos al Congreso.

Se estima que de cada $10.000 que la campaña gastó en servicios de transporte para movilizarse en la primera y segunda vuelta de 2022, al menos $6.500 se los pagaron a la Sociedad Aérea de Ibagué.

Las cuentas en la autoridad electoral, cuyos magistrados son postulados por los partidos y elegidos por el Congreso, son claras. De ocho magistrados, hay al menos tres que son cercanos al Gobierno y votarían en contra de la formulación de cargos: Alba Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico) y Cristian Quiroz (Alianza Verde). Los otros cinco togados podrían inclinarse a la formulación de cargos.

Se trata de Prada y Ortiz –los investigadores, que son del Centro Democrático y el Partido Liberal, respectivamente–, así como César Lorduy –que viene de Cambio Radical–, Maritza Martínez –quien fue congresista de La U y hoy es la presidenta del tribunal–, y el magistrado Alfonso Campo, quien viene de las bases conservadoras.

Por fuera de la ecuación queda Pablo Julio Cruz, de Comunes, que aunque tiene voz, no cuenta con voto para este tipo de determinaciones. Así las cosas, la decisión estaría prácticamente en manos de Lorduy y Martínez.