Este miércoles 5 de junio, la sala plena del Consejo Nacional Electoral negó las recusaciones contra los magistrados Álvaro Hernán Prada, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez porque, según sus contradictores, estaban impedidos para votar el pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Uno de los casos más sonados fue el de Prada, quien junto al magistrado Benjamín Ortiz investigó y elaboró el pliego de cargos contra la campaña y el primer mandatario.

Líderes cercanos al petrismo recusaron a Prada porque estimaron que él, como miembro del Partido Centro Democrático y quien había hecho críticas a Petro en su época de congresista, debió declararse impedido para investigar al hoy primer mandatario.

Sin embargo, tal y como estaba previsto, los magistrados negaron la pretensión. Al fin y al cabo, ya lo habían hecho en 2023, cuando Álvaro Hernán Prada se declaró impedido para investigar la campaña de Petro y no le fue aceptada.

Los togados determinaron que no hay elementos de juicio para considerar que Prada tenga “elementos objetivos suficientes para sostener la existencia de un sentimiento mutuo y recíproco de aversión, repudio o animadversión entre el funcionario encargado de sustanciar la decisión y el señor presidente”.

En el caso de la magistrada Alba Lucía Velásquez, fue recusada por el congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid. Él, en su momento, argumentó que ella no ofrecía las garantías necesarias para tomar la importante decisión que tenía que proferir el CNE en su sala plena.

La magistrada Velásquez -según Cadavid- “tuvo participación directa en la campaña del presidente, tanto así que en las elecciones pasadas hizo parte del equipo observador del preconteo y escrutinio para las listas y aspiraciones del Pacto Histórico, tal como ella misma lo admitió en sus redes sociales”.

Cadavid, además, mostró trinos publicados en la red social X escritos por la hoy togada que pusieron en evidencia su cercanía con Petro: “No va a haber segunda vuelta. Petro será presidente en primera vuelta”.

El caso de la recusación de la magistrada Fabiola Márquez es similar.

El congresista Cadavid aseguró: “Es de público conocimiento y casi que un hecho notorio, que la magistrada pertenece a la coalición de gobierno Pacto Histórico y que, según fuentes informativas, desde mayo del 2023 está analizando estrategias jurídicas que podrían implementar para tener manejo de las investigaciones contra el mandatario”.

En el documento de la recusación de Cadavid se lee: “La cercanía de la magistrada Márquez con el señor Petro Urrego es innegable, trabajó en la Alcaldía de Bogotá como gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, directora encargada de la Unidad Administrativa Especial (UAESP), jefa jurídica de los Bomberos de Bogotá, asesora de la Alcaldía Mayor, directora de Defensa Judicial y de Control de Gestión de Aguas de Bogotá”.

Y también agregó varios trinos de la magistrada como: “Petro presidente en primera vuelta” y “Francia, la vice del cambio”.

Como la Sala Plena negó el impedimento a Álvaro Hernán Prada porque ya lo habían hecho en 2023 y difícilmente podían cambiar de posición, en igualdad de condición no aceptaron las recusaciones a las magistradas cercanas a Gustavo Petro.

Tras resolver estos impedimentos, queda pendiente dirimir el conflicto de competencias administrativas porque, según el CNE, este tribunal puede investigar a Gustavo Petro no como presidente, sino como candidato, tal como lo plantearon en el pliego de cargos, pero la Comisión de Acusación de la Cámara, que investiga al presidente, cree lo contrario.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado debe fijar una posición. Y, posteriormente, la Sala Plena votará si aprueba o no el pliego de cargos contra la campaña presidencial.